El 1 de junio entraba en vigor la nueva tarifa de la luz que, según todos los expertos, supondrá un drástico aumento en la factura mensual de la electricidad, habiendo quien habla de un posible incremento de hasta el 20 % para muchos hoga19res.
Ese día prorrumpían en vivas y aplausos los habituales aduladores del Gobierno, según los cuales el “cambio tarifario” ha llegado para “modificar los hábitos” de los trabajadores y “fomentar el autoconsumo”. Los trabajadores discrepamos: la misma semana del 1 de junio, miles de personas se echaban a la calle contra el “tarifazo”, palabra más adecuada para definir este atraco, y lo hacían con algo muy claro en mente: con esta medida, de nuevo, ganan las grandes empresas y pierden las famílas obreras.
Pero no vayamos tan rápido. La telaraña de mentiras que ha tejido el Gobierno, con la complicidad de algunos medios, alrededor del “tarifazo” es asombrosa: no en vano se han destinado, hasta el momento, más de 2 millones de euros a campañas publicitarias para vendernos las bondades de la medida, según la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional. Hay que ir desgranando todos los elementos del debate para poder llegar a una conclusión.
Los precios de las facturas eléctricas, ya desorbitados de por sí antes del “tarifazo”, dependen fundamentalmente de tres factores: el mercadeo que hacen las empresas con la energía, los impuestos y los gastos fijos regulados. En los tres y con los tres gana la burguesía.
Por lo que respecta al primero de los tres elementos, baste decir que en nuestro país tener corriente eléctrica en casa no es un derecho, pues la electricidad es una mercancía. Una mercancía con la que especulan diariamente productores y distribuidores energéticos. Y es que, al no serles rentable económicamente el almacenaje de la electricidad, diariamente producen la que creen que consumiremos y se encuentran en la llamada ‘pool’, es decir una bolsa, de la electricidad para negociar el precio de venta al por mayor. Este precio es determinado de una forma oscura y compleja, pero no rige en él la ley de la oferta y la demanda sino que, al contrario, los precios los determina cada hora la oferta que hace la última empresa que entra a ofrecer su electricidad. De esta forma, aunque una empresa hidroeléctrica haya producido electricidad “barata”, la venderá al mismo precio que la energía más cara de las centrales de ciclo combinado si éstas han entrado las últimas.
Este mecanismo para asignar el precio de la electricidad introduce dos peligrosos elementos: el primero, la enorme volatibilidad del precio del kilovatio; y el segundo, que las empresas que producen prácticamente a ‘coste cero’ también se llevan enormes beneficios (los llamados “beneficios caídos del cielo”).
Después, en nuestra factura podemos encontrar también un precio fijo para la potencia contratada, que va a parar a manos de las distribuidoras, y diversos impuestos que el Estado regala a las empresas energéticas con distintas excusas (impuesto para mantener abiertas las centrales deficitarias, para las energías renovables, etcétera).
Por si esto fuera poco, nuestras facturas están también grabadas por el Impuesto de la Electricidad (5,11%) y el IVA (21%).
A estas alturas, a nadie se le debe escapar ya que lo que pagamos por la electricidad no se corresponde con lo que ha costado generarla. Las empresas energéticas se embolsillan multimillonarios beneficios. Y así, Endesa cerró el año 2020 con un beneficio de 1.394 millones de euros; Iberdrola, con 3.610 millones y Naturgy, con 490 millones.
Las empresas energéticas ejercen una enorme presión sobre el Gobierno, que cede a todos sus chantajes y demandas. Sin duda ayudan las recompensas que otorgan a los políticos: más de cincuenta políticos de primera fila de las últimas dos décadas han acabado en consejos de administración de empresas eléctricas: Acebes, Aznar, Borrell, Boyer, Espinosa de los Monteros (padre), Felipe González, etc.
A la presión de las eléctricas responde el “tarifazo”, por mucho que el Gobierno hable de “responsabilidad” ecológica. Sin esconderse ni un ápice, el último comunicado del Gobierno respecto a la reforma, fechado en 5 de mayo, decía que la reforma iba encaminada a fomentar el “autoconsumo” y la “responsabilidad”, obligando a los trabajadores a desplazar el consumo eléctrico a las horas nocturnas en las que se supone deberían estar durmiendo.
El “tarifazo” ha asestado un golpe demoledor en una de las tres “patas” de la factura eléctrica de las que hablábamos antes: la de los gastos fijos. Los “peajes” eléctricos, que son los pagos fijos que hacemos para sostener la red y el transporte de la electricidad entre otros conceptos, han sido divididos en tres franjas, dos de las cuales tienen precios prohibitivos para las famílias obreras y la última está situada en una hora imposible, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana.
Esta medida, que ha puesto en pie de guerra a la clase obrera, se da además en un contexto en el que el precio del gas y de las emisiones de CO2 están por las nubes, algo que encarece la primera “pata” de la factura eléctrica: la del precio en el mercado mayorista. Así, estos días no sólo tenemos varias franjas horarias en las que suben los gastos fijos, sino que además el precio del kilovatio por hora se ha incrementado en todas las franjas debido al mercadeo con la electricidad.
El “tarifazo” simboliza la sumisión del Gobierno ante los monopolios eléctricos, pero ha contado también con el visto bueno de Bruselas, que monitoriza de cerca las reformas que en los próximos meses y años el Gobierno ejecutará en beneficio de los monopolios para salvarles los muebles en medio de la durísima crisis capitalista que estamos viviendo. Ante sus ataques de clase: ¡levantemos un muro de contención en todos los barrios obreros!
Domènec Merino