En vísperas de las vacaciones de Navidad, el ministerio de Trabajo, junto con las direcciones de las organizaciones sindicales mayoritarias (CCOO y UGT), alcanzó un acuerdo para promover una nueva regulación legal que reduciría la jornada laboral máxima legal de las 40 horas a 37 horas y media semanales. Presentado con alarde como un paso hacia la mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora y como un avance histórico –comparable, se nos dice, a la reducción a 40 horas de 1983– este acuerdo es, sin embargo, un claro ejemplo del tipo de pactos sociales que, lejos de alterar de forma sustancial la relación capital-trabajo, perpetúan la sobreexplotación laboral bajo nuevos ropajes.
Examinada con cierto detenimiento, deviene una medida cosmética que decepciona en todas las facetas en las que un acuerdo de reducción horaria podría menguar el control empresarial sobre el tiempo y la disposición de la fuerza de trabajo. Una clave está en un detalle apenas destacado en el debate público: en ningún momento se ha planteado, al menos en firme sobre el papel, una disminución efectiva de jornada sobre cómputo mensual y palpable en la semana laboral cotidiana de los trabajadores, sino en el cómputo anual de horas trabajadas. Por tanto, se deja la puerta abierta a que las empresas reorganicen y concentren las horas a lo largo del año según sus picos de actividad, aumentando su poder para adaptar las jornadas a sus intereses productivos. De nuevo, flexibilidad para las empresas: subordinación del tiempo de vida de la clase trabajadora a las fluctuaciones y exigencias del mercado.
Mejora cosmética para maquillar más flexibilización: un escenario de precariedad consolidada
Lejos de ser un paso hacia la liberación del tiempo de ocio y el disfrute personal, esta medida, de la que agentes sociales y Gobierno han firmado acuerdo antes de pasar a trámite parlamentario, tendría efectos mínimos por varias razones: en primer lugar, porque la jornada laboral media en España ya era menor de 35 horas (por factores como la parcialidad forzosa, la brecha de género, la difusión de los “miniempleos”, etc.); en segundo lugar, porque todo parece apuntar a que la regulación de muchas aristas de la reducción efectiva quedará en manos de los convenios, donde todo dependerá de la fuerza –o la debilidad– de las fuerzas sindicales en cada empresa, sector y ámbito territorial.
Una medida con pocas garantías y de reducción tan limitada puede no servir más que para la consolidación de formas de flexibilización laboral que ya se vienen practicando: contratos a tiempo parcial, jornadas irregulares y disponibilidad absoluta en nombre de la competitividad. Mientras se nos presenta la reducción a 37 horas y media como un hito, el efecto real sobre la calidad de vida de las y los trabajadores se verá neutralizado en muchos casos por la continuación o puesta en marcha de sistemas de cómputo flexible del tiempo, control horario digital y otras herramientas que, en la práctica, seguirán favoreciendo las horas extra encubiertas, el «presentismo» difuminado y la expectativa de estar siempre disponibles según se demande a través de las nuevas tecnologías.
Sin un control efectivo y sin medidas sancionadoras verdaderamente disuasorias –aspectos tibios en el acuerdo–, el registro horario no será más que un trámite burocrático, una apariencia de orden en un mercado laboral que sigue siendo un campo de minas para quien trabaja por cuenta ajena. Es decir, la medida, más que ser el regalo del ministerio que parece, no será más que una actualización de la jornada a la realidad laboral ya existente en España, dominada por la flexibilización horaria, la parcialidad y los llamados miniempleos.
Pero, además, hay otra cuestión de fondo que las y los comunistas queremos situar para contextualizar en qué medida mejora esta reducción nuestras condiciones de vida. La propuesta gubernamental se da en un contexto marcado por la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios. Durante las últimas décadas, mientras la productividad se incrementaba sustancialmente, los salarios reales apenas han crecido. De hecho, según datos de la OCDE, la productividad por hora trabajada aumentó un 30 % entre 1990 y 2022, mientras que los salarios reales solo subieron un 11,5 %. Esta brecha no es un fenómeno pasajero, sino parte integral de la distribución de la riqueza, injusta de base, que lleva asociado el desarrollo capitalista. De este modo, la pretendida reducción de la jornada sin reducir salario es, en buena medida, un espejismo, ya que lo que finalmente define el nivel de bienestar no es solo el tiempo de trabajo, sino la capacidad adquisitiva del salario, el acceso a servicios públicos y derechos sociales, etc.
El desempleo crónico y la falacia de la redistribución del trabajo
Otro de los problemas de fondo que el acuerdo no pretende abordar, y que sí que está intrínsecamente ligado al reparto entre el tiempo de trabajo y el de descanso, es el desempleo crónico que caracteriza al mercado laboral español desde hace décadas. Aunque según corrientes de economía burguesa keynesianas cualquier medida que reduzca la jornada podría en teoría repartirse entre más personas trabajadoras –favoreciendo, así, el pleno empleo–, esta idea se estrella contra la naturaleza del capitalismo y contra su momento actual. El objetivo principal del capital, por definición, no es garantizar el empleo ni distribuir equitativamente el tiempo de trabajo, sino maximizar la extracción de plusvalía.
En la búsqueda de vías para ello, el capital ha encontrado en la tecnología y en las nuevas formas de organización laboral herramientas para optimizar el uso de la fuerza de trabajo, ajustando las horas trabajadas a la demanda puntual del mercado y recortando plantillas en los períodos de menor actividad. Esto no solo perpetúa el desempleo estructural, sino que lo convierte en una herramienta funcional al sistema. El llamado «ejército industrial de reserva», concepto acuñado por Karl Marx, sigue siendo hoy un elemento central para la regulación del mercado laboral.
Este ejército de trabajadores desempleados y subempleados no es simplemente una consecuencia colateral del sistema, sino una necesidad estructural para el capital. Mantener una masa de trabajadores en situación de desempleo ejerce una presión constante sobre quienes sí tienen empleo, disciplinándolos mediante el miedo al despido y reduciendo así su capacidad de negociación salarial y sindical. Además, permite a las empresas acceder a una fuerza de trabajo barata y disponible en cualquier momento, lo que facilita la flexibilidad y adaptabilidad que exige la competencia en el mercado globalizado.
¿Significa esto que cualquier medida de reducción del tiempo de trabajo, en el marco de un sistema capitalista, va a ser completamente inútil o inocua para las condiciones de vida de los trabajadores? No; no, si las mejoras que se consiguen son fruto de la lucha consciente de la clase y ponen como brújula de su reivindicación únicamente sus propios intereses, en vez de la idoneidad de la medida para el marco capitalista actual, las necesidades de las empresas y la productividad, que es lo que el propio texto del acuerdo y el discurso del Gobierno han tenido en cuenta. Por mucho que, con el estilo al que nos tiene acostumbrados Yolanda Díaz, conjugue esa visión pactista con las empresas con grandilocuencias vacías sobre la felicidad y alguna alusión cínica a hitos del movimiento obrero, como la huelga de La Canadiense en este caso.
Del Real Decreto de 1919 a las promesas de hoy: la lucha sindical en el espejo de la historia
El acuerdo firmado cita el histórico Real Decreto de 1919 que fijó la jornada máxima en ocho horas diarias –un acontecimiento clave del movimiento obrero– y sitúa a España a la vanguardia de Europa en la reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo, evoca aquel logro sin comprender ni mencionar el contexto de lucha obrera y combatividad sindical que lo posibilitó. Aquella conquista no fue fruto del diálogo amable en despachos y algún rifirrafe exagerado en los medios de comunicación con la patronal y partidos más descaradamente amigos de esta, sino que fue fruto de intensas huelgas, organización política y conflicto abierto con un capital que, en plena primera industrialización, sometía a la clase trabajadora a jornadas de hasta doce horas diarias.
Hoy, mientras se promueve un acuerdo descafeinado, las condiciones laborales conquistadas en décadas de lucha se ven horadadas por décadas de políticas flexibilizadoras y reformas laborales a la baja. Tras el acuerdo de 1983, el movimiento obrero exigió hasta la década de los 90 una semana laboral de 35 horas. Esa reivindicación, hoy diluida hasta las 37 horas y media –en un momento, recordemos, en el que la jornada semanal media es de menos de 35–, muestra el retroceso en las aspiraciones del movimiento obrero y sindical que sigue los señuelos de la socialdemocracia. Lo que antes se consideraba un objetivo mínimo ahora parece una meta inalcanzable.
Resulta imprescindible que el movimiento obrero y sindical recupere, por un lado, la mayor combatividad que le pudo caracterizar en los años 80, cuando la presencia de partidos socialdemócratas en el Gobierno no supuso obstáculo para oponerse a las medidas flexibilizadoras que por entonces comenzaban a importarse a España de la mano de la futura UE y con la inestimable embajada que suponía el equipo de Felipe González. Pero igualmente importante sería aprender de los errores en esa década, en la que se vio limitado por la asociación automática entre el marco democrático-burgués y la mucha mayor posibilidad, en teoría, de lograr y mantener de manera permanente conquistas sociales. Ninguna conquista ni condición en el capitalismo es permanente, sino que estará sujeta a la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, y a la disposición de la clase obrera para defender y ampliar sus derechos frente a los intentos constantes de erosión y retroceso. Romper los espejismos de la socialdemocracia significa entender que, bajo su retórica amable, subyace una defensa última de la estabilidad del sistema capitalista. Comprender que solo nuestra organización consciente, hombro con hombro y clase contra clase, es condición y garantía de la mejora real de nuestras condiciones.