Llevamos años ya acostumbrados a Gobiernos progresistas expertos en anuncios grandilocuentes y declaraciones altisonantes, orgullosos de su supuesta impecable gestión. El último espantajo lo presenciamos el primer día de diciembre del ya pasado año: Sánchez anunciaba que el Gobierno crearía «una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado». Realizado en la clausura del 41º Congreso del PSOE, el anuncio fue sonoramente aplaudido por los presentes, fieles de un partido muy habituado a decir unas cosas de cara a su parroquia y el electorado y hacer otras distintas desde el Gobierno, todo con un fin: seguir manteniendo en amplias capas de la población la ficción de que realizan políticas en favor de la mayoría trabajadora y de que se distinguen de su principal rival parlamentario en casi todo. No en vano, «somos la izquierda» fue el eslogan que escogieron en 2017 para el 39º Congreso y volvió a ser un eslogan utilizado el mes pasado en el 41º Congreso.
Es viejo el cuento de Pedro y el lobo, como vieja es la capacidad del PSOE, sobre todo cuando se halla en la oposición, para seducir a la población con promesas de medidas que tomarán y, una vez tras otra, incumplir la mayoría de ellas, confiando en la amnesia o el perdón de muchos y muchas. De la retahíla disponible en la hemeroteca sírvanle al lector dos, que rescatamos por la magnitud de lo regresivo de las políticas que decían pretender revertir y, por tanto, de la magnitud del incumplimiento de las promesas: entrados en 2025, tras seis años y medio de «Gobierno progresista», primero del PSOE y luego de dos de coalición, ahí siguen sin ser derogadas ni la reforma laboral de 2012 del PP (ni hablemos de la de 2010 del propio PSOE, que le abrió el camino) ni la ley mordaza. Ambas banderas fueron enarboladas en campaña por Sánchez, así como por Unidas Podemos. Y ambas siguen vigentes (la reforma laboral, modificada, porque al final resultó que derogarla, «técnicamente», no era posible). Ahora Pedro Sánchez y su Gobierno nos anuncian una lucha sin cuartel contra los bulos y la desinformación. Hablemos, pues, de algo cercano a los bulos y la desinformación.
Y es que el PSOE, y también sus socios de coalición –primero UP y ahora Sumar–, son expertos, sin llegar al bulo y la desinformación que más burdamente abrazan el PP y, sobre todo, la reacción negacionista de Vox, tanto en incumplir promesas como en sobredimensionar el alcance y los efectos reales de algunas de sus medidas. Y así viene ocurriendo en todo lo relacionado con la vivienda desde que esta supone un problema cada vez más protagonista de los malabares económicos y los quebraderos de cabeza de la mayoría trabajadora de nuestro país. Así sucede con el anuncio de la creación de una empresa pública de vivienda y con la ley de vivienda aprobada en 2023, en cuya última noticia reciente, el índice de precios del alquiler, también merece la pena fijarse con atención.
La empresa pública de vivienda que anunció Sánchez se creará a partir de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), compañía dependiente del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que ha sido elevada al primer rango de otras empresas públicas como Adif, Renfe o Correos. A ella se van a transferir viviendas que hoy son propiedad de diversas empresas públicas, como ADIF, SIEPSE (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) o el INVIED (Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Ahora bien, esta transferencia se realizará, por supuesto, compra mediante. También se firmarán convenios con MUFACE o Patrimonio Nacional para asumir la gestión de viviendas hoy en posesión de estas, aunque ambas seguirán siendo las propietarias. Además, con una modificación realizada en la ley de contratos del sector público, esta futura empresa pública podrá promocionar viviendas en alquiler de la mano de inversores privados.
¿Qué cabe esperar de esta información que conocemos hasta ahora? Aunque muchas de estas empresas no ofrecen un listado público de las viviendas que poseen, algunos expertos calculan que se trata de un total de 6.128 inmuebles. Mientras tanto, la Sareb, el banco malo con el que, de la mano de la Troika, el Gobierno de Mariano Rajoy perpetró la estafa de socializar entre toda la población las pérdidas de la banca derivadas de la burbuja inmobiliaria, queda fuera de esta adquisición de viviendas por parte de la empresa pública. Estamos hablando de casi 20.000 viviendas. Además, como vienen criticando algunas voces, por ejemplo desde el Sindicato de Inquilinos, esta forma de adquirir y promocionar vivienda se trata del enésimo ejemplo de ese eufemismo que llaman «colaboración público-privada», que ya se sabe cómo acaba: jugando esta empresa pública al juego del mercado, con sus mismas reglas, y a menudo integrándose plenamente, con el tiempo, en el mercado. Los beneficios, mientras, para las empresas privadas que construyen las viviendas.
Este anuncio de Pedro Sánchez venía acompañado de otras propuestas: eliminar todas las viviendas turísticas ilegales, aumentar progresivamente el parque público de vivienda hasta el 6 %, rehabilitar 1,5 millones de casas antes de que termine la década, reforzar el derecho a la vivienda en la Constitución Española y reducir a menos del 7 % las personas que destinan más del 40 % de sus ingresos al pago de su domicilio. Surgen interrogantes por doquier. ¿Por qué no se lleva ya años cerrando los pisos turísticos ilegales? ¿Por qué no se regula la prohibición de conceder licencias para nuevos pisos turísticos, como ya hacen algunas comunidades autónomas y municipios, mientras siga habiendo gente sin poder acceder a una vivienda? Construir nuevas viviendas es un proceso de varios años, una espera que no pueden afrontar quienes hoy no tienen un techo; ¿para aumentar el parque público de vivienda, por qué no se expropia a los grandes fondos de inversión? ¿Por qué no se obliga a movilizar los millones de casas vacías que existen? ¿Cómo se garantizará que se rehabilitarán 1,5 millones de casas para 2030? ¿De qué servirá «reforzar» en el papel de la Constitución el «derecho a una vivienda digna y adecuada» en lugar de tomar medidas tangibles, en la práctica, contra la especulación y el rentismo? Hoy, un 40 % de inquilinos destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler; ¿cómo se pretende reducir del 40 % al 7 % sin bajar los precios del alquiler y con unos salarios que no suben?
En definitiva, un rimbombante anuncio, como otras medidas con apariencia de radicales que se quedan en poco más que agua de borrajas cuando, andando el tiempo, uno va siguiendo el curso de los acontecimientos. Animamos a los lectores a seguir de cerca y con ojo crítico toda la información que vaya apareciendo sobre la empresa pública de vivienda.
Algo similar ocurre con todo lo relacionado con la ley de vivienda aprobada en 2023, que sigue la misma tónica. Mientras escuchamos al Gobierno culpar al PP por la negativa de sus Gobiernos autonómicos a aplicar la ley de vivienda, lo cierto es que por ahora las tres comunidades gobernadas por el PSOE tampoco la han aplicado. Aquella ley que supuestamente venía a «blindar por ley» el derecho al acceso a una vivienda digna contempla, para 2025, incrementos del precio del alquiler de hasta un 2,20 %, según el índice de precios publicado el mes pasado por el Gobierno. Y, recordemos, hablamos sólo de los contratos de alquiler firmados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, el 25 de mayo de 2023. Los alquileres anteriores se seguirán actualizando según lo que acuerden ambas partes. En un contexto de enorme demanda y escasa oferta, ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿Cuántos jóvenes se aprietan y se aprietan el cinturón para asumir las subidas que imponen sus caseros, sabiendo que si se niegan habrá alguien en la puerta dispuesto a asumir ese incremento y ellos se verán obligados a buscar otra vivienda, en medio del imparable encarecimiento, quizá más lejos, más pequeña, en peor estado?
Añadamos que el precio inicial «pactado» en el contrato, fuera de las zonas tensionadas, escapa a toda regulación, por lo que fijar un alquiler muy elevado será la vía utilizada por los caseros para compensar la imposibilidad de subirlo en la revisión del contrato. En resumen: en la sociedad de clases siempre hay quienes encuentran resquicios para seguir asegurando sus ingresos mientras otros no consiguen desprenderse de la soga al cuello.
El ejemplo de la aplicación de la ley en Cataluña, además, arroja unos datos poco esperanzadores si no se toman otras medidas complementarias: el precio de los alquileres descendió entre un 3 y un 5 %, pero se firmaron un 17 % menos de contratos. Ante el «miedo», los propietarios retiran sus pisos del mercado de alquiler residencial y se lo llevan al alquiler turístico o por temporadas, ambos sin abordar en la ley, como ya denunciamos en estas páginas en 2023. ¿Se hará algo para evitar este trasvase, que agrava la falta de vivienda disponible y contribuye aún más a encarecer los precios del alquiler? Por ahora, esta experiencia, aunque aún falta por analizar a más largo plazo, permite entrever una conclusión que confirma lo que sosteníamos sobre el corto alcance de las medidas del Gobierno: ¿son soluciones efectivas a problemas de fondo? ¿Qué hay acerca de tocar la raíz de problemas que son de carácter estructural? Ya lo dijo el exministro Ábalos: «la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado».
A algunos de los interrogantes que planteábamos más arriba hay quienes plantean objeciones, presos ideológicamente, eso sí, de los límites impuestos por la sociedad capitalista. En esta, anárquica y caprichosa por su natural falta de planificación, dicen algunos que movilizar los millones de viviendas vacías que hay en España puede no ser una solución porque se encuentran en zonas con «poco dinamismo geográfico». Traducido, pueden ustedes imaginar lo que quiere decir. Debido a diversos factores que escapan a este artículo pero que en absoluto son «naturales», caídos del cielo, comarcas enteras se despueblan y mueren, se vacía el interior, el medio rural, y no paran de crecer ciudades cada vez más invivibles que concentran puestos de trabajo pero no ofrecen siquiera un techo a un precio asequible para la mayoría.
Otro argumento es el de aquellos que creen que el Gobierno poco más puede hacer, y aluden al hecho de que las competencias en materia de vivienda están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Una excusa con la que justificar la inacción de unos y otros y sus dimes y diretes en sedes parlamentarias, con los mismos perjudicados de siempre. Este obstáculo brillaría por su ausencia en el socialismo-comunismo, donde todos los niveles administrativos, al servicio de la mayoría trabajadora, trabajarían al unísono, optimizando recursos, en este caso planificando las necesidades de vivienda. No hay obstáculo grande si el objetivo realmente es satisfacer las necesidades sociales y no salvaguardar el negocio de rentistas y especuladores, si eliminamos de la ecuación de la vivienda la rentabilidad, el lucro de una minoría. Para 2025, un deseo: ser realistas y dejar de creer que en el capitalismo una vivienda digna y adecuada va a ser un derecho real para toda la población, por muy bonito que algunos quieran plasmarlo en la Constitución, por mucho que pretendan que los desahucios están prohibidos si lo repiten muchas veces o por mucha medida de cara a la galería que anuncien.