Posiblemente, hasta hace poco no habías escuchado hablar de Muface. Pero en los últimos meses ha pasado al primer plano informativo y se ha generado un debate sobre el futuro del mutualismo administrativo, un modelo que ofrece a los funcionarios públicos la posibilidad de elegir asistencia sanitaria a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas concertadas.
Durante semanas, la cobertura sanitaria de un millón y medio de mutualistas ha quedado en el aire tras varias licitaciones fallidas, lo que ha provocado incertidumbre entre los afectados, debate sobre el futuro del modelo de Muface y, especialmente, la sumisión del Gobierno ante el chantaje de las aseguradoras. Pero, antes de adentrarnos en el conflicto actual, hagamos un breve repaso a la historia de Muface para entender su existencia y cómo ha llegado hasta la actualidad.
Historia de un anacronismo que llega hasta nuestros días
El origen de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por sus siglas Muface, se remonta a 1975, en un contexto en el que el funcionariado se encuentra aún sin cobertura médica; de hecho, la mayoría disponía de una asistencia sanitaria, gestionada por pólizas privadas, inferior a la de la Seguridad Social e incluso buena parte de trabajadores públicos no contaba siquiera con dicha asistencia.
Es, por tanto, en la etapa final del franquismo, cuando se aprueba un régimen especial de seguridad social para los funcionarios públicos, creando una mutualidad única de adscripción obligatoria para el colectivo funcionarial, que venía a paliar la discriminación que este sufría con respecto a la asistencia sanitaria.
Después llegaría la Ley General de Sanidad de 1986, que planteaba la integración del modelo de mutualidades en el Sistema Nacional de Salud, en coherencia con el principio de universalidad y no discriminación en el acceso a la atención médica. Posteriormente vendría, en los años 90, la transferencia de la gestión de los recursos sanitarios a las comunidades autónomas. Pero nada ha conseguido hasta el momento que el obsoleto modelo del mutualismo administrativo, heredero del franquismo, se integre en la Sanidad Pública. El paralelismo con el mantenimiento de la red de enseñanza privada concertada hasta nuestros días es evidente, siempre en aras de la «libertad de elección».
Cronología del conflicto
El conflicto actual estalló en noviembre al quedar desierta la primera licitación del concierto de Muface, puesto que las aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV), que ya habían anunciado que los costes requerían al menos un 40 % de subida, no consideraron suficiente el incremento del 17,12 % ofrecido por el Gobierno en la prima por cada mutualista para los años 2025 y 2026.
Ante la presión de las aseguradoras, el Consejo de Ministros aprobó a mediados de diciembre un incremento del 33,5 % de la prima, hasta alcanzar los 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente. Además, el Gobierno incluía en el convenio una demanda de las aseguradoras: el incremento de la prima en función de los tramos de edad, de forma que se pague más por la asistencia a los mutualistas más mayores, y no de forma lineal, como era hasta el momento.
Aun con las aparentes ventajosas condiciones propuestas por el Ejecutivo, Adeslas –propiedad del grupo Mutua Madrileña y CaixaBank– comunicó a finales de diciembre que no se presentaría tampoco a esta segunda licitación. Unos días más tarde, era DKV la segunda aseguradora que también rechazaba presentarse al concurso, dejando a Asisa como la única posible candidata.
¿Y qué ganan las aseguradoras con esta actitud?
Quizá leyendo este artículo te estés preguntando qué es lo que ganan las aseguradoras rechazando la subida del más del 33 % que les ofreció el Gobierno. Pues, esencialmente, conocían el desenlace del conflicto: el Gobierno cedería, pero también tensionaban la situación porque tenían poco que perder y mucho que ganar. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), «en 2023 las aseguradoras obtuvieron ganancias de 10.500 millones de euros, de los cuales solo el 17 % provino del mutualismo administrativo».
Muface no es su principal nicho de negocio, en un momento donde la contratación de seguros complementarios privados se ha disparado –40 % de subida en la última década–, impulsada por el deterioro de la sanidad pública. Una anécdota personal refleja bien esta situación: a comienzos de enero, una vez que Adeslas había rechazado la segunda licitación, todos los docentes de Cantabria recibimos en nuestro correo electrónico una suculenta oferta de esta aseguradora para contratar un seguro de salud con cobertura completa desde 38 euros al mes.
Otro elemento importante es que los nuevos funcionarios eligen de forma mayoritaria –el 67% de las nuevas incorporaciones– la sanidad pública, por lo que las aseguradoras se ven obligadas a atender a una población cada vez más envejecida, en buena medida personas jubiladas, que consumen por tanto muchos más recursos sanitarios. De ahí que una de las principales exigencias de las aseguradoras, asumida por el Gobierno en la segunda licitación, fuera la de la implementación de primas escalonadas según la edad de los beneficiarios; es decir, las aseguradoras recibirán más financiación por atender a beneficiarios de más edad.
Spoiler de este culebrón: el Gobierno claudica ante las aseguradoras
En esta telenovela asistimos a un nuevo episodio del papel que cumple la socialdemocracia gobernante en el mantenimiento del capitalismo en nuestro país. Mientras la vieja socialdemocracia gestiona los intereses del capital de forma «responsable», la nueva socialdemocracia se limita a hacer leves críticas con la boca pequeña pero tragando sapos, siempre justificado en nombre de su desfavorable correlación de fuerzas dentro del Gobierno.
El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (Más Madrid), afirmaba el pasado octubre en el Congreso de los Diputados que «si construyéramos un sistema desde cero, sería incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público». Pero ya saben: patadón hacia adelante y, como esto está así montado, sigamos enriqueciendo a las aseguradoras con dinero público.
Por su parte, el ministro de ministro de Función Pública, Óscar López (PSOE), a pesar de admitir que Muface depende de una financiación pública cada vez mayor, con más de 1.000 millones de euros invertidos anualmente en sostener este modelo, ha mantenido en todo momento una vía de comunicación con Adeslas, la mayor compañía de seguros de salud de España, para tratar de que recapacitara, ofreciendo a la aseguradora la creación de alguna fórmula para compensar pérdidas pasadas y tratar de evitar los posibles números rojos.
Tal ha sido el empeño del ministro en salvar a toda costa el concierto, que el 28 de enero anunciaba la modificación de las condiciones de la licitación con una financiación adicional de 330 millones de euros, es decir, un aumento total de la prima del 41,2 %. Crónica de una claudicación anunciada: se acaba completando la transferencia de rentas públicas a manos privadas en las cantidades que pedían las aseguradoras al inicio de las negociaciones del nuevo concierto.
El lamentable papel del sindicalismo
Las centrales sindicales mayoritarias del sector público se han movido entre la ambigüedad de la crítica a la irresponsabilidad de las aseguradoras, pero apostando a la vez por el mantenimiento del modelo o, directamente, por la defensa abierta de los intereses de las aseguradoras.
UGT y CCOO han criticado la «ambición insaciable de rédito económico de las aseguradoras, que siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación», pero a la vez exigían una solución que no pasaba por transitar hacia el fin del modelo y la reintegración total en el sistema público de salud –simplemente se han limitado a hacer campaña por el cambio individual a la sanidad pública–, sino que demandaban un nuevo convenio, es decir, mantener los conciertos sanitarios con esas aseguradoras tan codiciosas que han puesto en jaque al Gobierno.
En un contexto de continuo ataque a la sanidad pública, en el que el sindicalismo de clase debería apostar decididamente por su defensa desde todos los ámbitos, se cae en un corporativismo que confunde derechos con privilegios, y las posiciones de clase quedan absolutamente ausentes, al igual que en las concentraciones convocadas por CCOO y UGT el 11 de diciembre con una amalgama de sindicatos corporativos.
Por su parte, CSIF ya sin ambages de ningún tipo, se ha convertido directamente en portavoz de los intereses de las aseguradoras, criticando al Gobierno por no ofrecer aún más dinero a unas aseguradoras que, según ellos, han tenido que asumir pérdidas económicas, especialmente durante la pandemia. De hecho, anunciaron la convocatoria de una jornada de huelga para el 13 de febrero, si la licitación quedaba desierta.
Moraleja de este culebrón
En el enésimo ejemplo de que no podemos confiar en el Gobierno, por muy progresista que se autodefina, incluso para la defensa de una reivindicación básica como es la sanidad pública, universal y gratuita, la conclusión que nos deja esta telenovela cutre con un final que ya conocíamos desde el primer episodio es que la organización independiente de la clase obrera, desde posiciones netamente clasistas y alejadas de cualquier tipo de corporativismo, es la única posibilidad para defender sin concesiones un sistema sanitario verdaderamente público, universal y gratuito.
La denuncia al servilismo del Gobierno es un primer paso, pero debe ir acompañada de organización obrera y popular que, más pronto que tarde, pueda lograr que la sanidad deje de ser un negocio en manos de grandes compañías sanitarias, farmacéuticas, mutuas y aseguradoras, y se convierta en un derecho efectivo del pueblo. No hay que «repensar Muface», como dicen el ministro Óscar López y muchas otras voces desde el ámbito progresista; hay que acabar con este modelo privatizador e integrar de una vez por todas a sus profesionales y usuarios en el sistema público de salud.