Han pasado nueve años desde la aprobación de la controvertida Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, y su impacto sigue pesando sobre nuestra sociedad. Aprobada en 2015 por el Gobierno del Partido Popular (PP) en medio de protestas masivas contra la austeridad y las políticas antisociales, esta ley se convirtió en símbolo de la represión institucionalizada y la criminalización de la protesta. Lo que resulta aún más llamativo es que, después de seis años de Gobierno socialdemócrata del PSOE, con distintos socios en coaliciones que se autodenominan progresistas, la ley mordaza continúa plenamente vigente, sin haber sido derogada, como se prometió. Esta ley no solo se ha utilizado para castigar las protestas, sino que ha generado un clima de miedo y autocensura entre la clase obrera.
A lo largo de estos años, la ley ha sido criticada por organismos internacionales, nada sospechosos de bolcheviques, como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han advertido sobre el carácter desproporcionado y arbitrario de muchas de sus disposiciones. A pesar de esto, la ley mordaza ha resistido en el tiempo y, hasta ahora, ningún Gobierno ha hecho esfuerzos reales por eliminarla.
Desde el mismo momento en que el PP sacó adelante esta ley, la oposición encabezada por el PSOE no dudó en calificarla como inconstitucional y represiva. Incluso presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y prometieron, tanto en su programa electoral como durante los años del Gobierno de Rajoy, que si llegaban al poder una de sus primeras medidas sería la derogación de dicha ley. De hecho, el PSOE llegó a presentar públicamente una plataforma bajo el lema «No a la Ley Mordaza», donde detallaban las razones para su rechazo, subrayando el carácter represivo de la norma.
Sin embargo, a día de hoy, la ley sigue vigente y continúa afectando la capacidad de la clase obrera para organizarse, movilizarse y expresar su descontento sin miedo a represalias legales. A pesar de las promesas vacías y las declaraciones retóricas de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno, no solo no se ha derogado la ley mordaza, sino que se ha reforzado el marco de represión estatal. En lugar de acciones concretas, lo que hemos presenciado ha sido una prolongada serie de dilaciones, anuncios grandilocuentes y, finalmente, un pacto con Bildu este mismo año para derogar «los aspectos más lesivos” de la ley, un acuerdo que dista mucho de la derogación total prometida. Esto nos suena, pues lo mismo se dijo con la reforma laboral, de la que se propuso su derogación, se transitó por el camino de «derogar los aspectos más lesivos» y, finalmente, quedó un eje central idéntico a lo que ya había. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la socialdemocracia, que se presenta como adalid de los derechos civiles, ha sido incapaz de cumplir con sus promesas?
La traición de la socialdemocracia
El PSOE llegó al poder en 2018 con una promesa clara de derogar la ley mordaza. En su discurso, Pedro Sánchez se presentó como el salvador de los derechos civiles y libertades públicas, ofreciendo un contraste nítido con la represión impuesta por el PP. No obstante, después de seis años en el poder y con dos elecciones generales en su haber, esa promesa se ha convertido en papel mojado.
Lo que ha caracterizado la gestión del PSOE en torno a la ley mordaza ha sido una continua incoherencia. Durante los primeros meses del Gobierno de Sánchez parecía haber cierta voluntad de impulsar reformas legislativas que revirtieran las medidas más punitivas de la ley. Sin embargo, los meses pasaron y el tema se fue diluyendo en el debate político. En lugar de la supresión firme, los Gobiernos socialdemócratas optaron por maniobrar políticamente, usando la derogación como una herramienta electoralista, pero sin avanzar hacia su eliminación efectiva.
El anuncio hecho por Sumar este verano fue otro episodio de promesas vacías. Se presentó con gran fanfarria un supuesto acuerdo con los socios de Gobierno para derogar la ley, pero este anuncio se evaporó rápidamente. En su lugar, el Gobierno firmó un pacto limitado con Bildu, en el que se prometía la eliminación de «los aspectos más lesivos» de la ley mordaza, un compromiso vago y ambiguo que deja intacta la esencia represiva de la norma.
El discurso oficial del PSOE y sus actuales socios socialdemócratas como Sumar o EH Bildu ha pasado a manifestar como buenas pequeñas reformas, sin abordar de raíz el problema estructural de la represión estatal. Esta traición a sus propias promesas refleja no solo la hipocresía de la socialdemocracia, sino también su papel como garante del statu quo. En lugar de derogar las leyes represivas y antiobreras, los socialdemócratas han preferido gestionar la crisis social mediante el control y la represión, como lo demuestran casos represivos como el de noviembre de 2021 contra los obreros del metal en Cádiz o, más recientemente, distintas políticas antisindicales y ataques a los derechos laborales, ejemplificados en el caso de «Las 6 de la Suiza», un clara muestra de persecución contra el movimiento obrero. También se ha detenido en diversas ocasiones a Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, se ha reprimido a vecinos como los de No a la Tala en Madrid (20.000 euros de multas) o al alumnado de la Universidad Complutense en las protestas en defensa de Palestina (20.000 euros).
Impacto jurídico y político
Desde una perspectiva jurídica, se ha generado un precedente peligroso. Al tratarse de una ley orgánica, su reforma o derogación requiere una mayoría parlamentaria reforzada. El Gobierno de coalición ha usado esta excusa en diversas ocasiones, señalando la dificultad de encontrar el consenso necesario. Sin embargo, esta explicación es insuficiente. Lo que realmente está en juego no es la falta de una mayoría, sino la falta de voluntad política.
Además, la propuesta de reforma actual, que se centra en eliminar los aspectos más lesivos de la ley, es jurídicamente insuficiente. Si bien se podrían suavizar algunos de los artículos más polémicos, no se alterará estructuralmente el contenido. La ley seguiría manteniendo un marco legal que permite al Estado intervenir de manera arbitraria en los derechos fundamentales de la protesta.
Desde el punto de vista político, la continuidad de la ley mordaza bajo un Gobierno socialdemócrata, actualmente PSOE y Sumar (con las patas de EH Bildu y ERC) refleja la falta de voluntad de la socialdemocracia para enfrentarse a las estructuras de poder que sostienen el orden capitalista. Esta experiencia nos deja una nueva enseñanza sobre el papel de la socialdemocracia con relación a la defensa de los derechos de la clase trabajadora y sobre su complicidad en perpetuar la represión estatal.
Conclusión
Después de nueve años de represión legalizada, la ley mordaza sigue siendo una herramienta fundamental del Estado para controlar y disciplinar a la sociedad española. La incapacidad —o más bien, la falta de voluntad— de los partidos socialdemócratas en España para derogarla pone de manifiesto la farsa de sus promesas y la incoherencia entre su discurso y su praxis política. Mientras tanto, el movimiento obrero y los sectores populares continúan sufriendo las consecuencias de esta ley represiva. Ante este panorama, solo una organización y movilización decidida y sostenida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país podrá abrir el camino hacia la derogación total de la ley mordaza y la conquista de derechos y libertades reales.