En 2020, el partido Por un Mundo más Justo puso en marcha una campaña para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. La campaña, según sus promotores, contó con una financiación de 340.000 € aportada por la Fundación para la Ciudadanía Global. Una cifra económica nada despreciable para un partido extraparlamentario.
La Iniciativa Legislativa Popular es un instrumento recogido en el artículo 87 de la Constitución española que establece que mediante la presentación de más de 500.000 firmas se puede iniciar un proceso de debate sobre una temática determinada en el Congreso de los Diputados y, en su caso, la aprobación con carácter de ley. En este caso, se pretendía lograr la concesión de permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que estuvieran en España en situación administrativa irregular o, como se dice popularmente, «sin papeles».
La iniciativa de este partido, con fuertes conexiones con la Iglesia católica, agrupó en la plataforma Esenciales a una gran diversidad de organizaciones políticas, sindicales y sociales de diversas ideologías; desde las entidades de la acción católica y parroquias, pasando por el anarcosindicalismo y contando con el apoyo de partidos como el PCE e Izquierda Unida, con ministros en el Gobierno.
Más allá del resultado final en cuanto al logro de una regularización de personas migrantes que viven en España, esta iniciativa sin duda ha conseguido generar un debate en la sociedad sobre la situación de extrema vulnerabilidad de los derechos sociales y laborales que viven unas 500.000 personas en nuestro país. A día de hoy, el resultado final es incierto, y la ilusión y esperanza entre este sector de nuestra clase está en manos de los intereses del trabajo a demanda exigido por la burguesía.
Es necesario recordar que la última regularización de trabajadores extranjeros en España se produjo en 2005 con el Gobierno de Zapatero y en pleno auge de la economía española, previo a la crisis de 2008, cuando sectores empresariales demandaban mano de obra de bajo coste y en los sectores peor remunerados. Por esta vía extraordinaria, obtuvieron permiso de trabajo casi 600.000 trabajadores extranjeros, a los que se les exigía como condición disponer de un contrato de trabajo de seis meses o más y 40 horas semanales o, en el caso de la agricultura, se exigía un contrato de al menos 3 meses. Así, una tercera parte de los permisos de trabajo obtenidos con esta regularización fueron obtenidos por trabajadoras del hogar y casi la mitad se empleó en la construcción, la agricultura y la hostelería, sectores con mucha precariedad y bajos salarios.
Cuando se habla de regularización no se está hablando de aquella consigna de «papeles para todos», sino que está sujeta a determinadas condiciones como la fecha de llegada, el tiempo de permanencia en España o disponer de una oferta de trabajo. En este sentido, en 2005, sin tener en cuenta aquellos trabajadores migrantes que ni siquiera la solicitaron por no cumplir los requisitos, con la regularización del Gobierno de Zapatero se quedaron fuera 115.000 personas, un 16,65 % de las solicitudes. Tampoco una regularización supone que se otorgue nacionalidad española a las personas extranjeras, sino que es simplemente un procedimiento extraordinario que aligera los requisitos de los mecanismos que ya se prevén en la Ley de Extranjería, como son las diferentes fórmulas de arraigo, procesos por los que personas «sin papeles» actualmente pueden legalizar su situación administrativa cuando se cumple un determinado tiempo de permanencia en España, junto con otras condiciones.
Se puede pensar que las regularizaciones son impulsadas por los partidos de izquierdas, pero durante los diferentes Gobiernos de Aznar medio millón de personas extranjeras obtuvieron permisos de trabajo a través de diferentes procesos de regularización. Además, es destacable que en el propio espacio de la Unión Europea varios países han establecido mecanismos extraordinarios para la concesión de permisos de trabajo a personas migrantes, todo ellos muy ligados a la necesidad y exigencia de fuerza de trabajo de los capitalistas.
La existencia de personas que viven en nuestro país sin permiso de trabajo provoca que sean víctimas de un mayor grado de explotación, al no poder ejercer derechos laborales, sindicales, sociales, etc., lo que las lleva a tener que aceptar las condiciones que el empresario imponga para poder garantizar su subsistencia vital. Algunos estudios concluyen que medio millón de personas extranjeras en España se encuentran actualmente en situación irregular. Se trata sin duda de una capa de trabajadores sometidos al escalón inferior de la pirámide que sustenta la explotación capitalista. Pero, además, que un sector de la clase obrera viva en nuestro país sin derechos no solo provoca un efecto perjudicial sobre esta capa de la clase, sino que también ejerce su efecto disciplinario sobre el conjunto de las trabajadoras y los trabajadoras de nuestro país.
Así, en sectores fundamentales para el propio funcionamiento del capitalismo y de la propia vida como son la agricultura, la hostelería o las trabajadoras del hogar se emplea sin contrato a una gran parte de la población migrante sin permiso de residencia y trabajo.
Esta Iniciativa Legislativa Popular consiguió, el pasado mes de abril, que se admitiese a trámite en el Congreso de los Diputados, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, y sometiéndose a un largo proceso de enmiendas. Este proceso ha sido prorrogado hasta en diez ocasiones, y ha finalizado recientemente. A lo largo de los próximos meses, el pleno del Congreso de los Diputados debatirá las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y se podrá analizar el alcance de esta regularización. Así, el PSOE y Sumar presentaron enmiendas conjuntamente y han propuesto aumentar el periodo de regularización para personas extranjeras que estuvieran en territorio español antes de diciembre de 2023 –inicialmente el texto de la ILP proponía la fecha de antes del 1 de noviembre de 2021–, y además han exigido en su enmienda unas condiciones adicionales muy similares a los arraigos actuales, como disponer de un contrato de trabajo, un compromiso en formación ocupacional o por razones humanitarias. Mientras, otros grupos –ERC, Bildu, Podemos y BNG– plantean eliminar esa fecha límite y no establecer condiciones adicionales. El PNV solicita que el proceso de regularización esté sujeto a un contrato de trabajo y Junts exige que sea competencia autonómica. En el caso del grupo parlamentario del PP, su enmienda exige que se disponga de un contrato. El partido de la ultraderecha, Vox, con una enmienda a la totalidad, solicita que a los trabajadores migrantes que hubieran entrado ilegalmente en España no se les otorguen en ningún caso permisos de trabajo, en un perfecto ejemplo de que representan el programa de máximos de los intereses patronales: cuantos menos derechos disfruten los trabajadores migrantes, mayor será el grado de explotación y mayores beneficios obtendrá la burguesía.
La aritmética de la mayoría parlamentaria hace difícil tener certezas sobre el resultado final. Lo que sí parece es que esta sonada regularización de trabajadores extranjeros en España formará parte una vez más de la política comunicativa del Gobierno, que trata de vender humo a determinados sectores que demandan derechos sociales para los trabajadores migrantes «sin papeles». Es probable que la norma que acabe aprobándose mantenga los requisitos de los actuales procedimientos de obtención de permisos de trabajo mediante los arraigos, bien con un contrato de trabajo o bien con un compromiso de formación, pero sin exigir la permanencia en territorio español de 2 años que establece el proceso más favorable como el arraigo por formación o de 3 años en el caso del arraigo social.
Probablemente, muchos trabajadores migrantes, cuando escuchan regularización, piensen que automáticamente se les concederá el permiso de trabajo, pero tal y como exige la normativa actual estarán condicionados por otros requisitos, como disponer de una oferta futura de contrato de trabajo. Algunos trabajadores migrantes se librarán de esos dos años sin papeles y pasarán a ser contratados aceptando las condiciones que el empresario de turno les exija a cambio de poder regularizar su situación administrativa en España. Será el momento en que muchos empresarios se aprovechen para exigir a estos trabajadores que quieren regularizarse el meter horas extra sin pagar, chantajear y pedir dinero por contratos y otro tipo de abusos como los que han denunciado muchos y muchas trabajadoras migrantes en nuestro país.
Desde la óptica socialdemócrata, que gestiona el capitalismo, nos señalarán los aspectos beneficiosos: que con esta regularización se aumentan las cotizaciones de la seguridad social, que generará beneficios sobre las pensiones, que se incrementará la recaudación fiscal, que se atajarán las necesidades de mano de obra en sectores como la construcción… Siempre desde un prisma que no cuestiona la explotación capitalista y el poder de la burguesía.
Desde la óptica revolucionaria, las y los comunistas entendemos que somos una misma clase y por eso debemos generar los mecanismos que nos permitan aunar en una misma lucha común a todos los trabajadores independientemente de su país de origen. Hombro con hombro, con la solidaridad por bandera, y clase contra clase, apuntando al enemigo común.