A lo largo del pasado 2024, varios episodios de lucha y represión sindical han puesto de manifiesto una realidad incómoda pero constante: tanto los intereses empresariales, que buscan mantener intactos sus márgenes de beneficio, como la actuación del Estado, independientemente del color político del Gobierno, convergen en su propósito de preservar el orden económico y contener cualquier desafío al equilibrio de poder entre capital y trabajo.
Desde las huelgas de Amazon en Trapagaran (Vizcaya), seguidas por una retahíla de abusos patronales y medidas represivas, el castigo ejemplarizante que el Tribunal Supremo dictaba en el caso de las 6 de la Suiza, y llegando a casos recientes que han afectado directamente a nuestros militantes del PCTE: las sanciones a 22 delegados del comité de empresa de Ares Capital o el despido en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC). Se muestran con claridad los distintos mecanismos que se ponen en marcha para neutralizar cualquier intento de organización sindical efectiva que desafíe los límites impuestos por las necesidades de ganancia de los capitalistas.
El caso de Juan Fernández, militante del PCTE en Madrid, ilustra bien esta dinámica. Delegado sindical en la empresa Ares Capital, uno de los gigantes del sector VTC, sufre junto a otros 21 delegados una sanción de empleo y sueldo bajo la acusación de estar realizando una «huelga encubierta». La empresa, que forma parte del Grupo Moove y en la que Uber tiene participación directa, se escuda en esta acusación para castigar una acción sindical legítima que buscaba mejorar las condiciones laborales a través de la negociación colectiva. Se trata de un sector, el de la VTC, ya de por sí interesante para hablar de represión sindical. Está caracterizado por una extrema precariedad y por ser un paradigma de las nuevas formas de explotación laboral; la digitalización, que eventualmente podría utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo, sirve más bien, puesta al servicio de las necesidades del sistema capitalista, como una herramienta de control absoluto sobre los tiempos, ritmos y movimientos de los trabajadores.
El hecho de que este tipo de represalias se produzcan bajo un Gobierno de coalición que se autodenomina progresista no puede pasarse por alto. La narrativa oficial puede ser amable, incluso «empática» hacia las demandas sindicales, pero ese tipo de intenciones solo pasan de los discursos en las ruedas de prensa a, como mucho, los prólogos introductorios de los acuerdos o los decretos ley que luego pasan a aplicarse permitiendo las mismas dinámicas de explotación y represión cuando esta es necesaria. No es un error o un defecto de una socialdemocracia «imperfecta» o «blanda»: el Estado actúa como garante del orden económico y no duda a la hora de permitir que las empresas impongan sanciones desproporcionadas, incluso cuando estas contradicen abiertamente derechos laborales reconocidos.
Pero la represión sindical se hace solo «a espaldas» de las administraciones públicas y su papel supuestamente garante de los derechos laborales y sindicales. El despido de Esteban Delgado, militante de los CJC en Cataluña y delegado sindical en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), es una prueba más de que estas prácticas represivas y los abusos de poder no distinguen entre administraciones públicas y empresas privadas. Esteban fue despedido tras denunciar irregularidades en su centro de trabajo, entre ellas contrataciones fraudulentas y la distribución discrecional de complementos salariales entre la dirección. Se demuestra que los mecanismos de control siguen siendo igual de opacos y la represión sindical, aunque algo más disimulada, opera con la misma efectividad. El despido de Esteban no solo castiga a un individuo, sino que envía un mensaje claro al resto de la plantilla: señalar las irregularidades tiene consecuencias.
Por otro lado, el caso de “las seis de La Suiza” demuestra que cuando los mecanismos internos de las empresas no son suficientes para frenar la acción sindical el aparato judicial siempre está disponible para intervenir, incluso sus más altas instancias. Condenadas por el mismísimo Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión y al pago de más de 125.000 euros, estas sindicalistas participaron en una campaña de presión y boicot contra un empresario que no solo había despedido de forma improcedente a una trabajadora, sino que había sido denunciado por acoso laboral y sexual. Como señalamos desde el PCTE en un comunicado en junio, la sentencia no es solo un castigo ejemplarizante, sino también un precedente que puede ser utilizado para criminalizar cualquier movilización sindical futura.
Estos casos, aunque aparentemente desconectados, forman parte de una misma dinámica, inherente al sistema capitalista: el disciplinamiento de la mano de obra asalariada, cuando no puede darse por cauces más pacíficos, utiliza otras herramientas. En los casos de nuestros militantes, ha estado presente de manera clara la intención de desgastar a quienes lideran los conflictos laborales y, sobre todo, enviar un mensaje de advertencia al conjunto de las plantillas. La represión no siempre adopta formas espectaculares; a veces basta con sanciones económicas para sembrar el miedo.
El hecho de que estas prácticas ocurran bajo Gobiernos de diferentes signos políticos es un recordatorio de que el Estado, en su forma actual, no es un árbitro neutral en el conflicto entre capital y trabajo. Aunque los matices puedan variar –un Gobierno progresista puede mostrar más disposición al diálogo o aprobar ciertas medidas paliativas, lo cual no deja de ser sino otra manera de intentar preservar el statu quo–, la estructura de poder permanece intacta. El objetivo final es siempre el mismo: garantizar que los márgenes de beneficio empresarial no se vean afectados por las demandas laborales.
Esta realidad plantea un desafío fundamental para el movimiento sindical: ¿cómo responder a una represión que se ejerce de manera transversal y sistemática? Las respuestas no son fáciles, pero hay algunas certezas. La primera es que no se puede confiar en que ninguna administración, por más progresista que se declare, vaya a defender de forma efectiva los derechos laborales si no existe presión organizada desde los centros de trabajo. La segunda es que la solidaridad sigue siendo una herramienta imprescindible para enfrentar estos ataques. Casos como los de Juan, Esteban o “las seis de La Suiza” no son solo problemas locales o individuales, sino síntomas de una enfermedad estructural que afecta a todo el tejido laboral. En ese sentido, el PCTE ha llevado a cabo una campaña de denuncia de la represión contra Juan y el resto de delegados del comité de empresa de Ares Capital, en distintos momentos en que han sido intimidados y, directamente, sancionados por la empresa. El PCTC y los CJC convocaron el pasado 11 de diciembre una concentración para denunciar el despido de Esteban del ICGC y defender su puesto de trabajo. En cuanto a las seis de La Suiza, el sindicato CNT lanzó una campaña de denuncia del caso y de recaudación de fondos para la defensa jurídica, especialmente necesaria ahora, una vez que la sentencia es firme y las sindicalistas podrían entrar en prisión. Se han realizado también diversas concentraciones y manifestaciones no sólo en Gijón, sino en diversos puntos del Estado. Así, con solidaridad obrera e independencia de clase, es como debemos responder a cada caso de represión contra nuestra organización y lucha.
Los sindicatos, como estructuras colectivas de defensa, deben fortalecerse no solo en número, sino también en compromiso y claridad estratégica. La represión sindical no va a desaparecer por sí sola, y cada caso que quede impune allana el camino para que nuevos ataques puedan llevarse a cabo con mayor facilidad.
Al final, lo que está en juego no son sólo las condiciones laborales de unos pocos trabajadores sancionados, despedidos o condenados, sino el derecho mismo a organizarse, a protestar y a cuestionar las reglas de un sistema que, una y otra vez, demuestra que está diseñado para proteger los intereses de unos pocos a costa del esfuerzo de la mayoría.