El 24 de junio trataron de entrar en Melilla más de 2000 personas. El intento se saldó con un resultado dramático: 133 personas lograron cruzar la frontera y, a fecha de hoy, se encuentran en Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla. No obstante, la sombra del drama se cierne sobre aquellas personas que no consiguieron su objetivo. Las fuentes oficiales hablan de 23 personas fallecidas y no concretan el número de heridos. Por otro lado, las fuentes no oficiales sitúan que la cifra de muertes asciende a 45 personas y más de 350 heridos.
Las personas que hoy se encuentran en el CETI expresaron rápidamente su intención de pedir asilo, ya que la mayoría son de origen sudanés o del Chad, y sus países se ven envueltos en conflictos armados. Aun así, siendo fácil imaginar que esta intención era compartida por el conjunto de personas que protagonizaron el intento de llegar a España, las imágenes que han circulado dejan patente la colaboración del Gobierno español en la vulneración de derechos humanos en Marruecos. Lo evidencian las escenas de los gendarmes marroquíes recogiendo a migrantes en suelo español para devolverlos a suelo marroquí.
Pedro Sánchez reivindicaba al día siguiente el extraordinario trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la coordinación con el gobierno marroquí en la protección de las fronteras españolas. Además, catalogaba el suceso de “ataque violento a la integridad territorial del país por parte de mafias que trafican con seres humanos”. Con estas palabras, el presidente español rehusaba la responsabilidad del derecho humanitario al asilo de las personas migrantes.
Pese al aluvión de críticas, la coalición gubernamental cerraba filas. El 27 de junio, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ratificó en rueda de prensa las declaraciones del Presidente.
El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) denunciaba, el mismo 27 de junio, la connivencia de la Unión Europea con las políticas de Marruecos, en su gestión de los flujos migratorios en su territorio y en la zona ocupada del Sáhara Occidental. La nota de prensa culpabilizaba a la coalición de gobierno y la señalaba como cómplice directa de los sucesos de Melilla por la cesión ante las demandas de Marruecos. Además, el PCTE exigió responsabilidades al Gobierno de España por la vulneración de los derechos de las personas migrantes.
Más allá de las escalofriantes cifras, las imágenes difundidas impactan por la violencia con la que respondió la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Gendarmería Real de Marruecos. Las imágenes de cuerpos amontonados, algunos boca abajo, no han dejado indiferente a nadie. En distintas ciudades del territorio español multitud de organizaciones políticas, sindicales y sociales han convocado concentraciones de denuncia de los hechos, comparando el trato de los refugiados africanos con la gestión de los refugiados de la guerra en Ucrania. Se ve que el asilo de refugiados es una acción hipócrita condicionada por los intereses geopolíticos.
Estas expresiones de denuncia en contra de la actuación del Gobierno de España también se han podido ver en otros países europeos. En Grecia, organizaciones como el Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME) han protagonizado concentraciones de denuncia delante de la embajada española.
Es interesante acabar el artículo haciendo mención al Partido Comunista de Grecia (KKE). El que hace pocos días se fundía en el cortejo del PCTE en Madrid, para protestar contra la cumbre de la OTAN, publicaba una resolución donde criticaba la hipocresía inhumana de los gobiernos capitalistas celebrando el Día internacional de los Refugiados (20 de junio). Solamente 4 días después ocurrían los hechos de la masacre de la valla de Melilla.