No pagaremos esta crisis ni con nuestra salud, ni con nuestros derechos

En situaciones de crisis la lucha de clases no se detiene, más al contrario, se agudiza. La crisis de salud pública asociada a la pandemia del coronavirus Covid-19 está poniendo de manifiesto, de manera muy cruda, el grave peligro de sostener un sistema socioeconómico como el actual, en el que el bienestar de la población va siempre después que los beneficios empresariales.

En menos de diez días, desde el fallecimiento del primer enfermo de coronavirus en España, el 3 de marzo, son ya más de 3000 los contagiados y de 85 las personas muertas. Si los datos sanitarios son graves y enormemente preocupantes, las consecuencias sociales de la crisis son ya terribles y ahora mismo incalculables para la mayoría trabajadora del país, que está siendo una vez más la gran sacrificada en pos de las cuentas de resultados de las grandes empresas.

En esta situación, hay que situar con la máxima importancia el papel de los trabajadores de la Sanidad Pública, expuestos en primera línea frente a la enfermedad, carentes de los equipos y medidas de protección individual necesarias para ejercer su trabajo sin riesgo para su propia salud. Están demostrando, una vez más, que solo el pueblo salva al pueblo.

Si bien nadie está a salvo del contagio, la expansión del coronavirus tiene un impacto muy diferente en las distintas clases sociales. De nuevo, es la mayoría trabajadora la que más dramáticamente se ve golpeada por la crisis: expuesta de mayor manera a la propia enfermedad —como los citados profesionales sanitarios—, afectada por los perjuicios salariales de sus bajas y, en el peor de los casos, por una salvaje destrucción de empleo a base de suspensión de contratos y de ERTEs —Expedientes de Regulación Temporal de Empleo—, que manda al paro a miles de familias.

Desde hace meses, multitud de indicadores anuncian una nueva e inminente crisis en la base económica del sistema. La situación desatada por la pandemia de Covid-19 está actuando como catalizador de esta grave crisis de sobreproducción y sobreacumulación capitalista. Al mismo tiempo, sirve como pretexto a la clase dominante para tratar de exonerar al sistema, invirtiendo la lógica socioeconómica y presentando a la pandemia como causante de la crisis económica.

Sin embargo, toda la propaganda del sistema no es capaz de ocultar unos hechos que se muestran evidentes a ojos de toda la población. Se ponen trágicamente de manifiesto los límites del capitalismo.

Todas las medidas que se están adoptando por parte del Gobierno tienen un marcado carácter de clase. Si el Partido Popular propuso un decálogo de medidas de choque contra el Covid-19 íntegramente dirigido al apoyo y rescate de las empresas, el Gobierno de PSOE-UP no se ha apartado en nada de esa dirección en las medidas anunciadas durante los últimos días para hacer frente a la crisis.

Hasta la fecha, todas las medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno tienen como base las reformas laborales de 2010 y 2012, cuyo objetivo es garantizar los intereses de la patronal. Es por esto especialmente grave el acuerdo presentado por CCOO y UGT, firmado conjuntamente con CEPYME y CEOE, en el que se sitúa en el mismo plano de afectación por la crisis de salud pública a trabajadores y empresas. En dicho acuerdo se propone al Gobierno la aprobación de un Decreto-Ley que facilite y agilice la regulación de los ERTEs por efecto del coronavirus. Es gravísimo que las organizaciones sindicales traten de anular toda lucha clasista en pos de una falsa comunión general de intereses entre trabajadores y capitalistas. La lucha de clases no se detiene y, en momentos de crisis, las organizaciones obreras y populares han de estar más alerta que nunca para defender los derechos de la clase obrera y del pueblo en su conjunto.

Entre las medidas urgentes que ya debería haber adoptado el Gobierno para frenar efectivamente la crisis está la inmediata toma de control de los hospitales privados, que suponen el 60% de todos los hospitales del país. Un gobierno que antepusiera el bienestar y la salud de la población a los intereses capitalistas ya lo habría hecho.

Tras años de desmantelamiento del servicio público de salud, mediante recortes, conciertos y privatizaciones, de precarización de las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario, todo con el fin de devaluar la sanidad pública en favor de las clínicas privadas, y con la actual crisis, se muestra claramente que el único horizonte de seguridad para la salud pública está en la generación de un único sistema de salud público al servicio del pueblo.

Asimismo, en estos momentos se debe poner especial énfasis en la defensa de los derechos de conciliación de los trabajadores, de forma que las familias obreras puedan mantener su desempeño laboral, de acuerdo a las directrices de seguridad sanitaria, junto con la atención a los niños y jóvenes afectados por el cierre de colegios, centros de estudio y otras dependencias.

La actual crisis del coronavirus ha puesto de relieve las múltiples limitaciones y contradicciones de gestión del capitalismo. Las medidas gubernamentales se están dirigiendo a socializar las pérdidas que genera el sistema, después de años de asegurar la privatización de sus ganancias.

Por otra parte, la situación de alarma social que se ha generado es completamente comprensible, deviene de la contemplación de una realidad que el libre mercado y sus gobiernos son incapaces de controlar. Resulta especialmente significativo ver cómo ante los primeros comportamientos de consumo que dejan estampas de desabastecimiento temporal de productos de primera necesidad, las declaraciones públicas de mayor importancia a este tenor las haga el principal dueño de supermercados en España y no el Ministro de Consumo.

Hay que adoptar medidas inmediatas que aseguren el abastecimiento de productos de primera necesidad, interviniendo los stocks de las principales empresas de distribución minorista del país. Asimismo, deben quedar bajo control y custodia pública todos aquellos materiales sanitarios esenciales para la atención médica.

Es preciso, también, intervenir en la gestión mediática de la crisis, impidiendo la propagación de bulos, medidas estériles y/o contraproducentes, alarmismo y pánico. Los grandes medios de comunicación están teniendo un papel fundamental en la generación de un estado de agitación social que genera el caldo de cultivo propicio para que florezcan comportamientos xenófobos y racistas, así como para hacer responsables del agravamiento de la crisis a los trabajadores por sus conductas individuales, en lugar de al sistema y sus gestores.

Otra de las cosas que están quedando meridianamente claras es la ventaja de contar con un sistema de planificación centralizada. Es imprescindible dar a conocer que el único fármaco que está empezando a demostrarse eficaz contra el Covid-19 es el antiviral cubano Interferón Alfa 2b, que se ha demostrado efectivo en China en más de 1500 pacientes contagiados y que está siendo clave para que, junto con la gestión que la potencia asiática está llevando a cabo, el país con el mayor número de víctimas y contagios esté ya comenzando a vencer al Covid-19.

Desde el PCTE insistimos en la especial responsabilidad que las organizaciones de clase han de jugar en este momento. El sistema está tratando de utilizar una crisis de salud pública en su beneficio económico. Cualquier gobierno que gestione la crisis tratando de cargar sobre la espalda de los trabajadores el coste de la pandemia, cualquier gobierno que anteponga los beneficios económicos de las grandes empresas a la salud y la vida del pueblo, no es ya sólo un gobierno traidor, sino un gobierno criminal.

Hacemos un llamamiento a la clase obrera y al pueblo a ser solidarios con los trabajadores de la Sanidad Pública, a organizarse en sus centros de trabajo ante cualquier medida que suponga un perjuicio en sus condiciones laborales.

Que no nos engañen, el virus no entiende de clases, pero el gobierno sí. Hay que dejar claro que no vamos a pagar la crisis ni con nuestra salud, ni con nuestros derechos.

Todos los recursos sanitarios bajo control público.
Nacionalización inmediata de todos los productos de primera necesidad.
Cobertura salarial del 100% para todos los trabajadores de baja por contagio o por confinamiento.
Prohibición de toda suspensión de contratos y aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo bajo el pretexto del coronavirus.

Es hora de ponerle fin al capitalismo. Nuestras vidas están en juego.

Buró Político del PCTE
13 de marzo, 2020

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