Después de años de ataques contra los derechos de la clase obrera, en Cataluña y en toda España, los mecanismos de propaganda de la burguesía llamaban a los trabajadores a actuar como diligentes ciudadanos y a acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto el 23 de julio. Cuando, desde las televisiones y las portadas de los periódicos, se exhortaba a los nuestros a ir a votar, en realidad se les exigía votar a una opción, a cualquier opción, de las que el sistema había preparado para nosotros.
Era el momento de elegir a nuestros verdugos para los tiempos venideros y en los despachos de los departamentos de los partidos encargados de hacer el cálculo electoral se amontonaban decenas de papeles. Encuestas de opinión y de comportamiento político, sondeos sobre sus fríos escritorios. En general, los partidos políticos burgueses sabían qué se podía esperar de estas elecciones, porque se dedican a estudiar esto concienzudamente, y las noticias no eran buenas para las fuerzas del nacionalismo catalán. El resultado de las elecciones vino a confirmar sus peores temores.
Ya en 2017, cuando el nacionalismo catalán se lanzaba a la aventura del referéndum, nuestro Partido situaba que las reformulaciones territoriales exigidas por el independentismo eran imposibles en el siglo XXI. Los partidos independentistas no tenían la fuerza, ni la capacidad política para imponer su hoja de ruta, pero es que en la mayoría de casos no tenían ni tan siquiera la voluntad.
Pasado el ciclo de movilizaciones independentistas, los partidos nacionalistas catalanes se reubican en el campo del autonomismo, del que realmente nunca salieron, y lo hacen de manera atropellada, peleándose entre sí.
La tendencia política actual en Cataluña es a la reconfiguración de un centro que aglutina a la mayor parte de las tendencias del nacionalismo catalán, una nueva “casa grande del catalanismo”, recuperando el papel que ejercía Convergència i Unió anteriormente desde el centro-derecha. Ahora Esquerra Republicana de Catalunya, desde el centro-izquierda, gobierna en solitario tras la ruptura de su pacto con Junts per Catalunya, con un gran margen de maniobra para alcanzar acuerdos con diversos actores en el Parlament.
Pero la frustración generada por las falsas promesas del independentismo en los diez años anteriores pasa factura y ello, combinado con la intensa campaña que han desplegado las fuerzas socialdemócratas de ámbito estatal con el discurso de parar a la ultraderecha, ha supuesto un duro golpe electoral para el independentismo catalán en las elecciones de julio. ERC ha pasado de los 874.859 votos de 2019 a 462.883; Junts per Catalunya ha bajado de 530.225 a 392.634; y, finalmente, la CUP lo ha hecho de los 246.971 a los 98.794. En total, el independentismo se ha dejado 697.744 votos por el camino, que se han quedado en casa o han ido a parar a las manos del PSC o de Sumar.
A pesar de todo, la composición del Congreso de los Diputados surgida de los comicios deja a los partidos independentistas con la llave de la gobernabilidad. A este escenario responden dichos partidos, hasta el momento, de manera diferente.
Esquerra Republicana, que gobierna actualmente en Cataluña, se aprestó a declarar rápidamente el mismo domingo 23 que iba a dar sus votos a una hipotética reedición del
gobierno de coalición socialdemócrata. Lo hace como lo hacía Convergència i Unió con el PP, reclamando mayores recursos para que la burguesía en Cataluña pueda gestionar de manera más directa sus agresiones contra la clase obrera. A las habituales reclamaciones fiscales se suma, de manera populista, la exigencia del traspaso en la gestión de Rodalies, exigencia que en Cataluña tiene alta aceptación (el 83 % de los catalanes lo piden, según el segundo Barómetro de Opinión del CEO), medida claramente encaminada a recuperar parte del crédito perdido en preparación para las elecciones autonómicas de 2025.
Voces provenientes del PSOE han dejado escapar el rumor de que podrían aceptar una quita multimillonaria de deuda que tiene Cataluña con el Estado por fondos provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pero, a pesar de que también acompaña a este rumor otro que apuntaría al posible indulto a Puigdemont, Junts per Catalunya asegura que no facilitará la investidura.
Una de las dos líneas rojas de Junts per Catalunya, la concesión de un referéndum legal que es imposible en el actual marco constitucional y que, por lo tanto, el PSOE no puede pactar, parece que es lo que nos separa de una nueva convocatoria de elecciones. En una reciente tertulia donde se reunían algunas voces destacadas del nacionalismo catalán (Josep Costa, exvicepresidente del Parlament y Dante-Fachín, exsecretario General de Podemos Cataluña pero habitual ‘activista’ en favor del derecho a la autodeterminación), los ponentes clamaban, literalmente, que “los españoles han votado a la ultraderecha” y “no dejan decidir a Cataluña” por lo que los representantes del nacionalismo catalán no deben “dejar decidir a los españoles”, es decir, no deben facilitar la investidura.
Esta parece ser la línea de actuación que pretende seguir Junts per Catalunya en el Congreso y que, en caso de mantenerse, nos aboca a una nueva convocatoria de elecciones en otoño.
En cualquier caso, las elecciones de julio nos muestran que la clase obrera en Cataluña sigue sometida, como la del resto de España, a intensísimas presiones políticas e ideológicas y actúa, a la hora de votar, movida por falsos dilemas y por burdas amenazas que afectan a su comportamiento electoral, moviéndola incluso a votar en contra de lo que cree o dice. Todos conocemos a algún compañero que, habiendo protestado en los últimos tiempos contra el gobierno socialdemócrata en Madrid o contra el de Barcelona, ha acudido a votar a alguna de las opciones que se le ofrecían para “parar a la ultraderecha”.
Y si, en los últimos diez años, en la vida política de Cataluña ha estado muy presente el falso dilema entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, y esa dicotomía ha gobernado los pensamientos de muchos trabajadores y ha dictaminado lo que debían hacer y votar, parece que las últimas elecciones generales certifican un retroceso del debate sobre la cuestión de la autodeterminación (sólo un 8,1 % lo sitúan como “una prioridad” en el último Barómetro de Opinión del CEO) pero, desgraciadamente, lo hace en favor de la aparición de nuevos falsos dilemas y muchos de los votantes que ha perdido el independentismo los ha ganado, con poca convicción, la socialdemocracia encarnada en Sumar y en el PSC, que ha sido el claro vencedor en el conteo de los votos catalanes.
En los siguientes tiempos -y estas líneas se redactan precisamente para contribuir a este trabajo- el Partido seguirá desplegando su trabajo allí donde esté, en los centros de trabajo y en los barrios obreros, dónde ya no están los partidos burgueses una vez acabada la campaña electoral, entre los nuestros y con los nuestros, luchando por acabar para siempre con los falsos dilemas, con las falsas dicotomías. Porque de izquierdas o de derechas, en catalán o en español, los
gestores políticos de Madrid y de Barcelona se dan la mano para profundizar en sus ataques contra nuestra clase y hay que ir pensando en pararles los pies.