El 31 de julio, el Gobierno llegó a un nuevo acuerdo con las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y con las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Este acuerdo, el denominado cuarto acuerdo de pensiones, lleva por larguísimo título «Acuerdo social para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, para la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la pensión de las actividades con elevada peligrosidad y para el mayor aprovechamiento de los recursos de las mutuas con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras».
Con respecto a este acuerdo debemos decir que introduce algún aspecto positivo, tímidas e insuficientes mejoras que no obstante es justo mencionar. La recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 a efectos de acreditar periodos de cotización para los contratos fijos-discontinuos y los cambios en las condiciones del contrato relevo son dos de ellas. En cuanto al nuevo reglamento de jubilación anticipada por trabajos penosos, queda pendiente de la creación de un grupo de trabajo.
Por otro lado, los aspectos negativos, estos sí, de cierto calado, también están presentes en el acuerdo. Las mutuas patronales incrementan su capacidad de presionar en relación con las bajas por incapacidad temporal. Por un lado, en línea con lo comprometido por los mismos firmantes en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2023, en el Decreto Ley se dará cobertura al impulso para el aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas en los procesos traumatológicos, acelerando diagnósticos y tratamientos.
Además, se ha acordado un modelo de convenio para suscribir con el INSS, los servicios de salud públicos de las Comunidades Autónomas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, para que estas puedan contribuir, previo consentimiento informado del paciente, a acelerar los procesos de recuperación en determinadas patologías traumatológicas.
Salvando la cuestión de la capacidad de decisión voluntaria que pueda mantener un trabajador o trabajadora en esa situación, es preocupante ver cómo las mutuas empresariales adquieren cada vez más nicho de negocio en lugar de apostarse por la mejora y el desarrollo de los sistemas públicos de salud.
Pero en el apartado de lo negativo destaca la prolongación y desregulación de la edad de jubilación. Esta vez no estamos como en 2011, cuando se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero sí ante medidas que van directas, mediante incentivos, a esa prolongación efectiva de la actividad laboral.
Se amplían los supuestos de la jubilación parcial, se incrementa con carácter semestral el 2 % de la pensión demorada y se eliminan algunos requisitos para el acceso a la jubilación activa y el reconocimiento de la compatibilidad de esta con los incentivos de la jubilación demorada. Todo ello en un intento permanente y sostenido de aumentar la edad efectiva de jubilación al del final vital de la persona.
Hasta aquí hemos intentado desgranar los puntos fundamentales de este acuerdo, del que podríamos concluir que incluye tímidas mejoras, pero facilita e incentiva la continuidad de la vida laboral después de la edad ordinaria de jubilación, a la vez que las mutuas ven incrementado su papel, algo que la palabra voluntariedad no mitiga.
Pero cometeríamos un error si nos quedáramos ahí; no se trata de un acuerdo aislado, no podemos quedarnos en su redactado al margen de los acuerdos anteriores que fuerzan un marco de continua reforma de las pensiones, y que desgraciadamente han ido contando con el acuerdo de las mayorías sindicales. Debemos salir del análisis de un fotograma para enfrentar la realidad de la película que se está proyectando.
Cautivos del mal menor, CCOO y UGT, en su incesante carrera por darle agua a un Gobierno con demasiados encajes para el mantenimiento de su estabilidad, siguen dejando para un futuro que terminará por no llegar las derogaciones necesarias para retrotraernos a antes del 2011, al menos en la cuestión de la edad general de jubilación. Recordemos aquí las no derogaciones de la reforma laboral.
Aquí debemos decir con claridad que los nuevos acuerdos que no nos retrotraen a posiciones más favorables o en todo caso a posiciones de avance hacia la consolidación y garantía de unas pensiones dignas tras toda una vida laboral, que no puede acabar coincidiendo con la situación de vulnerabilidad y falta de autonomía de la persona, no son buenos acuerdos.
Y, desgraciadamente, con este acuerdo no se produce un cambio en el paradigma: seguimos transitando el mismo modelo que, a paso grande y a paso pequeño, nos va acercando al ideal que el capital tiene teorizado sobre qué papel han de jugar las pensiones y cómo han de ser estas.
Ideológicamente, han ido calando los argumentos del capital basados en conceptos de sostenibilidad, arrinconando el concepto de derecho a una jubilación digna. El Capital tiene fundamentalmente dos fuertes intereses principales en esta pelea ideológica para ir a la desregulación del modelo de pensiones: por un lado, las cotizaciones, que no dejan de ser un recorte de salario diferido, lo que aumenta las plusvalías; por otro, el enorme nicho de mercado que supone un negocio billonario como el de los planes privados de pensiones.
Por parte de los trabajadores y trabajadoras también tenemos fuertes intereses en esta lucha, pero debemos hacerlos valer exigiendo con claridad la reducción de la edad de jubilación, que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, potenciar el sistema público de salud, la reducción de la jornada laboral y el pleno empleo.
Pero para hacer valer nuestras razones debemos reforzar al Partido Comunista a la vez que llenar a los sindicatos de clase con más afiliación, militancia y compromiso de muchos más trabajadores y trabajadoras para garantizar que su discurso sea nítidamente el discurso de los intereses de la clase obrera.
Para que ningún acuerdo nos aleje de nuestros derechos se nos tiene que oír.