A lo largo del mes de abril, mientras cierta prensa y varios representantes del Gobierno central espoleaban el viejo fantasma de la democracia amenazada por el fascismo con el ánimo de rascar unos cuantos votos en Madrid, en La Moncloa y en los despachos del Ministerio de Economía se terminaba de escribir uno de los capítulos más bochornosos de la historia reciente de la política española.
Hablamos, cómo no, del plan presentado por el Gobierno a la Comisión Europea para justificar en qué se van a gastar los millones del fondo aprobado el pasado mes de julio y que, según nos han repetido por activa y por pasiva, iban a venir sin condiciones. A pesar de que desde estas páginas ya advertimos de que eso no sería así, todavía muchas personas seguían – y siguen – confiando en las falsedades que difunde el aparato de propaganda del Gobierno, no se sabe si por candidez o por ausencia de criterio, o quizás porque tienen tan asumido que los que están en La Moncloa son “los suyos” que prefieren agarrarse a un clavo ardiendo antes que levantar la voz ante el brutal atropello que se avecina. Atropello que, todo sea dicho, no afectará sólo al propio programa de gobierno acordado por las fuerzas de la coalición socialdemócrata, sino a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población de nuestro país.
Pedro Sánchez y sus gurús jugaron a retrasar al máximo la difusión de su propuesta a la Comisión Europea, a sabiendas de que la prevista impopularidad de muchas de las medidas incluidas en ella podría afectar a sus expectativas electorales en las autonómicas madrileñas. La jugada no les salió bien, como es sabido, pero ahora tienen varios meses por delante para recortar nuestros derechos económicos, sociales y laborales mientras nos sonríen y nos dicen que es por nuestro bien, aunque no lo entendamos.
Tiene razón Yolanda Díaz cuando dice que “la legislatura empieza ahora”. Es raro que nuestra publicación coincida con la Ministra de Trabajo, lo saben de sobra nuestros lectores, pero la realidad es que, con el mes de mayo, se ha abierto una nueva etapa en la política y en la sociedad española en general. Y no porque haya ganado Ayuso, ni porque se haya ido Pablo Iglesias, sino porque a partir de ahora se redoblará el carácter antiobrero y antipopular del Gobierno socialdemócrata y será más evidente a ojos de la población.
Cada nuevo detalle que conocemos sobre el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es una bofetada en la cara de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Subidas del IVA, del gasoil, peajes en las autovías, mochila austríaca, ERTEs cofinanciados por empresas y trabajadores, generalización de los planes de pensiones privados, incremento masivo de las facturas de luz y gas, apertura de más espacios de acumulación al capital privado y un largo etcétera de medidas que se nos quieren imponer bajo la excusa de la modernización, la digitalización y el discurso verde.
Ante lo que está por venir, el Gobierno, sus aliados y sus medios de propaganda van a emplearse a fondo en caracterizar como reaccionaria cualquier forma de protesta. Desde luego, los partidos de la oposición parlamentaria tendrán la posibilidad de desplegar toda su demagogia para tratar de instrumentalizar el descontento popular, y lo tendrán fácil porque también cuentan con unos aparatos de propaganda que han conseguido hacer calar ciertos mensajes engañosos en la conciencia de las masas. Pero ni unos ni otros defensores del capitalismo se distinguen realmente entre sí: el PSOE ha ejecutado recortes y agresiones contra la mayoría obrera y popular siempre que ha gobernado, y lo mismo ha hecho el PP y ese hijo respondón que tienen en VOX.
Frente a las nuevas agresiones, nuestra responsabilidad es levantar una fuerte respuesta que no sólo movilice a amplios sectores contra la agenda antiobrera y antipopular, sino que lo haga bajo criterios clasistas y no bajo falsas banderas nacionalistas o populistas. El peligro real al que nos enfrentamos es que la socialdemocracia, al expresar una vez más su bancarrota aplicando abiertamente los programas que benefician a los capitalistas, da alas a las fuerzas reaccionarias. Tras prometer lo imposible y frustrar por enésima vez a nuestra clase, abre la puerta a la reacción y pretende obligar al movimiento obrero y popular a elegirlos como mal menor, a no movilizarse contra sus planes porque “los otros son peor”.
Este viejo debate, que en España siempre ha atrapado al movimiento comunista en callejones sin salida, debe superarse ya. El movimiento obrero, sus organizaciones y sus dirigentes, deben tener claro que no son amigos ni “son de los nuestros” quienes aspiran a superar esta crisis cargando más peso sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras.
Mientras cada día son más frecuentes las movilizaciones obreras por la defensa de los puestos de trabajo o las condiciones laborales, ahora van a producirse movilizaciones por las condiciones de vida generales del pueblo, en las que la batalla ideológica deberá darse con mayor fuerza todavía, porque no habrá que enfrentar únicamente a la socialdemocracia y a los oportunistas, sino también a corrientes que pretenderán subordinar la lucha popular a los intereses de ciertos sectores capitalistas perjudicados por la gestión de la crisis.
Si alguien pensó que el futuro que describíamos en artículos y editoriales en los últimos meses estaba lejano, debe despertar. La legislatura comienza ahora porque el Gobierno pisa el acelerador de la modernización capitalista española a costa de la mayoría obrera y popular. El futuro ya está aquí, así que es hora de luchar decididamente por cambiarlo.
Redacción Nuevo Rumbo