Más de 30.000 muertes en el trabajo en los últimos 30 años. Sólo en 2024 se cuentan al menos 796. Y decimos «al menos» porque la cifra continuará aumentando en los próximos meses, ya que se considera muerte por causa laboral aquella que ocurre hasta un año después del accidente. Estos datos suponen un aumento de más del 10% respecto a las cifras del año anterior, una cantidad de muertes absolutamente desorbitada, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de «accidentes» laborales mortales se consideran fácilmente evitables; quien redacta estas líneas tiene meridianamente claro que este aumento de la siniestralidad es una consecuencia directa de la búsqueda de ahorro de costes por parte de los empresarios para aumentar sus beneficios. Beneficios que se sustentan, en demasiadas ocasiones, sobre nuestra salud e incluso sobre nuestras vidas.
El mismo estudio del ministerio de Trabajo señala que gran parte del aumento de las muertes se deben a golpes con objetos, algo que en términos de prevención de riesgos laborales resulta fácilmente evitable en la mayoría de los casos. Es más, por ahora, el presente 2025 continúa con la misma dinámica, contabilizándose solo en enero otros 50 casos de muerte en el trabajo.
Frente a estos datos, hay quien fija exclusivamente la mira en la subcontratación y en la externalización de los servicios preventivos en las empresas y llama a realizar cambios legales. Hay quien también llama a reforzar la Inspección de Trabajo y dotarla de más medios para que puedan cumplir mejor con sus funciones. Sin embargo, nos engañaríamos si separásemos estos accidentes del modelo productivo, si no lo situásemos como lo que son: asesinatos consecuencia de la explotación.
Y es que el modelo productivo y los cambios de los últimos años para aumentar la flexibilidad con la que se dispone de la mano de obra, así como el empeoramiento general de las condiciones de trabajo, guardan una correlación directa con esto. No es casualidad, por lo tanto, que aumenten los accidentes in itinere cuando los niveles de parcialidad, precariedad y pluriempleo son cada vez mayores y ello obliga a aumentar los desplazamientos. A su vez, la subcontratación y externalización de los servicios preventivos es una consecuencia de la búsqueda de ahorro de costes por parte de las empresas, que a su vez comprenden la prevención como un trámite burocrático, como algo meramente administrativo; y tampoco nos engañemos: en muchas de las empresas donde no sea así es gracias a que los delegados de prevención desempeñan sus tareas a conciencia.
Desde la crisis de 2008, la calidad de la prevención en el trabajo ha caído, con el empeoramiento constante de nuestras condiciones laborales y la mayor vulnerabilidad de la fuerza de trabajo ante los ataques capitalistas. La supeditación de la actividad económica al beneficio privado impide una priorización de nuestra seguridad.
No se trata, por lo tanto, solamente de leyes o más controles, tampoco de denunciar estos asesinatos con concentraciones en las puertas de las sedes sindicales en vez de en las sedes patronales o en las empresas donde suceden los accidentes. Se trata de terminar con un modelo de relaciones laborales donde el lucro privado manda sobre la vida de la mayoría asalariada. Trabajadores y sindicatos necesitamos señalar claramente a los culpables y al sistema que antepone sus beneficios a nuestra seguridad y nuestra salud.