Y el Perro lo volvió a hacer. Cuando Feijoo ya se veía ocupando la Moncloa, tras las victorias populares en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, el adelanto de las generales pilló a los conservadores con el pie cambiado tras haber rubricado varios acuerdos de Gobiernos autonómicos con Vox. Sánchez se presentaba a las generales del 23 de julio de 2023 como el principal paladín en la lucha contra el fascismo. La victoria pírrica del PP, incapaz de formar una mayoría parlamentaria por los vetos cruzados entre Vox por un lado y el PNV y Junts por el otro, conllevó varios meses de bloqueo parlamentario hasta que finalmente Sánchez consiguió los votos de los exconvergentes a cambio de la propuesta de la amnistía. Un 21 de noviembre Pedro Sánchez volvía a ser elegido presidente con los votos de la mayoría absoluta de diputados del Congreso: la democracia había vencido al fascismo, se inauguraba otra era de reformas sociales avaladas por una mayoría progresista. Sin embargo, la historia no ha sido así. Hagamos un pequeño balance de este año de Gobierno de «coalición progresista».
La debilidad parlamentaria de un Gobierno en minoría, apoyado por la heterogénea y contradictoria «mayoría de la investidura», ha llevado a que en este año se hayan aprobado más bien pocas iniciativas legislativas. Es más, el Gobierno ha perdido treinta y cinco votaciones en lo que va de legislatura. Pero si de una ley se ha hablado es de la Ley de Amnistía. Esta, moneda de cambio del PSOE para conformar Gobierno, ha sido un paso más en la solución pactada a la confrontación interburguesa abierta con el inicio del procés. A pesar de los llamamientos a defender la patria que amplios sectores de la derecha y la extrema derecha plantearon como respuesta a la amnistía, lo cierto es que esta redunda en situar dentro del marco legal y de la lógica del pacto la permanente negociación del poder central con los representantes políticos de la mediana y pequeña burguesía catalana, reincorporándolos a la gobernabilidad y gestión de aparato estatal español, al menos temporalmente. Los ejercicios prestidigitadores de Puigdemont, con su aparición y posterior desaparición en el mitin del Arco del Triunfo ante la investidura de Illa, quedan reducidos a una lamentable perfomance en su competición con Esquerra Republicana. Los movimientos del juez Llarena para evitar la aplicación plena de la ley demuestran, una vez más, que la tan cacareada separación de poderes es poco menos que una farsa en un Estado que es en definitiva el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.
Esa convivencia entre el poder económico y sus representantes políticos tiene, en no pocas ocasiones, en la corrupción su otra cara. Este año hemos observado cómo el caso Koldo se convertía en el caso Ábalos y este se atrincheraba en el grupo mixto del Congreso de los Diputados tras su «vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado» para mantener el aforamiento. Por lo que sabemos, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto pagaban a Koldo García y Ábalos para conseguir contratos de mascarillas con distintos ministerios y administraciones en plena crisis del Covid. El caso, no exento de cierto carácter tragicómico, resume bien el modus operandi de unos empresarios y comisionistas que han hecho su fortuna en función de su relación con los poderes públicos.
El año se ha dado en un contexto económico de crecimiento y continuidad en la reducción de las cifras oficiales de desempleo, que no se traducen en mejoras significativas de la situación de nuestra clase, por ejemplo en materia de vivienda o poder adquisitivo, sino al contrario. La incapacidad del Gobierno de dar una solución al problema de la vivienda se debe a la asunción por parte del conjunto de partidos de la gestión capitalista de la máxima expresada por Ábalos cuando era ministro: «la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado».
En este marco de medidas impopulares para su electorado (amnistía), casos de corrupción y de una evidente inacción para sacar medidas que detengan el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera (precio de la vivienda), el PSOE tenía amplias dificultades para enfrentarse a un calendario electoral cargado (elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, elecciones europeas y autonómicas en Cataluña). Sin embargo, los resultados del PSOE sólo han sido claramente malos en las elecciones gallegas, donde es tercera fuerza y el PP mantiene la mayoría absoluta. ¿A qué se debe esto? Las tendencias autodestructivas del espacio a la izquierda del PSOE (no olvidemos el sorpasso del PACMA a Podemos en las elecciones gallegas o la superación de Alvise tanto a Sumar como a Podemos en las europeas) tienen mucho que decir al respecto, pero sobre todo es la capacidad que todavía tiene Sánchez de presentarse, una y otra vez, como el principal dique contra la reacción.
Sin embargo, el mismo Pedro Sánchez que escribe de su puño y letra que es un hombre profundamente enamorado de su mujer y que se está enfrentando a «una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España (…) y que están dispuestos a esparcir fango con tal de (…) valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político» ha sido el principal hacedor del acuerdo sobre migración y asilo de la UE junto con la presidenta italiana Giorgia Meloini. El mismo que acaba de aceptar el voto en la Comisión Europea a los comisarios propuestos por los Gobiernos reaccionarios de Italia y Hungría.
Esas contradicciones entre hechos y palabras han sido convertidas en meme con el «you have been PSOEd». Una sencilla frase en inglés que nos recuerda quién ha sido siempre el Partido Socialista, y más cuando se encuentra en el Gobierno. Si no hay un adelanto electoral, cosa que nunca puede asegurarse con el impredecible Perro, nos intentarán psoeizar de nuevo con la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales u otras medidas cosméticas. Hacer balance nos sirve para no olvidar qué es lo que realmente ha hecho nuestro Gobierno de coalición progresista.