El aborto, o interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es uno de los derechos de las mujeres —y en especial de las mujeres trabajadoras— que menos garantizado ha estado a lo largo de los tiempos y con un riesgo muy elevado para la vida y salud de la mujer.
En España el aborto fue despenalizado en 1985, girando los debates entorno a las causas en los que estaría despenalizado, pues sigue siendo un delito y son excepciones las situaciones permitidas, y los consentimientos y trámites necesarios para ejercer ese derecho.
Cada tanto tiempo es un debate que se recupera, especialmente por los sectores más conservadores y vinculados a la Iglesia Católica.
En 2010 hay una regulación estableciendo el aborto como un derecho y regulando su ejercicio en los supuestos despenalizados. Sin embargo, la propia regulación ya permite la privatización del servicio, exige un traslado de la información sobre las posibilidades y ayudas en el embarazo y se permite la objeción de conciencia de los empleados públicos.
A parte de la IVE, se regula la importancia de la educación sexual y la planificación familiar, pero no se concretan actuaciones ni se establecen medidas reales que permitan que dichos elementos se desarrollen con la importancia que tienen en la prevención de embarazos no deseados.
La consecuencia de esta regulación en Castilla y León es que hay una ausencia de educación sexual en los centros educativos públicos y una planificación familiar con retrasos de 5 meses en la gestión de citas para el seguimiento y colocación de métodos anticonceptivos físicos. Respecto a los abortos solo se realizan en centros sanitarios públicos en la provincia de Burgos (y solamente en dos hospitales) y el resto de provincias están cubiertas por tres centros privados, dos de los cuales pertenecen a la misma empresa.
Los últimos datos disponibles de 2021 muestran que en Castilla y León se han practicado 2.597 abortos. Teniendo en cuenta que solo hay 5 centros en Castilla y León, significa que cada centro tendría que realizar 43 IVE al mes.
A pesar de los mantras que hay sobre las mujeres que abortan, y el permanente miedo que lanzan los sectores conservadores sobre el aumento de abortos y en especial de las menores; los datos en CYL reflejan que la mayoría de los IVE se dan entre los 25 a 29 años, seguidos por la franja de edad de 30 a 34 años. El 42% se realiza sin financiación pública, un 48% se realizan por mujeres que conviven con su pareja, 999 mujeres que abortaron no tenían ingresos propios, el 54’5% eran trabajadoras por cuenta ajena y un 17’06% estaban en situación de desempleo. Solo un 35% de las mujeres que realizaron una IVE no usaban, o no constan que usaran, métodos anticonceptivos. El 90% se realizan a petición de la mujer y un 10% por riesgos de salud. La mitad de las IVE por riesgo de la salud en la mujer es por un cuadro desadaptativo mixto de ansiedad y depresión, siendo un reflejo más de la delicada situación de la salud mental en las mujeres trabajadoras.
En comparación con 2001, momento en el que se trasladan datos por parte de la Consejería de CYL, no se da un aumento de casos, si no que hay 400 casos menos.
Como vemos, no hay una situación de riesgo para las menores que están teniendo relaciones sexuales sin anticonceptivos y realizando abortos cada dos por tres, si no que las mujeres que deciden abortar no pueden escoger centros sanitarios públicos y sufren un desplazamiento del servicio sanitario público en el que reciben el resto de sus tratamientos médicos, recibiendo un peor trato médico en su conjunto.
A pesar de todos estos datos, y la alarmante situación de la sanidad pública, en especial la parte vinculada con la ginecología y la salud reproductiva, este año ha sido noticia la regulación del aborto en Castilla y León por una propuesta de protocolo por parte de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León que ocupa VOX, todo motivado por movimientos políticos intentando rascar portadas y generar polémica, y no por un interés real por la salud de las mujeres, y menos aún de las mujeres trabajadoras.
Se vivieron dos semanas de batalla entre el gobierno estatal y el gobierno autonómico de Castilla y León, volviendo al tema de las competencias autonómicas y las estatales en la regulación sobre sanidad, midiéndose las fuerzas los dos principales bloques electorales. ¿La excusa? Un protocolo que aparentemente proponía el gobierno de CYL, que finalmente parece que no va a existir, y que proponía nuevas medidas en el trámite de información a la mujer embaraza entre las que estaban las ecografías 4D en las que se podía escuchar el latido del feto. Nos han tenido dos semanas hablando de si esto es posible, si no, si es constitucional… en vez de hablar de la subida del IPC, o del fraude de la regulación del aborto que hace que la mayoría de abortos en CYL se den en clínicas privadas.
Desde muy principio de año notamos que estamos en año electoral, y que todos los debates que salten a la palestra mediática tendrán un enfoque electoralista. Parece ser que finalmente la coalición PP-VOX en CYL se mantendrá y no se convocarán elecciones en mayo, junto al resto de Comunidades Autónomas, pero veremos qué les acaba interesando y qué excusa ponen, si este protocolo fantasma o cualquier otra cosa que les venga mejor, ya que este debate les ha salido rana pues han quedado como incompetentes ante la mayoría pública.
Esa incompetencia se debe, más allá de la defensa del derecho del aborto libre (que muy pocas organizaciones políticas defienden con todas sus consecuencias), a que las ecografías que proponían ni tan siquiera son admitidas por la comunidad médica. Desde que se lanzó la propuesta, lo que más preocupaba a los expertos, más allá de la salud mental o los problemas asociados a la privacidad de la mujer, son los riesgos asociados que se pueden derivar de esta ecografía si se realiza en las primeras semanas de gestación. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) lanzó un comunicado indicando que «existe consenso» respecto a la utilización prudente del Doppler —el aparato que permite escuchar el lato fetal desde el exterior— durante el primer trimestre de la gestación por los «potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión». También insisten en que la ecografía 3D/4D «no forma parte» de la sistemática asistencial, como tampoco existe recomendación alguna para su práctica rutinaria. De hecho, continúan, »la evaluación con Doppler sólo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica». En la siguiente fase, el periodo fetal, puede ser empleado rutinariamente para «ciertas indicaciones clínicas», como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas.
Como conclusión, el derecho al aborto en Castilla y León no ha sido realmente reducido, si no que sigue sin estar garantizado en el sistema sanitario público y de facto no es algo que realmente interese a ningún grupo político, más allá de los debates en los que puedan sacar un rédito político cuantificable en votos en las urnas. Aprovechando que el derecho al aborto ha estado de moda y en el debate público las pasadas semanas, señalamos medidas que no se proponen pero que sí son necesarias para garantizar el derecho al aborto de las mujeres trabajadoras de una forma libre, pública, gratuita y con un tratamiento médico de calidad. El primer bloque de medidas debe garantizar una educación sexual de calidad en el sistema público educativo, y garantizar un sistema ginecológico público integral y separado de la planificación familiar, que no debe centrarse solo en la implantación de medios anticonceptivos. El segundo bloque de medidas trata de la ejecución de facto de las IVE, eliminando las clínicas privadas como opción, y garantizando que se den en el sistema sanitario público, impidiendo que la objeción de conciencia de los sanitarios, empleados públicos, elimine por la vía de los hechos, el derecho al aborto en el sistema sanitario público; además se debe garantizar un acompañamiento psicológico en todo el proceso, que no trate de influir en la decisión de la mujer. Por último, deben tomarse medidas en las condiciones laborales que vivimos las mujeres y que, a día de hoy, nos impiden construir un proyecto de vida plena, con o sin hijos.