En el año 2018, Pablo Iglesias decretaba la “alerta antifascista” después de que VOX irrumpiera en el Parlamento andaluz con 12 escaños. Cinco años después, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, habla de “alerta antireaccionaria”, que, a pesar de expresarse con una palabra diferente, viene a plantear lo mismo: el llamamiento al “voto útil”, el llamamiento a parar al fascismo a través de las urnas cada cuatro años y a jugar con el miedo de la llegada de la ultraderecha.
La socialdemocracia, tanto la vieja como la nueva, se rasga las vestiduras ante la posible llegada de la ultraderecha al Gobierno central o en todos aquellos municipios y autonomías en las que han entrado a gobernar, en un acto de cinismo sin límites.
Durante los sucesivos gobiernos del PSOE en democracia no ha existido ninguna voluntad para reparar a las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista. En octubre de 2019 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que sustituía a la anterior Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007 durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
Esta ley, por mucho que digan, no deja de ser una imitación de la ley del 2007, que no aporta grandes avances con respecto a lo que ya existía. En el punto IV del preámbulo se dice que “la Ley se compone de cinco títulos estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objetos de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado”. Una ley que habla de verdad, justicia y reparación, pero en la que solo aparecen medidas cosméticas y sin financiación.
No se puede hablar de verdad, justicia y reparación cuando no se declara la nulidad de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, conocida simplemente como la Ley de Amnistía, ya que, con esta norma, los delitos considerados de lesa humanidad que cometió el franquismo, como lo son, por poner algún ejemplo, las desapariciones forzadas o la tortura, siguen quedando impunes y protegidos.
Por otro lado, nos encontramos con una ley que sigue manteniendo el proceso de la Transición como una etapa de avances y mejoras para todas las víctimas del franquismo y niega, de facto, que ese periodo también fue de represión y violencia que sufrió la clase obrera de nuestro país que luchaba por sus derechos.
Hablan de antifascismo cuando ellos mismos dan alas a la reacción con sus actos. No solo es la Ley de Memoria Democrática que llega tarde y mal, sino todo lo que han hecho durante sus gobiernos. No nos tenemos que ir muy lejos para ver algunos ejemplos. Todos recordamos la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: lo hicieron tarde, pareciendo todo el circo que rodeó a este acto un verdadero funeral de Estado mientras que, miles de los nuestros, miles de represaliados antifascistas, siguen allí enterrados contra su voluntad. El Valle de los Caídos, mismamente, sigue siendo un lugar de peregrinación y homenaje al dictador y en ningún momento se habla de su demolición, sino que simplemente se modifica su denominación a “Valle de Cuelgamuros”.
Nos hablan de alerta antifascista o alerta antirreaccionaria aquellos mismos que el 19 de septiembre de 2019 votaron en el Parlamento Europeo a favor de equiparar el nazifascismo con el comunismo, es decir, equiparar a aquellos que liberaron a Europa de la barbarie, con el Ejército Rojo a la vanguardia, con aquellos que asesinaron a millones de personas que lucharon por derrotar al fascismo.
En estos días, volveremos a oír a hablar del frente antifascista, de reagrupar el voto hacia aquellas fuerzas “progresistas” que pueden hacer frente al fascismo. Lo que no dicen es que al fascismo no se le combate en las urnas, sino con una clase obrera unida y organizada que le cierre el paso allá donde surja.
En contraposición, nos encontramos al PP. Un partido que siempre tiene en la boca la palabra “democracia”, la “libertad” o los “derechos individuales”. Todos recordamos la campaña de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones de la Comunidad de Madrid, cuyo lema fue “comunismo o libertad”. Eso habla muy bien de la clase de democracia que quieren ellos: la de los suyos, la de los explotadores.
El PP no es que simplemente vaya en contra de toda memoria histórica, sino que directamente son herederos del franquismo por tener su germen en Alianza Popular, que estuvo capitaneada por Manuel Fraga, Cruz Martínez o Licinio de la Fuente, entre otros.
Para el Partido Popular, la Ley de Amnistía es más que suficiente en cuestión de memoria histórica, pues para ellos es la reivindicación de la Transición como un momento clave de España y es, tal y como dice Rafael Arias Salgado (ministro de Fomento en el primer Gobierno de José María Aznar, procedente de UCD), una ley de punto final. Por supuesto que para ellos es una ley de punto final, pues dejan las cosas como estaban, no se repara a las víctimas ni se hace justicia y se queda todo tal y como estaba.
A pesar de que pueda parecer que ambos bandos, socialdemocracia y derecha, tengan intereses opuestos en la cuestión de la memoria histórica, la realidad es tozuda. El PP y el PSOE, por muchas broncas y antagonismos que quieran aparentar entre ellos, no dudan en votar conjuntamente en contra de los intereses de la clase obrera.
Los dos partidos mayoritarios no solo han votado conjuntamente la “resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa” de la que hablaba anteriormente, donde se equipara el nazifascismo con el comunismo. Años antes, también aprobaron conjuntamente en Europa la “resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009 sobre la conciencia europea y el totalitarismo”, que fijó el 23 de agosto como Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo.
Este mismo año, en mayo, el PSOE, junto al PP, Ciudadanos y VOX, bloqueó en el Senado una iniciativa legislativa para modificar el Código Penal para que los crímenes del franquismo no puedan prescribir y sean juzgados como delitos de lesa humanidad.
En el año 2020, el torturador Antonio González Pacheco, conocido como “Billy el Niño”, falleció en Madrid sin ser juzgado y con todas sus condecoraciones intactas, tras haber sido la cara más visible de la BPS (Brigada Político Social), el aparato represor del franquismo. Murió sin pagar por sus crímenes. Y esto, con gobiernos tanto del PP como del PSOE de por medio, sin olvidarnos del papel de la nueva socialdemocracia, que está gobernando en coalición a nivel nacional.
Ni el PSOE es antifascista, ni el PP es democrático, y se entienden perfectamente siempre que se trata de violar nuestra memoria antifascista, de reírse de los nuestros, de aquellos y aquellas que dieron sus mejores años, y sus vidas, en defensa de la libertad.
No habrá verdad, justicia y reparación a las víctimas mientras se siga permitiendo rendir honores a aquellos que asesinaros a miles de héroes y heroínas antifascistas. No habrá verdad, justicia y reparación mientras no se proceda a la demolición por completo del Valle de los Caídos. No habrá verdad, justicia y reparación mientras las cunetas sigan llenas de la sangre de nuestro pueblo.
El 23 de julio, sea cual sea la opción que gane en las elecciones generales, los nuestros seguirán olvidados por unos y por otros, seguiremos sufriendo sus medidas antiobreras y seguiremos sin poder decir que el Estado ha reparado todo el dolor y el sufrimiento causados a miles de antifascistas y sus familias casi 90 años después de iniciarse la guerra.
No nos queda otra que seguir reivindicando la memoria antifascista de nuestra clase y dejar bien claro que sin nuestra unidad como clase no se puede combatir ni derrotar al fascismo. Retomar las herramientas de lucha, hombro con hombro, para organizar la lucha consciente contra la reacción.