Ring, Ring… ¿Diga? ¿Es el Gobierno más progresista y social del mundo? Entiendo, que los desahucios se prohíben otra vez, ¿no? Aunque haya habido miles de familias echadas de sus casas en estos meses… Ah… ¿que solo hasta mayo? Sí… se ve que después es mejor que la gente ya se apañe, claro… ¿Cómo? ¿Que además los grandes propietarios pueden pasar por caja? Bueno… yo ya me voy despidiendo… Sí, ¡claro! A disfrutar de mi renovado derecho a la vivienda hasta el 9 de mayo… Hasta luego…
No es que generacionalmente Gila haya sido un humorista de referencia para mí y seguro que hay algún cómico de hoy, youtuber o instagramer de los cuales podría tirar para introducir este artículo con un toque de humor, sobre un tema que no tiene ninguna gracia. Pero es que se me ha venido a la cabeza uno de estos monólogos de Gila ante la lectura del BOE, la comunicación del Gobierno y su manía de tomarnos por idiotas, a colación del RD 37/2020.
El Gobierno que ya había prohibido los desahucios mientras durase la pandemia y que se cuentan por miles, el mismo que ha prohibido despedir aunque el paro no deja de crecer, el mismo Gobierno que congela el SMI y lo vende como una garantía, nos viene con otro giro de guion que vender a su base social. El problema es que esta no es una de las series que tanto gustan a Pablo Iglesias, esto es la vida de millones de trabajadores.
Este nuevo Real Decreto persigue los mismos objetivos que el RD 11/2020 de 31 de marzo, que es el de espaciar en el tiempo los desahucios para evitar la contestación social, a la par que se garantiza a grandes tenedores (rentistas, promotoras, inmobiliarias y bancos) su inversión. El compromiso real con el acceso a la vivienda de este Gobierno no lo han expresado demasiado bien desde sus delegaciones territoriales y los despliegues de antidisturbios para hacer realidad los desahucios, algo no cuadra.
El horizonte temporal de la medida es casi un insulto, suspendiendo desahucios hasta el fin del Estado deAlarma. Su crisis en V, W, N no va a acabar con el coronavirus, pues su raíces son más profundas. La tendencia a la uberización de las relaciones laborales está extendiendo la precariedad en el empleo, generando trabajadores pobres, una parte de los cuales seguirá sin poder hacer frente a sus hipotecas y alquileres. Los desahucios sí son válidos para este Gobierno a partir del 9 de mayo. La prohibición de desahuciar viviendas ocupadas se deja en manos de los jueces, quienes deben interpretar si la entrada en la vivienda se corresponde con una situación de extrema necesidad y si los ocupantes colaboran en la búsqueda de una alternativa habitacional, a sabiendas de que una gran parte de la judicatura no se destaca precisamente por su compromiso social. Si las administraciones consiguen una alternativa habitacional, los tribunales pueden en el plazo máximo de 3 días retomar el procedimiento de desahucio.
La mayor perversión de la norma es que se garantizan unos meses sin desahucios a costa de pasar por caja, de asegurar a los grandes tenedores que su negocio no se ve afectado. Se les paga para amortiguar su beligerancia, pues en la guerra de clases, su ofensiva hace tiempo que está desatada y cualquier mínima reducción de sus posiciones es enfrentada con tremenda virulencia. De este modo, los grandes tenedores se aseguran una compensación por la suspensión de los desahucios equivalente al valor medio de la vivienda, también para las ocupadas si estaban ofertadas en venta o alquiler, y sin ninguna contraprestación, es decir, que a partir del fin del Estado de Alarma podemos tener a los especuladores inmobiliarios promoviendo desahucios y cobrando, además, de la Administración por los meses anteriores. A pesar del marketing del gobierno, se les vuelve a quedar un buen RD para los especuladores.
La situación de vulnerabilidad debe ser acreditada por servicios sociales en un plazo de 10 días, competencia municipal y organismo que ya se ha visto ciertamente desbordado en muchos lugares, para el cual no se prevé refuerzo alguno, por lo que es previsible un atasco importante en este punto, que no se prevé y que puede convertir en papel mojado este texto legal. Recordemos el IMV o las prestaciones por desempleo y cómo el atasco en la Administración Pública ha causado estragos en muchas familias para poder acceder a estos derechos reconocidos.
Los cortes de suministros también quedarán suspendidos durante la vigencia del Estado de Alarma, sin carácter retroactivo para los miles de familias afectadas en estos meses por ello. Aquí, además, en lugar de descargar la responsabilidad sobre servicios sociales, directamente se privatiza, dejando en manos de las Entidades del Tercer Sector la función de mediación social.
Una vez más nos venden una medida muy limitada en su alcance, como una gran protección social, a cambio además de asumir más deuda pública para que unos pocos conserven su negocio. Nos volveremos a encontrar con quien defienda que es mejor que nada, cuestión que es cierta y medalla que se pondrán algunos de cara a vender su acción de gobierno. El problema de lo menos malo es cuando lo comparas con lo bueno, con lo necesario. El problema de esta medida es cuando pones en evidencia la contradicción entre el derecho al acceso a una vivienda y el interés de los capitalistas en hacer negocio de nuestra necesidad, cuando se hace evidente que para garantizar lo primero, deben perder los segundos. Para hacer que la broma de mal gusto no sea para el pueblo, el BOE debe dictaminar la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores y su puesta a disposición de nuestras necesidades mediante un régimen de alquiler social.