En los últimos años, España ha sido escenario de una creciente crisis en torno a los menores extranjeros no acompañados. En 2024, la situación sigue siendo grave y visualiza la incapacidad de los gestores del capital de resolver el drama migratorio. Estos menores, la mayoría de ellos adolescentes provenientes de países como Marruecos, Argelia y varias naciones de África subsahariana, llegan a España huyendo de las consecuencias de la guerra, la miseria y el expolio consecuencia de las dinámicas del sistema imperialista; huyen buscando un futuro mejor, pero se encuentran con un sistema de acogida y protección en el que continúan sin garantizarse derechos básicos y mínimos de bienestar. Los partidos políticos capitalistas, a sabiendas de que toda medida topa con un problema estructural, se limitan a culparse mutuamente por la gestión de los menores, lo que ahonda la situación de desprotección y abandono institucional.
Estos niños y niñas llegan en condiciones extremadamente precarias, muchos de ellos habiendo atravesado rutas migratorias peligrosas y siendo explotados por redes de tráfico de personas. Aunque el sistema de acogida está supuestamente diseñado para protegerlos, los recursos y la infraestructura disponibles están lejos de ser suficientes para hacer frente al número creciente de llegadas. En muchas ocasiones, los centros de acogida están saturados, y los menores son sometidos a condiciones de hacinamiento, sin acceso adecuado a la educación, salud o atención psicológica. Esto ha sido denunciado por diversas organizaciones como Save the Children, Amnistía Internacional y también por asociaciones y movimientos que luchan por los derechos de las personas migrantes.
Una de las características más llamativas de la gestión de la crisis de los menores extranjeros no acompañados en España, como se decía, es la falta de consenso en la toma de decisiones y la desidia de los partidos políticos. Durante el mes pasado, llegaron 36 nuevas embarcaciones con migrantes a Canarias, 2.083 personas que se sumaban a las más de 45.000 durante todo el 2024. Actualmente Canarias acoge a casi 6.000 menores. Para aliviar la «presión migratoria», Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias, ha insistido en la necesidad de llegar a acuerdos para un reparto de estos menores entre las distintas comunidades. Sin embargo, los conflictos e intereses institucionales y electoralistas entre el PSOE y el PP mantienen la situación bloqueada.
El enfoque en torno a la cuestión de la migración, sin embargo, no se diferencia en lo esencial entre los diversos partidos parlamentarios. Todos coinciden en considerar a los migrantes, incluyendo a los menores, como sujetos carentes de derechos, mercancía «utilizable» o «problemática» para el «correcto» devenir de la sociedad burguesa. Las diferencias son de matiz, de perspectiva, de cuál es el mecanismo de gestión que garantiza un mejor funcionamiento del capitalismo y, a la vez, colma las expectativas partidistas.
El ala derecha del capital el acento lo pone en la vertiente securitaria y punitiva, en los riesgos que las masas migrantes pauperizadas pueden generar en el «orden» social. Los migrantes sirven además de otredad para el refuerzo de la narrativa nacionalista y xenófoba, aglutinante de una falsa comunidad de intereses coincidente con el principal espacio de acumulación y protección de los capitalistas. Esta retórica se hiperboliza en el puente del PP a Vox que, con el viento de cola de la victoria de Trump y del avance general de la reacción en Europa, hace de la antiimgración el cebo de su apuesta programática por un cierre económico nacionalista frente a libre circulación del «globalismo».
Por otro lado, el PSOE, Sumar y todo el espectro socialdemócrata muestran una actitud más paternalista pero, precisamente por ello, igual de instrumental. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, ha sido incapaz de encontrar un acuerdo entre las diferentes administraciones autonómicas y locales para garantizar el reparto y la acogida adecuada de los menores. En el caso de la socialdemocracia, la retórica xenófoba es sustituida por una suerte de humanismo civilizador que sirve de pátina a una propuesta de gestión de la inmigración igual de pragmática, en el sentido de que sus márgenes de actuación se mueven en la misma tensión entre la «utilidad» de la inmigración para la asunción de determinados empleos y el problema de «orden» y «gasto» que supone su permanencia.
En el fondo, los principales representantes de la burguesía, tanto en el ala derecha como en el ala izquierda, comparten el marco de gestión establecido por la UE, marco que se caracteriza por una creciente utilización flexible, es decir, a conveniencia, de la inmigración, incluyendo a los menores. La desidia política no fue tal cuando se trataba de la integración de la inmigración ucraniana, dado el consenso generalizado de las fuerzas políticas parlamentarias en su política de guerra en el este europeo. En este sentido, la falta de un enfoque y plan coherente para resolver la situación de los MENA es una manifestación, en primer lugar, de la falta de interés y de una concepción que posibilita jugar con los menores y los migrantes en general según cálculos políticos y, en segundo lugar, de la incapacidad para transformar las estructuras económicas y sociales que perpetúan las desigualdades globales.
En consecuencia, el análisis comunista sostiene que los problemas derivados de la cuestión migratoria, entre ellos la falta de medios y entorno adecuado para el desarrollo y aprendizaje de los menores procedentes de otros países, no puede resolverse plenamente dentro del marco capitalista actual, pues las olas migratorias son consustanciales al propio sistema imperialista. Las posibilidades de transformación deben comenzar por la construcción de un tejido social, clasista, que no exija el cumplimiento de los requisitos funcionales al orden capitalista para ser considerado un igual. La unidad de clase, correlato de una verdadera comunidad de intereses entre los que vivimos condicionados por la necesidad de vender nuestra fuerza de trabajo, debe estructurarse, organizarse, siendo ese el principal mecanismo «integrador», el que integra en el combate contra el enemigo común y la generación de nuevas formas solidarias de relacionarse. Ese tejido debe, además, continuar denunciando la represión, la pasividad y el cinismo de los partidos políticos, demandando que todos los migrantes, y entre ellos con especial urgencia los menores, sean tratados como sujetos de derechos, con recursos y medios adecuados, y no como si su existencia fuera el problema a resolver.