Vivimos tiempos convulsos. El desarrollo de la crisis está sacando a la luz varias de las terribles contradicciones que encierra el capitalismo, en España y en el mundo, a pasos agigantados. El retraso en la popularización de la alternativa político-ideológica y organizativa integral que representamos los comunistas, fruto de múltiples factores que no es lugar de analizar aquí, hace que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país estemos, en buena medida, presos de los debates que marcan otros.
A pesar de que se nos dice que la tercera ola de la pandemia está pasando y que la vacunación masiva va a suponer el final de la pesadilla que llevamos viviendo un año, es ahora cuando se comienzan a ver realmente los efectos reales de la crisis económica, de la última crisis de esa pesadilla que llevamos viviendo más de 200 años que es el sistema capitalista. Con un Estado endeudado hasta las trancas para poder financiar las distintas medidas dirigidas a sostener a las empresas y a garantizar una mínima capacidad de consumo de la población, cuando la polvareda del virus parece que va despejándose, quedan a la vista los cimientos podridos de este modelo socioeconómico.
Cada vez son más repetidas las noticias sobre despidos masivos, reestructuraciones de plantillas y amenazas de cierre de empresas. Los comedores sociales están cada vez más llenos y millones de jóvenes y no tan jóvenes pagan con ansiedad y problemas psicológicos el choque con una realidad que no les ofrece futuro.
Los jóvenes que se movilizaron hace ya diez años exigiendo desde las plazas un futuro dentro del capitalismo lo consiguieron a medias. Sus jefes, y los sujetos menos escrupulosos, ya ocupan ministerios y parlamentos, pero su llegada a la institucionalidad capitalista ha variado bien poco la situación objetiva que viven aquellos a los que pretendían representar.
Las distintas medidas adoptadas por el Gobierno en la esfera laboral, acompañadas de machaconas campañas propagandísticas, han evitado un estallido social. La connivencia de las cúpulas de las principales organizaciones sindicales, cegadas por la doctrina del pacto social, ha ayudado mucho en este sentido, impulsando la idea general de que no sólo se puede, sino que se debe salir de la crisis con un reforzamiento del capitalismo español, aunque sea un capitalismo maquillado.
El endeudamiento masivo y la confianza infundada en la utilidad social de unos fondos europeos que no son más que la zanahoria al final del palo, anuncian un futuro muy negro para la mayoría trabajadora en España. Los fondos europeos servirán para alimentar a nuevos sectores capitalistas centrados en lo verde y lo digital y el endeudamiento masivo será utilizado rápidamente para justificar nuevos recortes en derechos sociales y laborales.
Los socios de la coalición de gobierno. Son conscientes de que su campaña de propaganda no puede ser eterna y de que cada vez son más las personas que se dan cuenta del enorme fraude que suponen sus políticas y sus trifulcas de cara a la galería. Necesitan desesperadamente nuevas referencias, nuevos espacios a los que dirigir la atención de la población, al menos de la parte más preocupada por la situación general del país, para que no atendamos a la realidad socioeconómica que se nos está echando encima.
En este sentido, es especialmente llamativa la reivindicación del democratismo pequeñoburgués. La aparición de VOX en escena y la creciente difusión, desde todo tipo de medios de comunicación, de actos y propuestas de grupos fascistas, todo ello mezclado con una recuperación evidente de la campaña anticomunista más torticera, genera un clima muy propicio para que la socialdemocracia se presente como firme defensora de la Constitución y la democracia parlamentaria.
Ahí se encuadra el debate de este último mes sobre la libertad de expresión. Ciertamente, resulta descabellado pensar, en esta sociedad capitalista que se autotitula como la más democrática y liberal de la Historia, que alguien pueda entrar a la cárcel por hacer comentarios políticos en las redes sociales. Parece que va en contra de uno de los principios fundacionales del actual sistema. Pero la realidad es que esta sociedad, que quiere presentarse como democrática en su forma, no lo es en su contenido. Existen los suficientes matices y mecanismos como para que la libertad de expresión (toda libertad y derecho, en realidad) sea para unos, pero no para otros. O sea para algunos más plena que para otros dependiendo de qué amigos tengas o de qué filias y fobias haya en la judicatura.
Hemos dicho repetidamente que el capitalismo, en su fase imperialista, tiende a la reacción en todos los terrenos. En el pasado reciente hemos asistido con consternación a decenas de casos de personas procesadas y condenadas por delitos de opinión. También a decenas de casos de brutalidad policial, provocaciones en manifestaciones y algaradas fabricadas para generar un clima de opinión determinado hacia ciertas posiciones políticas. Y hasta ahora éramos unos pocos los que protestábamos, los que denunciábamos la Ley Mordaza y la modulable libertad de expresión que existe en España.
El actual Gobierno, que prometió derogar la Ley Mordaza nada más llegar a La Moncloa, no ha dado ni un solo paso en ese sentido hasta el momento actual, en el que ambos socios han ido raudos y veloces a registrar sendas iniciativas para modificar lo que seguramente considerarán “los aspectos más lesivos del Código Penal”. Pretenden, como ya ha dicho Pedro Sánchez, hacer retoques en la legislación penal española, la de esta “democracia plena” que sólo es plena para algunos, en materia de libertad de expresión para “ponerse en línea con la que existe en otros países europeos”.
Estemos atentos, porque una demanda justa a favor de la libertad de expresión bajo el capitalismo puede acabar siendo utilizada por los defensores del capitalismo para avanzar hacia una concepción de democracia militante que, desde la excusa de la lucha contra “el totalitarismo”, se acabe ilegalizando a quien no defienda el modelo político, económico y social actual.