Hace ya más de un año que comenzó el Estado de Alarma y con él entraron en vigor una serie de medidas económicas que se vendieron por el Gobierno como medidas sociales para paliar el impacto de la crisis del COVID-19.
Hace un año, desde estas mismas páginas avisábamos que esas medidas iban a profundizar en la precarización que vivimos la clase obrera con la excusa de la pandemia. Analizábamos que las supuestas medidas sociales realmente beneficiaban a la patronal y no a los trabajadores.
Un ejemplo de esas medidas fue la agilización de los ERTES y sus bonificaciones a las empresas. Argumentando que se intentaba que no hubiera despidos, se golpeó de nuevo a la negociación colectiva limitando su papel en la aprobación de los ERTES. Además, se bonificó parte de las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas, que supuso el 61% de trabajadores en ERTE. ¿Y para los trabajadores? Se garantizó que se cobraría el 70% del sueldo y que no se descontaría de la prestación por desempleo.
La realidad es que los despidos y ERES se han producido. De los 974.489 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta septiembre de 2020, el 99,3% (967.724 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada, por lo que vemos cómo los ERTES no han sido un freno a los ERES, sino su antesala. A mayores, las empresas están buscando formas de despedir que burlen la supuesta consecuencia de tener que pagar las cotizaciones, como “animar” a los trabajadores a coger bajas voluntarias, algo que tampoco se está impidiendo ni persiguiendo.
Vemos cómo las prórrogas de las bonificaciones de los ERTES hacen que las empresas no se planteen volver a tener a los trabajadores fijos y en condiciones dignas, sino, de vez en cuando, contar con alguno según sus necesidades y sacando de cada uno el máximo beneficio al reducir sus costes laborales. Con la excusa de una nueva medida restrictiva, nos mantienen en vilo sobre si seguiremos trabajando en esa empresa o tendremos que buscar otra que nos contrate.
Conocemos que faltan 35.000 millones para hacer frente al pago de los ERTES. Por ello, se está planteando reducir la prestación del 70% al 60%, lo que supone pasar de una prestación mensual de 1.077€ a 923’45€. Siempre que se cobre el sueldo habitual en España de 18.469€ anuales, al que sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras no llegan.
No se ha tomado ninguna medida para bonificar fiscalmente a los trabajadores que tuvieron doble pagador en el 2020 y que han tenido menos retenciones, mientras sí hay medidas para la burguesía.
El SEPE se ha visto colapsado. Ha tardado meses en tramitar las prestaciones y no aumentar los puestos de trabajo. Los trámites digitales han sido un obstáculo para muchos trabajadores que no tenían medios técnicos ni formativos para acceder a ellos, lo que se ha agravado con la caída digital del SEPE en el mes de marzo de 2021 durante dos semanas, lo que llevó a que las centralitas telefónicas estuvieran colapsadas. Todo ello ha supuesto un desgaste en los trabajadores públicos y un empeoramiento del servicio, otro más a sumar en la lista de servicios públicos que se van deteriorando.
Visto lo visto ¿han favorecido los ERTES a la clase obrera? Faltando aún datos de sobre la cuantía real de la prestación media recibida y estando prorrogados hasta mayo de 2021, tenemos que claro que los ERTES no han mejorado la vida ni el futuro de la clase obrera. Y todavía nos queda por ver qué pasará cuando no haya dinero para pagar los ERTES, ¿Qué es lo que hará el Gobierno que prometió que nadie se quedaría atrás?
Sin embargo, sí han servido para desgastar aún más la negociación colectiva, la cual se ha presentado como un obstáculo que retrasaría el cobro de la prestación por los trabajadores y no como un garante de los puestos de trabajo y de las condiciones dignas del mismo. Se ha impulsado la máxima del “sálvese quien pueda”, es decir, preferir cobrar una indemnización ahora y trabajar de lo que se pueda día a día, lo que favorece la uberización y flexibilización del trabajo. Un día estaremos trabajando como repartidor en GLOVO, otro para AMAZON, otro limpiando alguna oficina o centro comercial, otro como camarero…, lo que trae una mayor desorganización de la clase obrera. También han instaurado un desánimo generalizado en la clase obrera, que se ve arrastrada por el “a ver qué pasa”: a ver si prorrogan los ERTES, a ver si nos reducen la prestación, a ver si por lo menos no nos despiden. No se dan cuenta de que ellos, de que nosotros, la clase obrera, tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, de forzar que las decisiones que se toman sean a nuestro favor, y no dejar nuestra vida y futuro en manos de ese “a ver qué quieren hacer con nosotros”.
Eso es lo que pretendía el Gobierno con la agilización de los ERTES: mejorar las condiciones para traernos nuevas contrarreformas laborales que precaricen aún más nuestros puestos de trabajo y que nuestra capacidad de pararlas sea menor.
Aún nos queda otro mes más de prórroga, y, ¿después? Veremos si somos capaces de tomar la iniciativa, o nos dejamos llevar por la corriente hacia la miseria.
Estrella Alonso