En el año en que se han comenzado a extender las herramientas de inteligencia artificial en diferentes ámbitos de la vida social, ya se ha acumulado en España una serie de casos del llamado “deepfake pornográfico” que han saltado al debate público. Ha avivado la polémica el caso ocurrido en Almendralejo, en el que se descubrió el uso de fotografías de niñas menores de edad con una aplicación informática, basada en un modelo de IA, que cobraba nueve euros por “desnudar” imágenes de mujeres. Más de 20 víctimas se sumaron a la denuncia. Pero también aparecieron nuevos casos similares, solo en el mes de septiembre, en las provincias de Madrid y de Huelva. No obstante, los casos de desnudo de mujeres o de utilización de su imagen para crear vídeos pornográficos ya han dado la vuelta al mundo, con celebrities conocidas y mujeres de las mayorías sociales, tanto mayores como menores de edad.
Ante estos casos, surgen la indignación y la preocupación. La variedad de formas en que se despliegan la violencia y la opresión contra las mujeres resulta abrumadora, y, por su parte, la velocidad a la que avanza la tecnología digital en el campo de las IAs es de vértigo. Como con todo fenómeno de la sociedad capitalista de nuestros días, la sensación de urgencia nos inunda, el debate emerge, y se manifiestan distintos puntos de vista y soluciones que nos apremian. Los usos de las tecnologías y la violencia contra la mujer son los dos puntos fundamentales que cruzan la cuestión. Ahora bien, ¿en qué términos se nos están planteando los debates? ¿Qué marco de acción se entiende que pueden tener las propuestas, es decir, hasta qué punto se plantea que es necesario alterar sustancialmente la realidad existente? ¿Y hasta qué punto tienen capacidad para efectivamente transformar ciertos comportamientos sociales y concepciones ideológicas machistas?
Las comunistas nos preguntamos por todo ello a la vez que intentamos hilar cada problemática con una propuesta de superación definitiva de la violencia contra las mujeres y otras que se generan en el sistema capitalista. Resulta necesario que comencemos a dar unas pinceladas sobre un fenómeno que, más allá de la urgencia con la que aparece en el debate público, podría con la misma rapidez ir asumiéndose como un elemento más de la “normalidad aceptable” en que vivimos, perdida en la maraña de otras tantas inquietudes y miedos que sufrimos. Con ello, espero, podremos comenzar a dilucidar dónde están las puertas de salida a todo esto.
Comencemos viendo qué discusión se plantea y qué posturas se manifiestan al respecto. En primer lugar, en los medios de comunicación de mayor alcance, que es desde donde en buena medida se nos intenta enmarcar los límites de todo debate, todo lo referente al uso de la IA para la violencia hacia las mujeres se está reduciendo a la regulación legal y los criterios para la penalización. Distintos estados se enfrentan al asunto de la existencia o no de figuras jurídicas en sus normativas que permitan ir regulando los usos de la IA, antes de la posible creación de una nueva legislación al respecto. En el caso de la UE, se encuentra sobre la mesa una Ley de Inteligencia Artificial que, de hecho, contempla la idea de ilegalizar los LoRA que no estén supervisados, que son modelos de IA que un usuario cualquiera, con determinados conocimientos, puede entrenar en una determinada capacidad (y que, como en Almendralejo, se están entrenando para producir pornografía).
Dejando ya de lado la actitud de pánico que al apreciarse el impacto de cada avance científico-técnico visible asalta las discusiones para demonizar la tecnología, podemos señalar, lo primero, que encerrar la cuestión en el “mal uso” de la tecnología resulta ingenuo –si no tramposo– si siempre se asume el marco de las relaciones de producción capitalistas. ¿Quién o qué marca qué es el mal, pero sobre todo el buen uso de la tecnología y, ahora, de la inteligencia artificial? ¿Esa demarcación es o puede ser neutral? ¿Cuáles son los “legítimos usos de la tecnología” que la nueva legislación va a querer discernir?
La respuesta nos lleva directamente a la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción: serán los dueños de los grandes capitales quienes intervengan en la definición de estos usos, y lo que querrán dejar blindado es la incorporación de mecanismos a la producción puestos al servicio de la productividad empresarial, que no del bienestar social común. Las herramientas de IA van a tener un impacto claro en la relación entre empresa y asalariado, la organización del trabajo, etc. En la legislación laboral española, la (mal) llamada “ley Rider” ya introdujo la contemplación de la figura de los algoritmos. Se nos está abriendo un escenario en el que existen nuevas posibilidades de incremento de la explotación por parte de los capitalistas gracias a un importante avance técnico, y ante dicho incremento nuestra clase debe estar preparada para analizar el impacto de cualquier propuesta normativa. Después de todo, ya vemos en beneficio de quién se introdujo la informatización de la gestión de los trabajadores con el tema de las plataformas de prodelivery, y que, a pesar del ruido socialdemócrata, las realidades del trabajo a demanda, la eventualidad laboral y la desprotección no han desaparecido con su innovadorísima legislación.
Por otro lado, en cuanto a la libre utilización de las herramientas de IA, es cierto que, en el contexto actual, por necesidad aparecerán usos que reproduzcan el modelo ideológico machista que emana de las tendencias actuales del capitalismo. No se trata aquí de defender una inacción ante abusos y atropellos que aparezcan ni clamar por la extensión anárquica de cualquier herramienta bajo la trampa de la libertad individual en la sociedad capitalista, pero ninguna herramienta es neutral en la sociedad capitalista. Las investigaciones sobre el uso de la IA han señalado que más del 90 % de los vídeos deepfake hiperrealistas que hay en internet son pornografía sin consentimiento, y en 9 de cada 10 casos la víctima es una mujer. Nuestro lugar ahí, como objeto de consumo sexualizado, tiene que ver con la dinámica de asimilación de los trabajadores a la forma de mercancías exprimibles y desechables por la producción capitalista, que nos impone una considerable presión ideológica, como ya señalamos en su día en Nuevo Rumbo al abordar la mercantilización de las mujeres en este sistema.
La exigencia de penas altas y la punitivización, por otro lado, son otra forma en que frecuentemente se aborda de manera espontánea el debate de cómo afrontar las formas de violencia contra la mujer. En muchos casos, se debe a que la indignación y la ira emergen y se adueñan rápidamente de nuestra visión, pero los límites de esta actitud, si no se transforma en algún tipo de acción transformadora, son claros: el castigo por sí mismo no elimina los condicionantes que generan esas formas de violencia que se reproducen. Sentir rabia ante cada ataque, discriminación y vulneración que sufrimos no es solo legítimo, sino justo y necesario. Reducir a ello la búsqueda de soluciones al problema, no obstante, es quedarse en una mirada vengativa, inmediatista y no liberadora de los métodos de opresión.
Hay, por supuesto, debates más allá del legal o penal y otras posturas de cierto peso fuera de los medios mayoritarios. Pero no es solo en estos donde el capitalismo puede imponer sus límites de acción y marcos de pensamiento. Hay quien ve la necesidad de “reproches sociales” más allá del “reproche penal”, pero se da de bruces contra la pared al buscar cómo transformar estos fenómenos sociales, o se queda en programas idealistas no sustentados en una propuesta superadora de las raíces de la explotación y la opresión.
Eso es, por último, lo que queremos aportar las comunistas ante este debate: propuesta, más allá de la denuncia y la crítica. No solo una llamada al combate y a, por supuesto, comenzar a entender la política como un ámbito en el que participamos como protagonistas y no como espectadoras, que también es parte fundamental de nuestro mensaje, sino una propuesta concreta de construcción social. La estrategia comunista no consiste en prometer utopías, sino en hacer factible que la clase productora se adueñe de los medios de producción que ahora la exprimen y la someten, y de su fruto social, del que ahora se ve privada y enajenada. La tecnología, puesta bajo control obrero y popular y al servicio de las necesidades sociales de la población –no de la minoría explotadora capitalista, que hoy posee y acapara los medios de producción–, tiene un potencial tremendamente liberador para la humanidad que solo la sociedad socialista podrá desatar.
Será en ese punto de partida hacia la liberación del ser humano, con la tecnología al servicio de la mayoría social y no de los explotadores, donde también podremos dar pasos mucho más efectivos hacia una sociedad donde la igualdad real sea un hecho y las violencias contra las mujeres, una cuestión del pasado. Resulta necesario, para alcanzar esas metas, acometer un ingente y continuo trabajo multifacético que persiga eliminar progresivamente todo vestigio del machismo que aún hoy impregna todo fenómeno y comportamiento social.