Han pasado ya varias semanas desde que la catastrófica DANA asolase Valencia y otros puntos del levante español. Aquí y allá, las personas afectadas tratan de ir rehaciendo sus vidas, aunque para muchos nunca volverán a ser las mismas: hay quien ha perdido a familiares, amigos o a compañeros de trabajo que fueron obligados a no parar la rueda de la producción hasta el último momento. Otros han visto sus coches arrastrados por ríos de barro, sus casas anegadas, los recuerdos de toda una vida perdidos… y mientras miles de personas tratan en la medida de lo posible de volver a cierta normalidad con la ayuda de vecinos y voluntarios, Gobierno valenciano y Gobierno central continúan con su bochornoso cruce de acusaciones, echando balones fuera, apenas reconociendo mínimamente los errores cometidos…
Y es que si hablamos de responsabilidad, hay que hablar de las distintas administraciones burguesas que durante décadas han permitido que se edificase en terrenos inundables para beneficio de constructoras y bancos. Hay que hablar de esas mismas administraciones que han desconocido el significado de la planificación urbanística, dejando que se edificase bajo el criterio de la búsqueda del máximo beneficio y la anarquía de la producción. Las mismas administraciones que durante décadas no han invertido en prevención y, cuando lo han hecho, ha sido siempre de forma reactiva, después de alguna desgracia (porque todos sabemos que no es la primera Dana que trae destrucción ni, desgraciadamente, parece que será la última).
Esta responsabilidad parece cosa del pasado y puede diluirse con facilidad, pero unos y otros gestores del capitalismo en Valencia y en España son claramente responsables desde el primer momento. Mucho más difícil para diluir sus responsabilidades lo tienen quienes gestionaron (o debieron gestionar) la emergencia en sí. Hablamos, ahora sí, del Gobierno valenciano de Mazón y del Gobierno central de Sánchez.
Lo primero que debemos mencionar es el retraso con el que el Gobierno valenciano dio el aviso de protección civil, cuando los ríos de barro ya cubrían hasta la cintura a los vecinos en algunos de los lugares afectados. Para poder seguirlo cronológicamente y entenderlo mejor, debemos ser conscientes de que a lo largo de la mañana la AEMET emitió varios avisos rojos, los primeros para el interior de la provincia y, poco después, para todo el litoral valenciano. Estos avisos se dieron entre las 7 y las 10 de la mañana y a pesar de toda la información de la que se disponía, Mazón consideró oportuno declarar en torno a las 13.00 horas que lo peor ya había pasado. Movido bien por su ignorancia e incompetencia, bien por la intención de no causar daños al sector turístico que tanto peso tiene en la Comunidad Valenciana, o bien por la combinación de ambas, no podría haber estado más errado.
Sea como fuere, lo peor estaba por llegar. En torno a las 18:30 se desbordó el barranco del Poyo, anegando los municipios de Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja, donde se produjeron la mayoría de víctimas mortales. No sería hasta pasadas las 20:00, con miles de personas con el agua al cuello, cuando la Generalitat lanzó una alerta masiva por SMS pidiendo a la población de la provincia de Valencia que evitara salir de casa y hacer desplazamientos.
A partir de entonces se desarrolla todo a nivel institucional con una lentitud y negligencia que no hacen más que agravar las ya de por sí dramáticas consecuencias. Los recursos locales que se activan y desplazan, en un nivel de alerta muy inferior al que la emergencia requería, se ven ampliamente desbordados. Por poner un ejemplo, en la Comunidad Valenciana existen más de 2.000 bomberos y bomberas, así como unidades de rescate, canina o de drones, que no pudieron desplazarse en los primeros momentos de la emergencia por problemas burocráticos que significaron un retraso en su activación y una importante dificultad para coordinarlos sobre el terreno. Lo mismo ocurrió con bomberos y otros servicios de emergencias de fuera de la comunidad, llegando incluso al ridículo de mandar de vuelta a sus parques a dotaciones de bomberos que desde otros puntos de España ya estaban en camino, o el caso de los bomberos franceses que acudieron a Valencia bajo su propia responsabilidad ya que se había rechazado su ayuda con el argumento de que no hacían falta.
Reconocer el error de cálculo, la lentitud de respuesta o la necesidad de ayuda debe de ser algo que el PP valenciano no estaba dispuesto a aceptar, no al menos si era al Gobierno del PSOE y Sumar a quien se le pedía esta ayuda. Y, a la vez, el Gobierno no estaba dispuesto a echarse sobre los hombros la gestión tardía de esta emergencia con el consiguiente desgaste político, aunque después de que Mazón demostrase su incompetencia es lo que debería haber ocurrido. Al menos si la prioridad de un Gobierno y otro fuese la de salvar vidas y minimizar daños. Ambas administraciones pusieron por delante sus propios intereses políticos y los de la patronal, dejando al pueblo valenciano en último lugar.
Mientras tanto, miles de bomberos, servicios de emergencia y de seguridad hacían lo que podían, más por buena voluntad que por mecanismos de coordinación eficaces (para hacernos una idea, en España existen más de 150 cuerpos de bomberos y no hay una ley que los coordine ante emergencias de este tipo). Junto a ellos, el pueblo valenciano y voluntarios de toda España se volcaban en aportar su granito de arena para ayudar en todo lo que fuese necesario, demostrando una vez más que solo el pueblo salva al pueblo.
Para las y los comunistas esta consigna está clara, pero es necesario acompañarla de un señalamiento hacia los culpables, porque los hay. El Gobierno de Mazón, por su incompetencia y retraso; el de Sánchez, por su cobardía al no querer tomar el control; todas las administraciones capitalistas que durante años allanaron el camino a constructoras y bancos que se lucraban con promociones urbanísticas en terreno inundable; todas las administraciones que decidieron no invertir en planificación urbanística ni en prevención, porque eso «no da dinero»; y por supuesto todos los empresarios que, a pesar de los avisos rojos de la AEMET, obligaron a acudir a sus puestos a miles de trabajadores, poniendo una vez más su beneficio económico por encima de las vidas humanas, así como los políticos que, salvaguardando los intereses de la patronal, lo permitieron.
Hoy nos quedamos con eso de que solo el pueblo salva al pueblo, pero también con el «hay culpables». Hay culpables y deben pagar.