15 de noviembre en Lima, Perú. Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes de poco más de veinte años son asesinados por las fuerzas represivas del Estado peruano en el marco de las movilizaciones populares desatadas a raíz de la destitución por corrupción del jefe de Estado y de Gobierno Martín Vizcarra y su sustitución por Manuel Merino, empresario agrícola y diputado del partido derechista Acción Popular. La brutal represión que el presidente Merino despliega deja decenas de hospitalizados y más de 40 desapariciones. Poco después, Merino renuncia y cae así su breve gabinete, representante del programa de máximos de la patronal peruana. La presidencia recae sobre Francisco Sagasti al frente de un gabinete que se autodenomina como plural o de conciliación.
Sería muy fácil dejarse llevar por el aluvión de nombres, intercambios de butaca, disoluciones de gabinete y congreso, y demás intrigas palaciegas que se vienen dando en el estado peruano en los últimos años. Vista la aparente aceptación con que contaba Vizcarra antes de su destitución como imagen de la lucha anticorrupción y de una gestión “popular” de la pandemia, podría parecer que el pueblo peruano se ha movilizado a su favor y por tanto, en contra de Merino y la opción política de gestión del capital que representa. Pero la realidad es que no se trata de movilizaciones que respondan al simple hecho del cambio de gobierno o de quién ocupe qué sillón.
Las condiciones de vida y trabajo del pueblo peruano se han ido deteriorando paulatinamente durante la última década. Tras un período alcista de la economía entre los años 2002-2013, el crecimiento del PIB peruano no ha hecho más que disminuir, fruto de la crisis que se venía gestando en el sistema capitalista global y de la posición de Perú en la pirámide imperialista como país exportador de materias primas. Con la caída de los precios de éstas, especialmente del cobre, las previsiones de crecimiento económico comenzaron a renquear en un país donde en 2018 las exportaciones supusieron el 25% del total del PIB. Mientras que, en 2017, el Banco Mundial recomendaba flexibilizar y desregular el mercado laboral, la inestabilidad de la política burguesa peruana era patente, con constantes cambios de gobierno de todo color que han ido cayendo ante los sucesivos escándalos de corrupción.
Es en este panorama, durante el gobierno “anticorrupción” de Vizcarra, en el que estalla la crisis sanitaria del COVID-19 que golpea con especial virulencia a la clase obrera peruana. A pesar de la dureza de las medidas de confinamiento que se aplican desde marzo, en septiembre Perú era el quinto país con más contagios en todo el mundo. A nivel económico, la crisis catalizada por la pandemia ha dejado una caída del 30% del PIB en el momento más duro de la cuarentena y un sector sanitario absolutamente desbordado y abandonado por un estado que, como viene siendo habitual, prioriza los beneficios empresariales por encima de la vida de los trabajadores. Pero la respuesta de la clase obrera del Perú ha sido igualmente clara desde el comienzo de la pandemia: durante los 106 días que duró la cuarentena nacional obligatoria se registraron 525 protestas, protagonizadas mayoritariamente por sindicatos y asociaciones de clase y exigiendo, en su gran mayoría, infraestructura sanitaria y mejores condiciones laborales.
En este contexto, entender las últimas movilizaciones como producto de los cambios de gabinete sería un error; la clase obrera peruana lleva en pie de guerra desde marzo. Ahora bien, la caída de Vizcarra por corrupción ha sido la gota que ha colmado el vaso, y la desconfianza del pueblo peruano en la política burguesa ha caído en picado.
Mientras que cerca del 60% de la población, así como la gran mayoría de partidos y organizaciones de izquierda, piden una nueva constitución, el estado peruano no ha tardado en reorganizarse para apagar fuegos y mantener su dominación de clase: la entrada de Sagasti a la presidencia y su gobierno de conciliación responden a esta necesidad del capital. Este nuevo gobierno “plural”, si por plural se entiende la representación de la pluralidad de los intereses patronales, es el encargado de gestionar las elecciones generales de abril y el descontento social del pueblo peruano de forma que nada cambie. Nueva o vieja constitución, gobierno plural o no, mientras no se cuestione de pleno el sistema capitalista y a todos sus representantes e instituciones, la clase capitalista mantendrá su dominación bajo la forma que mejor se adapte a cada circunstancia.