En un mundo donde cada vez las empresas recurren a actos más descarados para obtener beneficios, en un país donde se gobierna y legisla a favor de las elites burguesas, la Sanidad ha dejado de ser un derecho inalienable para convertirse en una mercancía de la que muchas compañías buscan aprovecharse. La privatización sanitaria y la consecuente destrucción del sistema sanitario público en España es un proceso que se inició hace décadas y que se está acelerando a un ritmo alarmante.
Este proceso se puede dividir en tres líneas de actuación que avanzaban en paralelo: la fragmentación de la Sanidad Pública y la creación de mercados sanitarios, la potenciación del sector privado para poder sustituir al sistema público y la fragmentación del aseguramiento, potenciando el papel del aseguramiento privado. Obviamente, el avance de estas posturas se produce con diferente intensidad en cada caso y con una penetración distinta de cada aspecto según las distintas Comunidades Autónomas.
La primera medida que se adopta es la separación entre las entidades públicas que financian el sistema de salud y las entidades que proveen los servicios sanitarios. Un ejemplo de este sistema lo tenemos en Cataluña, donde la entidad pública CatSalut se encarga de la contratación de los servicios financieros negociando con los proveedores públicos de Salud, en este caso el ICS, y otros proveedores privados. Supuestamente, este método genera la ventaja de la negociación entre ambas partes dentro del sistema sanitario público, fomentando lo que se denomina un mercado interno. En realidad, tiene como objetivo la ampliación de este mercado a un mercado mixto (público-privado) en el que centros privados y públicos compiten entre sí por la dotación presupuestaria (teniendo en cuenta que los centros privados pueden especializarse en prestaciones rentables y los públicos tienen que asumirlo todo).
De manera complementaria se fragmenta el sistema sanitario mediante la creación de entidades con personalidad jurídica propia (fundaciones, empresas, etc.). En ambos casos se propicia la privatización de un sistema parcelado en multitud de entes y organismos de menor tamaño, en los que se han separado las áreas más rentables económicamente y, por lo tanto, las más apetecibles para el sector privado. Esta estrategia comenzó con la creación de las fundaciones sanitarias y las empresas públicas en los años 90 en varias CCAA.
El siguiente paso es el fomento del sector privado con fondos públicos, porque se es consciente de que el sector privado en nuestro país, con la excepción de Cataluña, es minoritario y de baja calidad, por lo que precisa de una inversión importante para ser competitivo. Qué mejor manera de hacerlo desde la óptica privatizadora que derivando al mismo una cantidad creciente de fondos públicos. Es el fenómeno de las denominadas como externalizaciones; es decir, contratación de servicios y/o prestaciones con el sector privado, y de la denominada colaboración público-privada. El resultado no solo ha sido encarecer y empeorar la asistencia sanitaria sino, además, el deterioro de los centros de gestión pública. Los presupuestos del sistema sanitario público decrecieron de manera muy importante (en torno a un 14% menos de promedio) mientras que los centros privados financiados con fondos públicos no han hecho más que aumentar sus aportaciones.
Otro momento crítico ha sido la pandemia de la COVID-19, que ha sido utilizada para favorecer la desviación de dinero público hacia contratos privados en temas como la hospitalización de los enfermos menos graves, el rastreo, la vacunación, etc., en lo que la Comunidad de Madrid ha tenido un evidente liderazgo.
El tercer paso es la ruptura del aseguramiento. El modelo teórico hacia el que se pretende avanzar es hacia un modelo de aseguramiento fraccionado en el que las personas con más recursos tendrán un sistema de provisión mediante seguros privados, de mayor o menor calidad dependiendo del coste de sus pólizas (como en EE.UU.). Una Seguridad Social deteriorada que cubra a las personas asalariadas, probablemente con una provisión mayoritariamente privada, y un sistema de beneficencia para el resto de la población. Evidentemente, se trata de un modelo muy regresivo y difícil de implantar en el corto plazo, pero para lo que hay que dar pasos progresivos y continuos de manera que acabe imponiéndose.
En las diferentes consejerías de Salud de cada Comunidad Autónoma el patrón se repite. Los gestores de la burguesía, sean del color que sean, buscan avanzar hacia un modelo privado donde se deba pagar por una atención sanitaria digna.