Podemos situar el inicio de esta historia en enero de 1969. Ese año, el franquismo se disponía a conmemorar el trigésimo aniversario de su triunfo en la Guerra Nacional Revolucionaria, triunfo que se cimentó sobre la muerte, el exilio y la represión de centenares de miles de personas. Sin embargo, en la década de los sesenta ya comenzaba a advertirse que el régimen comenzaba a palidecer. El movimiento obrero empezó a recomponerse gracias a importantes movilizaciones como «La Huelgona» en la minería asturiana en 1962 o el nacimiento de las Comisiones Obreras. Y si la clase obrera comenzaba a articular mejor su lucha contra el régimen, también lo hacía el movimiento estudiantil, que a partir de 1956 también comenzó a mostrar su oposición a la dictadura y planteó el curso de 1967-68 a la ofensiva, intensificando la movilización y haciendo que cada facultad fuese una trinchera de lucha contra el franquismo.
Uno los estudiantes que participó en aquellas luchas fue Enrique Ruano. Estudiante de Derecho en la Universidad Complutense, tenía apenas 21 años cuando fue detenido por la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo, el 17 de enero de 1969. Solo tres días más tarde, el 20 de enero, el joven estudiante fallecía al caer desde el séptimo piso del número 68 de la madrileña calle del Príncipe de Vergara. La versión oficial del régimen fue que él mismo se había suicidado, pero investigaciones posteriores (ya en la década de los noventa), motivadas por la insistencia de la familia, demostraron la verdad: Enrique Ruano había sido retenido y torturado por tres agentes de la policía, quienes le habían arrojado desde la ventana tras dispararle. Enrique Ruano había sido asesinado por el franquismo. Quedaba patente que, por muy debilitada que estuviera la dictadura, estaba dispuesta a morir matando, y que ante la escalada de la movilización recurriría a la escalada de la represión.
El asesinato de Enrique Ruano provocó una oleada de indignación y protesta que se extendió por el país, haciendo que Franco decretase el estado de excepción desde el 24 de enero. Aunque el decreto fue por un período de tres meses, finalmente se aplicó durante dos. En esos dos meses se multiplicaron las detenciones y los procesamientos, y la represión fue sobre todo dirigida hacia los comunistas, que tanto en el movimiento obrero como en el movimiento estudiantil trataban de intensificar la lucha antifranquista. Porque sí, en la clandestinidad y desde el exilio, y sin temer a los barrotes de la prisión ni a las balas de los fusiles, fueron miles de comunistas los que estuvieron en primera línea luchando contra la dictadura.
El estado de excepción de 1969 no fue el primero del franquismo, sino que fue el de febrero de 1956, precisamente motivado por las movilizaciones estudiantiles, que se iniciaron el 7 de febrero para protestar contra el SEU, el sindicato universitario de Falange. También en relación con las movilizaciones en las cuencas mineras en 1962 se aplicarían estados de excepción a nivel provincial. Este tipo de medidas represivas serían habituales en los últimos tiempos del franquismo, prolongándose hasta 1975. Además de los estados de excepción, otra buena prueba de la represión franquista tardía fueron los procedimientos sumarísimos, como el Proceso de Burgos de 1970, así como los procesos llevados a cabo por el Tribunal de Orden Público, dirigidos contra miles de obreros y estudiantes, especialmente miembros del Partido Comunista. Uno de estos juicios fue el «Proceso 1001», de 1972-1973, donde los integrantes de la dirección de las Comisiones Obreras, los llamados «Diez de Carabanchel», fueron condenados a decenas de años de cárcel.
Después de la muerte de Franco las movilizaciones llegaron a sus cotas más altas. Se declararon en huelga más de tres millones y medio de trabajadores sólo durante los tres primeros meses de 1976, momento álgido en la historia de España en cuanto a huelgas y huelguistas. En estas circunstancias, entramos en el período conocido como el de la «Transición hacia la democracia», que culminaría con la promulgación de la Constitución a finales de 1978.
Pero mientras que para las fuerzas políticas burguesas y para los medios de reproducción ideológica del capitalismo español la Transición es poco menos que sacrosanta, realmente fueron años de dura represión contra los trabajadores, de una aguda violencia política y de una reorganización de las fuerzas capitalistas en España. Fue una etapa de atropellos contra los derechos conquistados por la clase obrera, de apuntalamiento del sistema capitalista en España.
Buena prueba de la durísima violencia ejercida contra los obreros y los estudiantes fue la llamada Semana Trágica de Madrid de 1977, que se inició el 23 de enero con el asesinato de Arturo Ruiz, estudiante granadino de apenas 19 años. Los sucesos ocurrieron cuando varios estudiantes se encontraban manifestándose. Era habitual que a estas manifestaciones también acudieran, campando a sus anchas, grupos ultraderechistas armados, con el objetivo de amedrentar, herir o incluso liquidar a los cabecillas de los manifestantes. En este caso fueron dos pistoleros, uno, vinculado a la Dirección General de Seguridad y a Fuerza Nueva y otro, agente de la Guardia Civil y perteneciente a los Guerrilleros de Cristo Rey, los que dispararon y acabaron con la vida de Arturo Ruiz.
Al día siguiente, Madrid era un clamor de protesta contra este crimen, sobre todo en las universidades, donde los paros fueron prácticamente totales. Mientras, la violencia policial, habitual en este tipo de movilizaciones, desembocaba en varios heridos, todos ellos jóvenes estudiantes. Sin embargo, la mañana del 24 de enero se cobró otra víctima, Mari Luz Nájera, estudiante de la Universidad Complutense, de 21 años, que falleció a causa de un disparo a bocajarro de la policía. Su muerte provocó la paralización de las clases en las universidades madrileñas, pero también sirvió como otra prueba más de que la represión y la violencia contra los obreros y los estudiantes estaban a la orden del día y, habitualmente, se cometían con total impunidad.
Aquel trágico 24 de enero de 1977 no acabó ahí, por desgracia, pues esa misma noche, en el despacho de abogados laboralistas del número 55 de la calle Atocha, se produjo la matanza de los abogados de Atocha.
Cuando se habla de la represión franquista, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza son los fusilamientos de la posguerra, los encarcelados durante los primeros años de la dictadura o los centenares de miles que partieron al exilio para evitar engrosar el número total de víctimas. La violencia contra los obreros que se organizaban, contra los estudiantes que se movilizaban y contra los comunistas, sindicalistas y jóvenes que constituían la vanguardia del antifranquismo jamás cesó. La muerte de Franco no supuso el fin de la violencia ni de la represión. No debemos dejar de decirles a aquellos que hablan de la pacífica, idílica y ejemplar Transición que fue más sangrienta de lo que se puede decir, y que supuso un durísimo peaje para la clase obrera española.