A lo largo de los meses de enero y febrero, la Carrera de San Jerónimo volvió a ser escenario de una ópera bufa: la no convalidación del primer decreto ómnibus el 22 de enero y su posterior aprobación, con ciertas modificaciones, el día 12 del mes siguiente. Este «debate parlamentario», si es que se puede denominar así, reflejó, de forma precisa, las complejas dinámicas del parlamentarismo español, cada vez más alejado de un debate real sobre las necesidades de las clases populares de nuestro país.
La votación del primer decreto fue especialmente significativa. Junts, Vox y el Partido Popular votan conjuntamente, demostrando una coalición de intereses momentánea de partidos que en un primer momento parecerían irreconciliables. Este voto conjunto permitió entrever la posibilidad de una futura alianza entre el PP y Junts, una coalición que, de no ser por necesitar también a Vox para desbancar al presidente Pedro Sánchez, podría estar más cerca de convertirse en una realidad política sólida. Sin embargo, más allá de este atisbo de unidad, la votación fue, ante todo, una señal de las tensiones internas que aún prevalecen. Junts utilizó esta oportunidad para fortalecer su posición negociadora con el PSOE, consciente de que su voto, junto al de la derecha española, envía un mensaje claro sobre su poder de influencia.
De hecho, todo lo relativo al decreto ómnibus ha sido una buena muestra del mercadeo y la ponzoña que caracterizan a la política burguesa. Por una parte, el Gobierno intentó incluir en el mismo paquete normativo tanto la mejora o continuidad de determinados derechos sociales o económicos (como la revalorización de las pensiones y los abonos de transporte, la prórroga del SMI o las ayudas a los afectados por la dana de Valencia) como aquellas propuestas que establecían otros aspectos más discutibles para la oposición, tratando por tanto de forzar un relato político concreto. Por otro lado, la oposición no desaprovechó la oportunidad para poner en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno. Utilizaron el decreto para intentar forjar un relato propio, uno que señalara la vulnerabilidad del Ejecutivo y su incapacidad para generar consensos amplios.
En ese marco, el proceso de negociación entre Junts y el PSOE fue uno de los puntos más destacados. A pesar de las críticas iniciales por las concesiones que el Gobierno parecía dispuesto a hacer a Junts para garantizar su apoyo, la realidad es que este proceso llevó a un nuevo decreto, prácticamente idéntico al anterior, pero con el respaldo necesario para su convalidación, incluido del Partido Popular. Este giro no fue accidental. La imagen de un Gobierno que finalmente cedió ante las presiones de Junts y otros actores de la oposición muestra una vez más las dinámicas de mercadeo y los intereses «pragmáticos» que caracterizan a la política parlamentaria burguesa.
Con todo, el Partido Popular y los medios de comunicación afines con sede en Madrid pasaron en una semana de la euforia por la derrota parlamentaria del Gobierno a la depresión por «no quedar fuera» de la revalorización de las pensiones. No deja de ser la táctica política del regate corto, que parecía funcionar hasta que los diputados populares se dieron cuenta de que no estaban apuntando a la portería.
Pero si hubo alguien que tuvo un papel especialmente lamentable fueron las principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT. En lugar de desempeñar su función como fuerzas de oposición y vigilancia sobre las políticas gubernamentales, actuaron como auxiliares de un Gobierno que ya tenía bien trazada su estrategia. La vergonzosa convocatoria de concentraciones del 2 de febrero pretendía reivindicar que «con nuestros derechos no se juega» y mostrar un rechazo absoluto a lo que consideraban «un ejercicio de oportunismo político» y una «agresión sin precedente a la mayoría social». Si en el quehacer diario de los dos últimos Gobiernos de coalición no han atisbado oportunismo político, si en los últimos quince años –por situar un marco temporal– no consideran que haya habido agresiones más graves a la mayoría social que la no aprobación de este decreto ni que se haya jugado con nuestros derechos, alguien necesita repensar el significado de «sindicato de clase». Esta convocatoria, junto con los acuerdos en materia de pensiones –como las bonificaciones a la jubilación demorada y a la jubilación activa– mostró cómo las direcciones de los sindicatos, en vez de defender los intereses de la clase trabajadora, se alinearon con un Ejecutivo que, bajo el pretexto de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la «decisión individual» de cada trabajador, apuntala la ampliación práctica de la edad de jubilación y va colocando las piezas para las posibles reformas amplias que se quieran proponer tras la implantación completa de la jubilación a los 67 años en 2027.
El hecho de que las medidas del decreto, una vez reformadas, recibieran el apoyo generalizado de los partidos del Congreso, incluido el Partido Popular (que centró todas las críticas en la cesión de un palacete parisino al Partido Nacionalista Vasco), a pesar de las reticencias iniciales, pone de manifiesto la fragilidad de la política española actual. En lugar de un debate sobre el contenido y la justicia de las medidas, el proceso se reduce a un juego de influencias y concesiones, donde las promesas de mejora social se diluyen en el intercambio de favores políticos. El resultado es un sistema que, en su conjunto, va alejando cada vez más los juegos parlamentarios de los debates reales que la clase trabajadora tiene en sus vidas.
Al final, toda la teatralización alrededor del decreto ómnibus no es más que una manifestación de la política burguesa, un juego de sombras chinas que oculta los verdaderos intereses que se están negociando en el interior del Congreso. Mientras, las fuerzas políticas «a la izquierda del PSOE» entran al pasatiempo del cretinismo parlamentario, que en palabras de Marx no es más que la «enfermedad que aprisiona como por encantamiento a los contagiados en un mundo imaginario, privándolos de todo sentido, de toda memoria, de toda comprensión del rudo mundo exterior (…)». La oposición obrera, sin embargo, no ha comparecido en esta batalla: los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, Podemos y Sumar no han sido más que subalternos de un PSOE que camina hacia el retraso en la edad de jubilación subvencionado con diversas migajas.