Dani Martínez es Presidente del Comité de ALSA y uno de los represaliados por la última huelga de la empresa de transporte de viajeros por carretera. Nuevo Rumbo habla con él sobre el conflicto y la represión antisindical.
¿Cuáles fueron los motivos del conflicto que dio origen a la convocatoria de huelga de hace un año?
Esta era ya la segunda huelga en un año y los motivos son variados, pero fundamentalmente se sustancia en la utilización de los ERTE durante la pandemia para reducir líneas y recortar derechos tanto de los trabajadores como de los usuarios. Reducción de líneas que antepuso la mera cuestión económica al interés de movilidad social, y todo ello con la connivencia tanto del Consorcio de Transportes como del Gobierno del Principado.
¿Qué seguimiento tuvieron las convocatorias?
La primera tuvo una participación masiva de la plantilla, ante ello la empresa intentó dinamitar la segunda convocatoria con unos servicios mínimos abusivos del 50%. Hay que tener en cuenta que habitualmente estos servicios se solían marcar en un 20%. Esta cuestión la hemos denunciado y estamos a la espera de resolución favorable.
Cerca de un año después ALSA inicia el camino de la represión sindical. ¿qué sanciones os pone la empresa y en base a qué?
En primer lugar hay que decir que Delegación del Gobierno propició denuncias sobre sindicalistas que se destacaron durante las huelgas. En concreto seis compañeros fueron denunciados por actos vandálicos y asociación ilegal, e imputados por terrorismo. Siendo esto una clara muestra de criminalización de la lucha sindical.
Por otro lado, la empresa sancionó con un mes de empleo y sueldo a once compañeros, entre los que nos encontramos miembros del Comité de Empresa, por no respetar los servicios mínimos. Aquí hay que tener en cuenta que los mismos, según la empresa, fueron notificados e incumplidos. Pero la realidad es que la comunicación fue realizada por un medio no certificable como es el WhatsApp y a los teléfonos personales, algo que deja totalmente indefenso al trabajador en caso de ser admitida esa vía de comunicación. Esta comunicación ha de ser siempre por medios certificables como pueden ser la entrega en persona en la propia empresa o comunicados por burofax.
¿Los represaliados sois todos del mismo sindicato, o la represión se hizo en base a otros criterios?
La represión es hacia quien se menea. Entre los sancionados estamos miembros de varios sindicatos como CSI o CCOO, pero sin duda coincide con los compañeros que se han destacado más en el proceso de movilización por los derechos laborales de la plantilla y también por los derechos de movilidad de la población. También es importante aclarar que existen delegados (pocos) que, plegados a los intereses de la empresa, hacen el juego en contra de los trabajadores.
Estáis recibiendo muestras de solidaridad desde distintos puntos de España. ¿Cómo están los ánimos de los compañeros sancionados?
Los ánimos están muy arriba. Sabemos que estamos ante un intento de acallar la protesta por medios antisindicales, e incluso ilegales.
Por poner un ejemplo, la empresa nos ofreció la posibilidad de rebajar la sanción aceptando la culpa, pero hemos decidido afrontar el castigo y denunciarlo. Tenemos denunciados los servicios mínimos, las comunicaciones de la empresa y las sanciones individuales, pero independientemente del resultado en los tribunales creemos en la justicia de nuestras reivindicaciones y nada nos va a echar atrás.
La represión no nos va a parar, y en ese sentido agradecemos las múltiples muestras de solidaridad que estamos recibiendo en forma de comunicados de Comités de Empresa y de Secciones Sindicales desde toda España.