El 14 de enero la ministra de Hacienda presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el registro del Congreso de los Diputados. Era la apertura oficial de un proceso que se puede extender durante varios meses y que va a determinar la continuidad o no del Gobierno de Pedro Sánchez.
El proyecto presentado es fruto del acuerdo que el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos sellaron el pasado mes de octubre. Es, por tanto, un proyecto con un marcado carácter socialdemócrata, es decir, incluye medidas atractivas para sectores obreros y populares pero sostiene y trata de mejorar la base capitalista de la sociedad española. Por tanto, siendo unos presupuestos que incluyen más medidas sociales que los anteriores (del PP), en realidad no son más que parches para intentar tapar el ya muy persistente hedor que desprende el capitalismo patrio.
A riesgo de que los perennes defensores del mal menor nos acusen de miopes por no ver las diferencias entre la gestión del PSOE (y aliados) y la del PP (y aliados), es necesario decir que los comunistas no podemos apoyar jamás los presupuestos de un gobierno capitalista. Porque, en resumen, todo gobierno capitalista, del color que sea, lo que define a través de los presupuestos es su modelo de crecimiento y desarrollo capitalista.
Existen escuelas económicas capitalistas que predican que, frente a las crisis que genera su propio sistema, la solución pasa por multiplicar el gasto público para garantizar la renta disponible de las familias, para sostener el consumo, etc. Pues muy bien, perfecto, pero mientras se enredan keynesianos y liberales en debates y medidas, es la mayoría trabajadora la que paga las crisis capitalistas perdiendo trabajo, casa y, en el peor de los casos, la vida.
Los presupuestos capitalistas propuestos por la socialdemocracia son, sin duda, más amables hacia la mayoría obrera y popular que otros anteriores. Contienen medidas que, tras años de recortes, a cualquier trabajador le sonarán bien, pero es necesario preguntarse si realmente hay tantos avances como se nos dice.
La respuesta es que no. A pesar de que hay varias propuestas “estrella” en el proyecto, la respuesta es que no. La retórica del pacto de octubre entre PSOE y Unidos Podemos afirmaba que “es hora de que la política y la economía se pongan al servicio de la ciudadanía”; ya sabemos que eso es como no decir nada, dado que en el término “ciudadanía” caben tanto explotadores como explotados, trabajadores y empresarios, pero ni siquiera siendo muy generosos en la interpretación podemos estar de acuerdo. Como mucho, un gobierno capitalista podrá limitar algunos aspectos del beneficio de los capitalistas, pero para quien gobierna es, en última instancia, para los capitalistas y para nadie más.
La realidad incontestable es que Pedro Sánchez, los ministros y ministras de su Gobierno y sus socios preferentes (PODEMOS, IU-PCE y el resto de las confluencias) van a tener que aplicarse a fondo a partir de ahora para conseguir el apoyo de las fuerzas del nacionalismo periférico (capitalistas y burguesas también) para sacar adelante su proyecto de Presupuestos. Esa realidad incontestable, dado que no hay con quién más pactar una vez se ha consumado el “pacto de perdedores” andaluz tradicionalista-liberal-conservador, no sólo va a suponer que se acaben diluyendo algunas de las medidas supuestamente más favorables para la mayoría trabajadora, sino que además seguramente va a ahondar en la creciente ola de indignación por el diferente trato que se da a los territorios, que está siendo convenientemente utilizado por las fuerzas más reaccionarias para ganar fuerza. Dilemas de la política burguesa española.
Nosotros, entiéndase bien, no nos oponemos a este proyecto de PGE porque incremente la partida de becas o porque elimine el copago farmacéutico para algunos sectores de la población. Tampoco porque parta del SMI de 900 euros aprobado en diciembre. No, estamos en contra de este proyecto de PGE precisamente porque todas esas medidas son escasas y raquíticas y porque suponen meros parches que, como mucho, abordan de manera limitada los síntomas del problema que sufre nuestro país.
Un salario mínimo de 900 euros sigue siendo totalmente insuficiente para quien vive y trabaja en una gran ciudad, las becas no alcanzan para que una estudiante de extracción obrera pueda pagar la matrícula sin recurrir a un trabajo basura en la hostelería o el comercio, las pensiones siguen estando en peligro por la obsesión enfermiza de mantenerlas separadas del ingreso estatal y dependiendo de las cotizaciones, cada vez menores, de la patronal.
Además, este Gobierno y sus aliados siguen facilitando la destrucción del tejido industrial e hipotecando el futuro y la soberanía energética del país al permitir que sean los grandes monopolios quienes impongan su modelo y sus intereses. Se continúa incrementando el gasto militar y en espionaje, mientras los compromisos con las alianzas imperialistas extranjeras son cada vez más exigentes.
Frente a la sombra de una nueva recesión y el estallido de una nueva crisis capitalista, la solución de nuestros socialdemócratas es volver al capitalismo de 2007. ¿Es de verdad eso lo que necesita la mayoría trabajadora de nuestro país? ¿Es la solución a nuestros problemas retrotraernos al momento previo al estallido de la crisis en España, a un pasado que se quiere pintar como idílico porque había más empleo que ahora – no en mucho mejores condiciones – y un amplio acceso al crédito para las familias y las empresas? Tener como aspiración volver al capitalismo de hace una década es lamentable hasta para un socialdemócrata. Pero, además de lamentable, es imposible. La Historia no suele ir para atrás, pero además ellos tampoco quieren eso exactamente… quieren al capital en las condiciones de 2007 y a la clase obrera en las de 2017, visto que se siguen negando a retirar las reformas laborales que machacaron los derechos laborales y facilitaron (y facilitan hoy) que la patronal sobreviviera a la crisis.
Los gobiernos capitalistas sirven en última instancia a los capitalistas, por mucho que se quieran hacer pasar por defensores o aliados de los trabajadores. Sus medidas sociales son las primeras en caer cuando llega una nueva recesión o un cambio de gobierno, pero además contribuyen a la generalización de la confianza exclusiva en los mecanismos de la política burguesa para resolver los problemas económicos, laborales, sociales, políticos y democráticos que afectan a la mayoría social. Atrapan a la clase y al pueblo en la trampa de confiar exclusivamente en las fuerzas capitalistas, en negar sus propias fuerzas, en delegar en otros su lucha. Y así no se consiguen victorias, sólo nuevas derrotas. Es una lección que nos ofrece la Historia.