A comienzos de julio de 2022, se filtró la pieza que ha permitido terminar de interpretar el que quizá haya sido el proceso de lawfare más notorio en España en los últimos años. La connivencia expuesta a través de esas grabaciones entre grandes empresas y sus medios de comunicación con partidos políticos, jueces, fiscales, policía, e incluso con el servicio secreto, ha fraguado casos de espionaje, guerras empresariales o campañas de manipulación informativa contra un partido de gobierno. Todo indica que estas últimas campañas fueron dirigidas a condicionar las simpatías políticas de la opinión pública y su orientación de voto. Si tratamos de entender estos hechos asumiendo los dogmas de la separación de poderes, que concibe a la política y al Estado como elementos desvinculados del poder económico o que cree que la pluralidad informativa implica la existencia de diversos medios, es muy probable que tratemos de entenderlo como una excepción o una anomalía.
En las causas judiciales que atañen al excomisario Villarejo se dibuja una extensa red ilegal compuesta por un grupo de cómplices y colaboradores vinculados a diversas cúpulas policiales que otorgaban recursos, información o cobertura a Villarejo. En estas mismas causas puede observarse la utilización de los recursos del Estado para desarrollar, como en el caso del BBVA, campañas de espionaje contra empresas rivales como el Banco Santander o Sacyr. Este uso del Estado por parte del capital para espiar, manipular procesos judiciales, acosar o conseguir contratos, ocurrió – que se sepa – con al menos otras 11 grandes empresas como Repsol, Caixabank, Indra, Iberdrola, Mutua Madrileña o Grupo Planeta. Entre clientes y rivales se encuentran, al menos, el 20% de empresas del IBEX-35. Esto nos muestra cómo se ha naturalizado el uso del Estado por parte del gran capital en su acción empresarial. No como dos entes diferenciados con mayor o menor dimensión; sino como una suerte de Estado-“brazo ejecutor” o “correa de transmisión” de los designios del capital. Algo que revela, no sólo la visión de las grandes empresas en relación a las instituciones en nuestro país, sino también, su justificada sensación de propiedad sobre el país en su conjunto. Para la gran empresa no existe un “ellos” (Estado) o un “nosotros” (empresa), sino un todo político y económico. Quizá cada cuatro años existan elecciones de las que se derive un gobierno sumiso a cierto sector del IBEX y pasados esos años, a otro; pero la hegemonía del capital continúa imperturbable.
Son estas empresas, que controlan el Estado, las que cuentan con herramientas mediáticas en propiedad con las que propagar ideológicamente la línea empresarial de sus matrices. Cada vez con más medios y plataformas pero entre menos grupos mediáticos. Actualmente el Grupo PRISA, el Grupo PLANETA (Atresmedia), Mediaset, Vocento, Unidad Editorial, Grupo Godó y Prensa Ibérica son los grupos mediáticos privados con mayor implantación en España. Sin embargo, en abril de 2022, solamente entre Mediaset y Atresmedia consiguieron seis de los diez primeros puestos entre las cadenas de televisión más vistas (un total del 44,6% de la cuota de pantalla). A su vez, Atresmedia y PRISA cuentan con más del 50% de los oyentes entre las radios estatales entre sólo dos cadenas. Además de la evidente parcialidad mediática, este escenario revela la tremenda falta de pluralidad informativa, que va por supuesto acompaña de la gran restricción del sector público a la hora de conceder licencias de radio y televisión. Medios que junto con internet tuvieron más penetración entre la audiencia en el año 2020. En el caso de la televisión, con una audiencia general del 85,1% entre la población. 30 puntos porcentuales más que la radio y 67 más que los diarios estatales.
“Unidas Podemos” y sus miembros más destacados, sin pretender si quiera acabar con el capitalismo, han sufrido las duras consecuencias de querer experimentar con la reforma del sistema a través de la vía electoral. Han soportado el peso de la calumnia, del insulto o el acoso a través de noticas falsas en “prime time”, manipulación informativa en campaña electoral, construcción de causas judiciales a partir de pruebas falsas, imputaciones para retirar el escaño a diputados o para denigrar a sus líderes políticos. Todo ello auspiciado por el capital a través de sus medios de comunicación y de un Estado que dicen querer cambiar. Si la – no tan nueva – socialdemocracia en cualquiera de sus formas o marcas, sigue apostando por reformar un sistema que le pasa constantemente y de manera contundente por encima, es porque o bien son tontos útiles en manos de los poderes económicos que marcan la pauta a nivel político, o bien son plenamente conscientes de ello y deciden engañar y generar falsas expectativas entre la clase obrera para seguir manteniendo estructuras, cargos y salarios para perpetuarse en el “establishment” que dicen querer cambiar.
Sin embargo lo importante no es discernir sobre si la posición de “Sumar”, como continuación del proyecto de Podemos e Izquierda Unida, es ingenua o hipócrita. Si simplemente son incapaces o se aprovechan de la ilusión de los más desposeídos. Lo importante es si la sociedad en general y la clase obrera en particular, comprende las posibilidades reales que otorga nuestro actual sistema político y económico de cara a solucionar sus principales problemas. Lo central es decidir, de manera consciente, si vamos a dejar de apostar pasivamente por proyectos políticos que dicen querer reformar un sistema donde ha quedado claro que no caben reformas estructurales. Si vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, sin pasos hacia atrás; y vamos a estructurar proyectos revolucionarios que acaben con la explotación y miseria que sufrimos.