Cuando me dispongo a finalizar este artículo, se cumple ya un mes del inicio de la huelga de los letrados y letradas de justicia, ahora conocidos por todos como LAJ y anteriormente denominados Secretarios Judiciales.
Con el paso de las semanas, y a la vista de que los huelguistas ni se rendían ni “entregaban las armas”, comenzó la interesada, y por otra parte esperada, campaña de desprestigio a cargo de los diferentes medios de comunicación, buscando enfrentar a la población con este colectivo, y culpándolos de los males endémicos de la Justicia patria.
No es el objetivo de este artículo tratar la huelga de los LAJ, pero antes de desarrollar el artículo en sí, este que escribe, de profesión abogado laboralista, no puede dejar pasar la ocasión de saludar la tenacidad del colectivo, así como mostrar su abierto apoyo a la huelga y a sus reivindicaciones, y desearles mis mejores deseos de victoria.
Y lo anterior, es decir, que un abogado laboralista apoye la huelga de los LAJ, algo que alguien podría tildar “de Perogrullo” –pues qué va a decir un abogado laboralista–, en la actualidad puede parecer en ocasiones propio de un rara avis, a la vista de ciertos posicionamientos que, por parte de varios operadores jurídicos, tanto a nivel particular como colectivo, se pueden leer en estos días.
Como decía, la huelga de los LAJ no es el fin de este artículo, pero sí va a servir en determinados momentos como un indicador, como un ejemplo al que acudir para comparar y analizar, con el fin último de poder demostrar que los paros nada tienen que ver con la actual situación de la Justicia.
Vamos a comenzar unas tres semanas después del inicio de la huelga, en el momento en que, como decíamos, por parte de los medios de comunicación se comienza a criminalizar la huelga señalando que por culpa de los LAJ se están suspendiendo muchos juicios, que eso está provocando retrasos en cobro de pensiones, por ejemplo, y, en definitiva, que la actual situación de la Justicia es básicamente culpa suya.
Estas afirmaciones, trasladadas a la opinión pública a través de los voceros del capital, tienen su origen y provienen del Gobierno socialdemócrata de PSOE y Podemos, “el Gobierno más progresista de la historia”, pero que en esta huelga está utilizando los métodos más rastreros posibles, no teniendo nada que envidiar a cualquier empresa que buscase reventar la huelga de su plantilla. Ya saben, en casa del herrero…
Todavía resuenan las palabras del Secretario de Estado de Justicia, Antonio “Tontxu” Rodríguez, que manifestaba el pasado catorce de febrero en su visita a Burgos que la huelga de los LAJ estaba haciendo un gran daño a los operadores jurídicos y a los ciudadanos y que por ende estaba haciendo “mucho daño a la imagen de la Justicia.»
Hay que tener mucha cara y mucha desvergüenza para que un cargo político con el conocimiento del funcionamiento de la Justicia en nuestro país como el que tiene (o se presupone que tiene) el señor Rodríguez pretenda desacreditar de esa forma una lucha huelguística.
En primer lugar, porque la imagen de la Justicia ya estaba dañada, herida de muerte, si se me permite, y no me refiero a la concepción que pueda tener un trabajador de la misma como justa o no, si favorece más los intereses de las empresas, o de si existe una justicia diferente en función del estrato social del que se provenga; sino simplemente porque la casuística a la que hoy nos referimos, es decir, los “tempos” en la Justicia, desde hace muchos años es una batalla perdida.
¿Será que el señor Secretario no recuerda las noticias en la televisión de despachos de Juzgados donde ya no cabía un expediente más, donde se amontonaban los mismos a la espera de que alguien acudiera a su rescate?
¿Será que la huelga de los LAJ también tiene la culpa de que haya juicios que tardan en salir más de un año (siendo muy benévolo en la estimación) desde que se presenta la demanda?
Evidentemente, no; el daño a los ciudadanos, como dice el señor Rodríguez, ya venía de antes. Para muestra, un botón: más de un año y medio de espera para un juicio donde un trabajador reclame el impago de su nómina, o casi dos años para dirimirse si debe o no reconocérsele una prestación de incapacidad permanente. Y estos son cálculos temporales siendo muy optimista, pues pueden preguntar en la ciudad de Sevilla, donde ya mucho antes de la huelga se señalaban juicios a tres años vista. Eso sí es dañar a la clase trabajadora, y dañar la imagen de la Justicia, y cualquier persona que haya tenido que acudir a los Juzgados puede dar fe de ello.
Respecto al supuesto daño a los operadores jurídicos, y a pesar de la falta de solidaridad de muchos de ellos, tal y como señalábamos al comienzo del artículo, debemos recordar cómo era nuestro día a día antes de la ya famosa huelga, por ejemplo, en el caso de los abogados.
Principalmente, las quejas generalizadas vienen a señalar que las suspensiones de juicios se llevan a cabo el mismo día sin avisar, lo que parece ser que genera gran trastorno a bastantes profesionales.
Y yo me pregunto: cuando antes de la huelga llegaban el lunes al juzgado, dispuestos a defender a capa y espada por ejemplo un despido, como podría ser el caso de un laboralista, después de todo el fin de semana enfrascados en el estudio de jurisprudencia, preparando la correspondiente prueba, habiéndose reunido en los días previos con testigos o clientes, y después de tan “titánico” trabajo la parte contraria les ofrecía un acuerdo beneficioso para su cliente, ¿rechazaban el mismo porque ellos habían gastado su preciado tiempo preparando el juicio?
O cuando el juicio se suspendía porque no comparecía un testigo, o porque había que llamar al procedimiento a otra parte, o cuando el mismo se aplazaba porque a ellos o al contrario les coincidía con otro juicio señalado previamente, ¿la culpa también era de los LAJ?
Obviamente, no; suspendían, aplazaban o llegaban a un acuerdo sin quejarse amargamente de su mala suerte, porque todo lo anterior, y volviendo a la huelga, la posibilidad de suspender y aplazar un juicio, va unido de manera implícita a la profesión, y es algo que todos deberíamos asumir.
Otro de los males que asola a la Justicia española, si no el principal, y que sufre directamente la persona que tiene que acudir a los Tribunales, es la falta de Juzgados en todo el territorio. Esto, que es origen directo de los retrasos en los señalamientos que comentaba previamente, tiene como víctima a otro operador jurídico, que no es otro que los jueces y juezas.
De media, en los Juzgados de lo Social donde yo ejerzo normalmente, se vienen señalando una media de entre diez y quince juicios cada día, de lunes a viernes. Cierto es que, como decíamos previamente, hay juicios que finalmente no se celebran, pero aun contemplando esta posibilidad, el número de pleitos que tiene que resolver cada juez es altísimo.
Esto repercute en el ciudadano; primero, porque los jueces y juezas tienen que estudiar el asunto antes de dictar la correspondiente sentencia, y de acuerdo al gran número de señalamientos, las resoluciones se dilatan en el tiempo.
En segundo lugar, porque prestar atención durante tres, cuatro horas como mínimo, para luego poder dictar una sentencia ajustada a Derecho, se plantea como un esfuerzo titánico.
Por último, cabe hablar en este apartado de la planificación de las vistas: yo siempre digo que acudir al Juzgado es como ir al médico; sabes a qué hora tienes que estar, que es a la hora de tu juicio, pero la hora de entrada a Sala, así como la salida de los Juzgados, depende de múltiples factores totalmente imprevisibles. Si de media para cada juicio se prevén quince o veinte minutos de duración, es obvio que cualquier procedimiento con un poco de intríngulis va a provocar una reacción en cadena que consistirá en que se vayan retrasando todos los juicios posteriores.
Y ante esta situación, de sobra conocida por el Ministerio de Justicia, ¿se han tomado las medidas oportunas, se crean nuevos Juzgados para acabar con el atasco de señalamientos, se ha dotado de más medios personales a los Juzgados? La respuesta es rotunda: de ninguna de las maneras.
Luego vemos que la huelga de los LAJ, por mucho que se quiera vender como causa principal y única en la actualidad de todos los problemas de la Justicia, no es otra cosa que la consecuencia de la situación de un sistema judicial que hace aguas por todos los lados, y donde los problemas vienen de lejos.
Termino este artículo con una noticia de última hora: el ministerio de Justicia, con la ministra Llop a la cabeza, no tiene intención de reunirse con el Comité de Huelga hasta el 1 de marzo, habiéndose “reunido” una única vez desde el comienzo de la huelga, el pasado 24 de enero.
¿Realmente el Gobierno más progresista de la historia tiene intención ya no de llegar a un acuerdo con los LAJ, sino, al menos, de negociar? ¿O el objetivo final es dejarlo pasar, buscando cubrirse las espaldas para que no interfiera en el calendario electoral que comienza en unas semanas?
Las respuestas a estas preguntas sólo las conocen ellos, aunque se atisben las mismas a la vista de sus hechos; las soluciones para el correcto funcionamiento de los Juzgados y Tribunales son de sobra conocidas desde hace tiempo, aunque no interese erradicar los problemas narrados en los párrafos anteriores, ni el resto no mencionados, porque ya se sabe: siempre habrá unos LAJ a los que culpar de los mismos.