Remontémonos al año 2010: José Luis Rodríguez Zapatero impone un recorte del 5% en el salario de los trabajadores públicos y se convierte en el primer presidente que rebaja el sueldo de los funcionarios.
Hasta el momento, ningún gobierno había reducido los salarios públicos, aunque sí los habían congelado; primero el de Felipe González en el 94 y posteriormente el de José María Aznar en el 97, lo que obtuvo, por cierto, una contundente respuesta en forma de huelga en la función pública.
Después del recorte de Zapatero, se suceden años de congelación salarial, seguida por la retirada de la paga extra de las navidades de 2012, ejecutada por Rajoy, tras la que llegan más años de congelación; después, subidas salariales irrisorias del 1% en 2016 y 2017 y del 1,75% y 2,5% en 2018 y 2019 respectivamente, años en los que los capitalistas españoles dejan atrás definitivamente la crisis de 2008. Los dos siguientes años se cierran con ligeras subidas del 2 y del 0,9%. Para 2022, el Gobierno decreta sin negociación con las organizaciones sindicales una subida del 2%, pero la inflación se dispara en los últimos meses del año y el incremento salarial previsto se convierte en una pérdida de poder adquisitivo ante el incontrolado incremento de los precios.
Es necesario hacer este reciente recorrido histórico de los salarios del sector público para comprobar cómo se ha fraguado una perdida de poder adquisitivo que no se reduce únicamente a la última década, sino que viene de lejos. Pero volvamos al presente. Año 2022. Inflación por las nubes con registros que no se veían desde hace décadas. La subida impuesta del 2% se torna ridícula con una tasa de variación anual del IPC del mes de septiembre que se sitúa en el 8,9% y ante una situación que puede derivar hacia una forma de estallido social, la socialdemocracia entra en juego cumpliendo su papel histórico de garantizar la paz social mediante el reparto de migajas.
El Acuerdo contempla un incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 que se situaría en el 8% y que se podría incrementar hasta un máximo de un 9,5% según diversas variables. Unas cifras que se manifiestan ridículas ante los datos de la inflación que se situaba en el 9% en septiembre, tras varios meses por encima de los dos dígitos y con un IPC armonizado que se sitúa en el 9,3% en comparación con el mismo mes de 2021.
Conscientes de que ni se les pasa por la cabeza elevar los salarios al ritmo de la inflación con una propuesta únicamente para el año 2023, el Gobierno socialdemócrata realiza una oferta a tres años. Conscientes de que su propuesta salarial es ridícula si la comparamos con los precios, el Gobierno lo vende no como un simple acuerdo salarial, sino que supone, en su relato, nada más ni nada menos, el fin de los recortes del Gobierno de Rajoy y la eliminación definitiva de las medidas del funesto RDL 20/2012, de 13 de julio. Cabría preguntarse por qué el gobierno progresista ha tardado 5 años desde que llegó al ejecutivo en derogar un decreto tan sumamente perjudicial para los intereses de los trabajadores del sector público.
Además, la propuesta recoge algún elemento de digitalización y teletrabajo por aquí, algún guiño a la igualdad de género y de atracción y retención del talento por allá, y una vez alcanzado el Acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, el Gobierno lo vende como un “compromiso de impulsar una Administración del siglo XXI”. Si lo que pretendían era avanzar en el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, tan propio de este siglo, el acuerdo sin duda lo consigue.
Los promotores del acuerdo lo dan por bueno dada la compleja situación internacional y la inestabilidad política. Es momento, de nuevo, “de arrimar el hombro, de ser conscientes de la difícil realidad que vivimos y de no ser tan ambiciosos. No se trata de un acuerdo para avanzar, sino para no retroceder más”. Pero es que cuando no es la crisis financiera, es la pandemia y cuando no la guerra. Este sistema siempre cuenta con chivos expiatorios que permiten justificar el constante empobrecimiento al que se sometido la mayoría social.
Sin embargo, suscribir un acuerdo salarial por debajo del IPC es asumir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos, que se añade a décadas de pérdida constante de poder adquisitivo, 20% solo en los últimos 10 años. Hay que tener en cuenta que entre septiembre de 2021 y mayo de 2023, la inflación estará en torno al 20%. Aceptar propuestas salariales como la realizada por el Gobierno, muy por debajo de la inflación, supone transigir con recortes encubiertos. Y lo peor, es que se llega a este acuerdo sin un proceso movilizador; se ha prescindido de la fuerza de la clase obrera en la negociación.
La estrategia del Gobierno es clara: pretende “controlar” la inflación mediante la contención salarial; primero en el sector público, donde controla directamente los salarios, marcando así la tendencia y los límites para las luchas que se pueden dar en las negociaciones de los salarios del sector privado, donde recordemos que las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos hasta julio aumentaron únicamente un 2,56%, con una brecha cada vez mayor entre los sueldos y la inflación.
En resumen, nada nuevo bajo el sol: el Gobierno decide empobrecer a la clase obrera y pauperizar los servicios públicos, mientras los capitalistas aumentan sus márgenes de beneficio. Es necesario decir las cosas claras y romper con la lógica del mal menor: ni el Gobierno es un aliado, ni es preciso apoyarle ante el temor de la llegada de las fuerzas más reaccionarias. La única garantía de frenar a la reacción es organizarse ante cualquier ataque de los capitalistas y sus gestores, incluso de aquellos que se disfrazan de amigos pero que gobiernan contra la mayoría social.