Año tumultuoso en Reino Unido. No solo nos referimos a los tropiezos legales de algunos dirigentes del Partido Laborista ni a las puñaladas entre bastidores de las distintas facciones del Partido Conservador, con cambio de Primer Ministro incluido. En los últimos meses ha estallado toda una serie de conflictos obreros por todo el país en busca de una mejora de las condiciones laborales —y específicamente salariales— que permitan paliar la situación de un país cuya inflación amenaza con llegar a finales de año al 18% y en el que la factura de la luz subió de media más de un 50% como consecuencia de la subida de precios del gas natural, con previsiones de nuevas subidas considerables en octubre y en enero y abril de 2023.
Ya antes de verano, ciertos sectores estratégicos consiguieron paralizar el país. Más de 40.000 trabajadores ferroviarios secundaron la huelga convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), con unos servicios mínimos por debajo del 20%, a pesar de las quejas de Boris Johnson —entonces aún Primer Ministro— sobre cómo afectaría a las empresas de todo el país. ¿Las reivindicaciones? Mejoras en las condiciones laborales, supresión de algunos recortes presupuestarios del gobierno y unos aumentos salariales acordes a las subidas de precios.
Las huelgas se han ido sucediendo a lo largo de todo el verano, pero es a mediados de agosto cuando comienza una oleada de huelgas: estibadores, trabajadores de recogida de basuras, profesores de secundaria de centros privados, carteros, periodistas, conductores de autobús, trabajadores del sector de las telecomunicaciones, abogados y trabajadores de la industria química son algunos de los colectivos que han llevado a decenas de miles a la huelga, a los cuales podemos sumar a casi medio millón de profesionales sanitarios que, a instancias del Real Colegio de Enfermería, están votando actualmente (hasta mediados de octubre) si finalmente van a la primera huelga del sector en el país, y una nueva huelga de trabajadores ferroviarios, convocada por 4 sindicatos distintos y que por la situación política de septiembre se retrasa hasta octubre, afectando a 14 empresas ferroviarias del país.
Desde estas líneas no podemos más que felicitar y solidarizarnos con los cientos de miles de trabajadores británicos que han participado y participan en estas expresiones de lucha. Aun precarias, aun inmediatas, aun expresando las necesidades de supervivencia más básicas de la clase obrera, son un paso adelante en la defensa de los intereses de nuestra clase, y por tanto sirven para que nuestra clase avance y aprenda.
Sin embargo, es necesario también ser prudente y tampoco hacerse excesivas ilusiones. Si bien la situación para la mayoría trabajadora en Reino Unido es igual de drástica que en el resto de países de Europa, las fechas en las que se desarrollan no son casuales. La situación política interna ha sido extremadamente convulsa durante todo el verano, acabando finalmente con la dimisión de Boris Johnson como líder del Partido Conservador y como Primer Ministro a principios de septiembre, debilitando la ya debilitada posición parlamentaria de los “tories” —ha pasado de más de un 50% de votos en las encuestas en mayo de 2020 a en torno un 32% actualmente, 8 puntos por detrás del Partido Laborista—, y con un Partido Laborista intentando avanzar posiciones para las elecciones, a priori en 2024, pero con varias peticiones de adelanto electoral.
Y coincide además con los anuncios de cambio en la dirección del Congreso de Sindicatos (TUC, que reúne más de 5 millones y medio de afiliados), tras el anuncio en mayo de la actual secretaria general, Frances O’Grady —también en la dirección del Banco de Inglaterra desde 2019— de abandonar la dirección a finales de año y en julio de quién la sustituirá en la principal responsabilidad de la federación sindical. Especialmente destacable es el hecho que muchos de los 48 sindicatos afiliados al TUC, aparte de otros sindicatos en otras federaciones, también tienen relaciones con el propio Partido Laborista, exhibiendo la total hegemonía de los socialdemócratas en la dirección del movimiento sindical.
No se malinterprete. Los sindicatos son una herramienta no solo extremadamente útil, sino imprescindible para la clase obrera. Pero cuando son domados por partidos que defienden intereses ajenos a la clase obrera, por quienes representan entre los trabajadores los intereses de los capitalistas, las luchas de la clase obrera son reconducidas a los límites de lo posible. Nuestra tarea —y es una tarea dura, larga, inaplazable y posible—, como comunistas, es precisamente construir un movimiento sindical donde la socialdemocracia no dicte qué, cuándo y cómo luchamos los trabajadores según sus propios intereses políticos. Porque no nos confundamos: ¿acaso un sindicato cuya dirección recayese en los trabajadores habría cancelado una huelga contra la pobreza de los trabajadores por la muerte de la reina de un estado capitalista?