El pasado 22 de noviembre, a las dos de la madrugada, los trabajadores de VITRASA, concesionaria viguesa de transporte municipal, reunidos en asamblea ratificaban por 149 votos a favor, y sólo 15 en contra, la propuesta del Comité de Empresa de ir a la huelga, asumiendo un calendario de 11 días de paros parciales a lo largo del mes de diciembre, en un horario especialmente efectivo: de 7:30 a 9:30, de 13:00 a 15:00 y de 19:00 a 21:00.
Con esta decisión, la plantilla expresaba con rotundidad su oposición a los abusos continuados a los que son sometidos por la empresa transnacional Avanza-Mobility ADO, que cuenta con la complicidad del ayuntamiento de Vigo y su inigualable regidor Abel Caballero.
VITRASA, al igual que las demás empresas concesionarias de transporte urbano de pasajeros, constituye un modelo de negocio altamente parasitario, conformado en los años finales del franquismo. En los años 60 y 70, toda una jauría de empresarios, dirigentes del Sindicato Vertical de Transporte, se hicieron con el control de las concesiones del transporte en las ciudades españolas, en turbia connivencia con los poderes locales del franquismo. El principal fundador de VITRASA, creada en 1968, Juan Gonzalo Álvarez Arrojo, tuvo en sus manos el transporte urbano de Gijón, Zaragoza y Córdoba entre otras y llegó a ser un importante dirigente de la CEOE. El proceso de concentración capitalista lo llevó a integrarse en el Grupo AVANZA, que controla decenas de empresas de transporte, estaciones de autobuses, y que finalmente fue absorbido por el mexicano Grupo ADO.
¿Por qué decimos que VITRASA representa un modelo altamente parasitario? Porque las concesiones municipales garantizan su equilibrio económico-financiero, incluyendo el margen de beneficio. Se extienden sobre períodos que pueden ser de 25 años, con prórrogas automáticas en la mayoría de los casos. Ese modelo supone que las medidas sociales como bonos-bus o tarifas para estudiantes, pensionistas u otros colectivos, se carguen directamente en los presupuestos municipales, sin riesgo empresarial para los accionistas. En el caso de Vigo, el presupuesto municipal para 2021 prevé una subvención a VITRASA de 14 millones de euros, para compensar la diferencia de tarifa entre el billete ordinario y el billete bonificado. Las pérdidas resultantes de la pandemia también serán compensadas con cargo a las arcas municipales.
¿Y qué queda para los trabajadores? Con tan buenas condiciones de explotación, los 270 conductores y conductoras del transporte urbano de Vigo ¿vivirán a cuerpo de rey? Pues no. Como es lógico en una empresa capitalista, la patronal trata de extraer el máximo lucro del trabajo asalariado.
Así, el Convenio Colectivo firmado por el anterior Comité con una vigencia de seis años, recogía que las horas extraordinarias se pagarían por debajo de las ordinarias. Un abuso tremendo (y una ilegalidad), teniendo en cuenta que el convenio obligaba en cualquier circunstancia a realizar las horas que marcara un servicio. En este caso, los tribunales dieron la razón a la denuncia interpuesta por la CIG.
En cuanto a horas extra, se están realizando sobre unas 50 mil horas anuales. Según nos indican compañeros del Comité de Empresa, eso equivaldría a 30 nuevas contrataciones como mínimo.
En cuanto a la COVID19, la empresa empezó planteando un ERTE de fuerza mayor, totalmente ilegal, que fue denunciado por el Comité. A eso siguieron medidas sanitarias absolutamente insuficientes, rozando lo criminal, como la falta de EPIs y material protector, o la negativa a desinfectar los vehículos en cada cambio de turno.
Durante los meses de junio y julio, el Comité estuvo realizando concentraciones semanales delante del Ayuntamiento, en las que estuvo presente el Partido, para denunciar las múltiples carencias en las medidas de protección: la falta de baños en las cabeceras de línea, la entrega de una única mascarilla para toda la semana, la falta de EPIs en los talleres, el nefasto papel de la mutua, y sobre todo la precariedad laboral y la falta de contrataciones que permitieran la recuperación de tiempos de descanso.
Ante las denuncias del Comité, la respuesta del Ayuntamiento ha sido el silencio cómplice. La respuesta de la empresa, en cambio, ha sido apretarles las tuercas a los obreros y dar paso a una estrategia de tensión en vísperas de la negociación de un nuevo Convenio Colectivo, para sondear el estado de ánimo de los trabajadores. Con la excusa de las nuevas restricciones vigentes, la dirección implantó unos cambios arbitrarios en la jornada de los conductores, convirtiendo jornadas continuas en partidas, modificando las condiciones de trabajo y vulnerando el artículo 8 del Convenio.
El descontento acumulado a lo largo de años ha dado lugar a una disposición para luchar contra los abusos de una empresa que no respeta nada de lo que firma y por mejorar el convenio colectivo. En esa lucha, es fundamental seguir manteniendo la máxima unidad de la plantilla y de sus organizaciones sindicales y asegurar la solidaridad del pueblo trabajador de Vigo, con la vista puesta en el horizonte de una empresa municipal de transporte, en manos del pueblo y bajo control obrero.