En el momento de redactar este artículo, todavía no están disponibles los datos del paro del mes de abril en Cataluña. No es necesario tenerlos para descubrir el precipicio ante el que se encuentra la clase obrera catalana, que ya contaba en marzo entre sus filas a 505.900 parados, un escalofriante incremento del 21 % respecto a los datos de hace un año. Los ERTE, esa herramienta que el Gobierno central puso en marcha para mantener viva la demanda en el mercado, que no a los trabajadores más que colateralmente, todavía no se han agotado y lo peor de la crisis está por venir.
Todavía son muchos los obreros que sueñan con la constitución de un gobierno progresista en Cataluña que venga a lidiar con sus problemas. El Govern en funciones, consciente del anhelo, se propone cuidar la ilusión. A principios de abril, Pere Aragonès se reunió con los comités de empresa de Nissan para prometerles un futuro. Unos meses atrás, cuando la plantilla viajó a Madrid, el diputado de ERC Gabriel Rufián salía a las puertas del Congreso para recoger la camiseta de lucha de Nissan con el propósito de exhibirla en el hemiciclo.
Pero de sueños no se vive y, mientras Rufián jugaba su papel en Madrid, el Conseller de Treball en Cataluña, también de Esquerra, daba esquinazo a los trabajadores de esas misma empresa en la recta final de las negociaciones para evitar el cierre. El cierre llegó y la reindustrialización quedó como el horizonte prometido. A día de hoy no hay sobre la mesa más que proyectos ambiguos que no auguran nada bueno para el futuro de la plantilla.
Las empresas que bajan la persiana en Cataluña o que se están preparando para recortar sus plantillas se cuentan por decenas. La respuesta del Govern es dar un golpe en la espalda a los trabajadores mientras sigue regalando dinero público a los empresarios. En el ámbito industrial, la empresa pública AVANÇSA se dedica a inyectar capital en las empresas para salvar los muebles a los empresarios. Lejos queda la reivindicación obrera de la nacionalización sin indemnización. En el capitalismo monopolista, el Estado se erige en la más firme muleta de los capitalistas.
Y así, mientras cada día se ejecutan medio centenar de desahucios en Cataluña y se multiplican las colas del hambre, el Govern regala (o “presta”, según el argot oficial) 2,6 millones de euros a los gimnasios DIR para evitar su quiebra. Pocas sorpresas sobre la mesa: en el pasado, la esposa de Jordi Pujol fue presidenta de la fundación DIR y su hijo tuvo el 3 % del accionariado de la empresa. Todo queda en família.
Todo queda en família porque, en el capitalismo, somos millones los que votamos cada vez que llegan elecciones mientras un puñado de famílias mueve los hilos de los partidos políticos del sistema a través de un complejo entramado de créditos, dinero regalado y favores, a veces legales y a veces ilegales. Cada partido se prepara para defender a una u otra facción de la burguesía, algunos a la pequeña burguesía siempre enfadada con el sistema pero nunca intrínsecamente revolucionaria. Ninguno hace bandera de los intereses de la clase obrera, excepto el Partido Comunista, todavía hoy muy débil. Hay que apretar.
Tras las elecciones de febrero, dos grandes polos iniciaron una carrera para formar Govern, uno con más probabilidades de éxito que el otro pero ambos igualmente nocivos para los intereses obreros. El primero, que ya casi tira la toalla, es el que encabeza el PSC respaldado por sus fieles escuderos de En Comú Podem; el segundo, el bloque independentista tan heterogéneo en sus intereses de clase como unánime en la defensa del sistema capitalista.
A finales de marzo, ERC y la CUP presentaban en sociedad su preacuerdo para la estabilidad del futuro Govern. Sólo falta subir a Junts per Catalunya al barco, algo que sucederá en los próximos días si es que no ha sucedido ya cuando se publique la presente edición.
Leer el documento del preacuerdo entre ERC y la CUP, de dieciseis páginas, supone para el lector descubrir la desesperación de la pequeña burguesía catalana, que en parte tiene a la CUP como su apuesta política, y la tranquilidad de una ERC de la gran y mediana burguesía urbana que es perfectamente consciente de que las palabras se las lleva el viento.
Así, en un escrito plagado de ambigüedades y de palabras vacías, el documento sella el “compromiso”, felizmente arrancado por la CUP, de “generar un espacio para que las entidades locales, empresas de la economía social y solidaria, personas autonómas y PIMES puedan colaborar en el proceso de gobernanza, con una presencia constante y orgánica en las instituciones” (punto 10.b.iii) y de “impulsar la atención más directa al municipalismo como espacio donde vehicular todas las demandas (…)” (punto 11.i).
Y, de esta forma, mientras los representantes de la CUP se dan golpes en el pecho celebrando este documento que “promete” la participación de la pequeña burguesía en los asuntos de los peces gordos, las bases de la izquierda independentista se revuelven inquietas ante un preacuerdo que promete vagos derechos sociales como alternativa a la consecuente lucha obrera y popular en la calle, de la que tanto presume esta tendencia política participar.
Los hechos son hechos y vamos tarde. Ante la crisis económica más grave de la Historia, los capitalistas se preparan para salvar sus beneficios mientras el oportunismo promete caridad a los obreros, algunos con el Ingreso Mínimo Vital y otros con la Renta Básica Universal. La clase obrera sigue soñando aunque, como decía Lenin, “es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía”. Es hora de que los trabajadores pongamos nuestra agenda sobre la mesa, valiéndonos de nuestra única y fundamental herramienta de lucha: el Partido Comunista y el movimiento obrero de clase.
Domènec Merino