El pasado 25 de junio, los principales diarios de Murcia abrían sus portadas con la noticia de que la Policía Nacional había identificado a 43 migrantes en los campos de las localidades murcianas de Lorca y Alhama de Murcia por estar trabajando sin autorización administrativa. La noticia continuaba señalando que eran los empresarios agrícolas los que captaban a los migrantes en situación administrativa ilegal (sin papeles) a cambio de sueldos irrisorios y jornadas interminables, para sorpresa de nadie.
Lo más arriba descrito podría parecer un hecho aislado, pero no es así. Se trata de un fenómeno generalizado en diferentes zonas agrícolas del sur peninsular. El ejemplo más claro y conocido es el de las temporeras en Huelva, que son sometidas a regímenes de semiesclavitud, y que, al igual que otras trabajadoras migrantes del sector de los cuidados, no sólo sufrían la explotación laboral más recrudecida, sino que son trabajadoras sometidas al acoso y las agresiones sexuales de forma sistemática.
Podríamos continuar hablando de las brutalidades y violencias ejercidas por la patronal que en ocasiones recogen los medios de comunicación. Otras veces, estas situaciones quedan impunes porque no hay pruebas y las voces de los migrantes son apagadas desde diferentes instancias. Muchos de estos casos no se denuncian y los que se denuncian son puestos en duda en dependencias policiales o en el cuartel de la Guardia Civil. De hecho, cuando una persona migrante sin papeles acude a una comisaría, sale de la misma con una orden de expulsión por orden directa del Ministerio de Interior.
Mientras la patronal se frota las manos, los migrantes sufren todo tipo de vulneraciones de sus derechos más básicos. La criminalización de la clase obrera migrante no es nada nuevo, pero en los últimos tiempos el discurso antiimigración y xenófobo ha aumentado considerablemente. Se dice que los migrantes llegan a España a «cobrar ayudas y delinquir», pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la clase obrera migrante –y particularmente aquella en situación administrativa irregular– es mano de obra empleada en el campo andaluz durante jornadas de 19 horas diarias a cambio de 50 euros a la semana (como señalaba un informe de OXFAM publicado recientemente), o empleada en labores de cuidado, sin remuneración, tan sólo a cambio de un techo.
Continuando con lo anterior, resulta curiosa la retórica de las ayudas que supuestamente recibe la clase migrante, cuando solamente con una búsqueda rápida en Google, podemos ver documentadas jornadas interminables, violaciones e incluso asesinatos a trabajadores por parte de la patronal. Por ello, pediría al lector de este breve artículo que se pare y piense: si realmente los migrantes solamente vienen a España a cobrar ayudas, ¿por qué están dispuestos a sufrir ese elevado grado de explotación que incluso pone en peligro su vida?
La respuesta a esto, como el lector ya habrá podido anticipar, es tan simple como señalar la falsedad del hecho de que supuestamente al llegar una persona migrante a España cobre ayudas, pues para poder cobrar cualquier tipo de ayuda o prestación es necesario encontrarse en situación administrativa regular. Y aquí surge la cuestión: ¿cuándo una persona migrante es legal en España? Cuando esa persona pueda acreditar que lleva, al menos, dos años en España y ha trabajado de forma legal seis meses. De aquí se desprende la siguiente pregunta: ¿cómo puedo trabajar seis meses de forma legal si me encuentro en situación irregular y la ley no me permite trabajar? De ninguna manera, así que este escenario queda descartado. La única salida que queda es estar tres años en España y que una empresa firme un contrato de trabajo con esa persona.
Por debajo de la falsa narrativa antiinmigración está la cruda realidad: la brutal explotación en el campo o en la obra, el hacinamiento y el pluriempleo, la sensación permanente de inestabilidad y vigilancia, la fragilidad de una vida sobre el alambre, las dinámicas segregadoras de la maraña burocrática, la represión policial y el prejuicio social, etc. Frente a todo ello, solo hay una política realmente integradora, que realmente atraiga y unifique a quienes compartimos unos mismos intereses objetivos a pesar de tener distintas procedencias: esa política es la lucha de clases.