El PCTE celebra este mes su II Congreso. Ha sido bautizado como Congreso del Centenario porque se celebra exactamente cien años después de aquella Conferencia de Unidad en la que los primigenios Partido Comunista Español y Partido Comunista Obrero Español acordaron una fusión, auspiciada por la Internacional Comunista, que pocos meses después, en marzo de 1922, se concretaría con la celebración del I Congreso del Partido Comunista de España (sección española de la Internacional Comunista).
La coincidencia en fechas no es casual, pero tampoco se debe a razones meramente nostálgicas. Obedece principalmente a la voluntad de reivindicar los motivos por las que aquellos camaradas se organizaron y de traer a la palestra política la actualidad de las tesis revolucionarias en un momento en que parece que el movimiento obrero de nuestro país se encuentra atrapado en el viejo debate entre lo malo y lo peor.
Una prueba la tendremos este mes, cuando se anuncien los elementos esenciales de la nueva reforma laboral pactada entre el Gobierno, las centrales CCOO y UGT y la patronal CEOE-CEPYME. No, no hay lapsus, decimos “nueva reforma laboral” porque aquello de derogar las reformas anteriores ya cayó en el olvido y, desde hace meses, únicamente se habla de “modernizar el mercado laboral”.
Sabemos que, siempre que un gobierno capitalista habla de “modernizar” algo, lo que está proponiendo es adaptar ese algo a las exigencias de los capitalistas. “Modernizar” la industria supuso la destrucción de sectores enteros de la producción en España para trasladarlos a otros lugares del planeta donde los costes eran más bajos. “Modernizar” el sistema educativo supuso la entrada masiva de capital privado en el sector a través de escuelas y universidades. “Modernizar” el sistema bancario está suponiendo cerrar miles de oficinas en todo el país para ahorrar costes.
Con esta nueva propuesta de “modernización”, el objetivo principal es multiplicar la flexibilidad a favor de las empresas y facilitar todavía más que los capitalistas puedan remontar sus crisis mediante el traslado de sus costes al Estado. Por el camino, se ha transformado la reivindicación de derogación de las dos últimas reformas, las ejecutadas tanto por PSOE como por PP con la excusa de la crisis anterior, en una especie de exigencia de una nueva reforma tanto o más lesiva para los intereses de la mayoría trabajadora que aquellas.
Las riñas y discusiones en el seno del Gobierno de coalición socialdemócrata sobre quién pilota las negociaciones no tienen que ver con el objetivo de fondo. En primer lugar, ya se pusieron de acuerdo en que la reforma de 2011, la de Zapatero, no hacía falta tocarla. Ahora están de acuerdo también en aprovechar la situación para introducir nuevas medidas antiobreras. Pero en lo que parecen disentir es en la profundidad de tales medidas y en el alcance de las contrapartidas que se ofrecerán a las cúpulas sindicales para conseguir su beneplácito ante esta nueva agresión.
Yolanda Díaz, para quien ser comunista sigue siendo complejo, ya está lanzando su candidatura y estas trifulcas le vienen de perlas. Después del reciente período en que prácticamente ha pintado como históricas y revolucionarias medidas que eran poco más que la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, ahora promueve la idea de que su propuesta de reforma laboral es la que interesa a la mayoría trabajadora. Para ello cuenta con la inestimable ayuda de ciertos sectores sindicales defensores del pacto social que, en su falta de perspectiva, criterio y decencia, son capaces de cualquier cosa con tal de mantener en los despachos una influencia que están perdiendo en la calle y en los centros de trabajo.
No nos engañemos, a Pedro Sánchez todo esto le viene bien también. El PSOE, con sus 140 años de historia de maniobras y cambios de chaqueta, sabe que, en caso de una hipotética ruptura de la coalición, le bastará con presentarse como la parte responsable, la parte que tiene capacidad de gestión “para todos”, para sobrevivir e incluso poder repetir victoria electoral.
Pero la realidad es tozuda y el futuro inmediato pinta mal para nuestra clase. Los precios de los productos básicos siguen disparados y la única solución que se les ocurre a los socialdemócratas es inventarse bonos y subvenciones para que las familias puedan hacer frente a los gastos, pero sin abordar en ningún momento las causas reales de esas subidas de precios. No se toca la especulación, no se toca la propiedad privada de los sectores estratégicos, no se tocan los beneficios millonarios de las empresas, sólo se les canaliza dinero subvencionando las facturas, sin preocuparse de cuál es la razón por la que esas facturas no se pueden pagar.
El problema es que este Gobierno está apoyado por quienes se autodenominan comunistas. Por quienes también reivindican el Centenario desde otras siglas. Cada uno sabrá qué hace con su vida, pero se hace necesario hacer un recordatorio: los comunistas nacimos contra la socialdemocracia y con el objetivo de hacer triunfar la revolución socialista, no para subordinarnos a la socialdemocracia ni para hacer triunfar un determinado tipo de gestión capitalista que mantiene intacta la explotación.