La nueva ley educativa, LOMLOE, despertó una airada reacción de conservadores, liberales y reaccionarios que se dedicaron a espolear a la patronal de la educación, especialmente de la concertada, para movilizarse contra la misma. Hay quien vio en esto razón suficiente para abrazar la ley, porque si son ellos los que se movilizan, debe ser porque es positiva.
Nada más lejos de la realidad. La propuesta de reforma curricular lleva a la oposición parlamentaria al Gobierno de España a un nuevo ataque, porque se rebajan los contenidos, porque se premia la vagancia, porque se pretende adoctrinar en las escuelas, porque el castellano va a desaparecer en los territorios plurilingües… Que los ataques provengan del PP, VOX o Ciudadanos, no hace buena la ley, ni el nuevo currículum.
Ni la LOMLOE acaba con los conciertos educativos (mucho menos con la educación privada), ni con las elevadas ratios y horas lectivas de los docentes, las carencias del modelo de atención a la diversidad, o la religión en las aulas… ni la reforma del currículum en búsqueda del perfil del alumno en base a competencias va a erigirse con el objetivo del desarrollo integral del alumnado.
Aquí aparece el primero de los viejos consensos de todas las leyes educativas en España. El sistema educativo sirve para cualificar la futura fuerza de trabajo que será explotada por la burguesía. Existe pleno consenso entre todas las fuerzas políticas parlamentarias en cuanto a adaptar la educación a las demandas de las empresas. De ahí que los aprendizajes que se persiguen en el currículum, de modo más acentuado en los cursos superiores, formación profesional y Universidad, deban servir a las demandas del mercado laboral. Los distintos redactados para embellecer esta realidad no pueden esconder la realidad misma.
El otro gran viejo consenso que queda al margen del debate público es el de que el sistema educativo es una de las más potentes herramientas en manos de la clase dominante para promover en las futuras generaciones una visión del mundo funcional a sus intereses. Es decir, para la reproducción de la ideología burguesa, en este caso, y para afianzar su sistema de dominación. Las acusaciones de adoctrinamiento que hoy esgrimen las posiciones más reaccionarias contra algunos contenidos curriculares, son las que ayer elevaba la socialdemocracia contra otros contenidos de la LOMCE. Pero en lo que las diferentes opciones de gestión capitalista coinciden es en que todas las leyes organizadas por contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje o competencias, con o sin educación para la ciudadanía o educación en valores, promueven los consensos ideológicos de la burguesía: defensa del capitalismo, de la Constitución Española, del papel internacional de España y su pertenencia a las alianzas interimperialistas, loas a la colaboración de clases y al papel de los agentes sociales, etc.
Entre tanto debate parlamentario pasan desapercibidas las condiciones reales que posibilitarían algunas intenciones educativas curriculares: reducción de ratios y horas lectivas del profesorado, ampliación de cupos de atención a la diversidad, aumento de plantillas docentes y de servicios complementarios, reducción de la temporalidad (sin castigar a los trabajadores temporales vía Icetazo) o reforma y construcción de centros educativos para adaptarlos a las necesidades pedagógicas y sanitarias del presente. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es tozuda en demostrar que sin determinadas condiciones, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve gravemente perjudicada.
El último gran consenso que nadie parece cuestionar es la promoción de la educación privado-concertada como nicho de mercado, el hecho de permitir que una necesidad básica sirva como objetivo principal a la acumulación de ganancias por unos pocos.
Agrupar contenidos en ámbitos, renombrar áreas, estructurar el proceso a partir de competencias, modificar la distribución de elaboración curricular entre Gobierno y autonomías, cambiar ciclos o sistemas de promoción, son cuestiones de matiz en un currículum que (como cualquier otro desarrollo de una ley educativa en una España capitalista) no va pasar de ser una actualización para mejorar las prestaciones de los futuros trabajadores en su explotación asalariada, al tiempo que reforzará los principales consensos ideológicos que promueven la continuidad del capitalismo en nuestro país.