La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció el pasado 3 de octubre su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal para «dar más flexibilidad (…) que no sea estar de baja o de alta». Esta propuesta de reforma de las bajas laborales fue anunciada en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, un laboratorio de ideas financiado por los principales monopolios y organizaciones patronales de España.
A vueltas con la «flexibilidad»
La «flexibilidad» se convierte de nuevo en la justificación para introducir cambios en las relaciones laborales. La reforma laboral, impuesta en diciembre de 2023 por el ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz, buscó justificación en la necesidad de dotar de mayor «flexibilidad interna» al ordenamiento jurídico laboral. Por su parte, el ministerio encabezado por Elma Saiz basa en el mismo pretexto su propuesta de reforma de las pensiones, buscando nuevas fórmulas que permitan compatibilizar la pensión con el trabajo más allá de la edad legal de jubilación.
No hay propuesta en el ámbito laboral que no encuentre su justificación en la «flexibilidad», argumento esgrimido con verdadero entusiasmo tanto por los Gobiernos de derecha como por los socialdemócratas durante las últimas décadas sobre la base de las políticas impulsadas en el marco de la Unión Europea con el aplauso de la gran patronal.
¿Un nuevo globo sonda?
Y ese es precisamente el punto de partida que permite concluir que no se trata de un nuevo globo sonda lanzado por el Gobierno. Las políticas que llevan a cabo en el marco laboral persiguen un mismo objetivo: eliminar los derechos conquistados por el movimiento obrero a lo largo de la historia. Y hay dos formas de lograrlo. La primera, la más dura, pasaría por suprimir directamente un derecho. Pero esa vía tiene un coste y, seguramente, provocaría una respuesta en términos de movilización. La segunda, la preferida por la socialdemocracia, es debilitar progresivamente los derechos debilitando su regulación, introduciendo en el ordenamiento jurídico categorías líquidas bajo el pretexto de otorgar una mayor flexibilidad, que además suele venir acompañado argumentalmente de la necesidad de otorgar nuevos derechos a colectivos específicos. Con ello, tratan de generar división en el movimiento obrero, partiendo de esos supuestos nuevos derechos parciales, que se enfrentan al derecho real cuestionado, y de encerrar al movimiento obrero y sindical, en último caso, en la lógica del mal menor.
Por tanto, no se trata solamente de un globo sonda. Tratan de situar un nuevo objetivo, de generar un escenario de debate en el que la clase obrera se coloque de nuevo a la defensiva y en el que, por lo tanto, solo pueda negociar los términos de una nueva derrota. Y, precisamente por eso, la propuesta no se concreta, sino que se planea de forma genérica para ir desvelándose progresivamente según se presenten las condiciones.
Nuevas propuestas, viejos pretextos
Tanto la CEOE como CEPYME insisten una vez tras otra en el mantra del absentismo. ¡Ya está bien! El que un trabajador o trabajadora enfermo se encuentre de baja no es absentismo, es ejercer nuestro derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo, una de cuyas formas de ejercicio es, precisamente, el derecho a percibir la prestación por incapacidad temporal.
Del objetivo de esta cruzada patronal no se escapan los Servicios Públicos de Salud. Como todo el mundo sabe, el trabajador no se autodetermina en situación de incapacidad temporal. Dependiendo del tipo de contingencia de que se trate (accidente de trabajo, enfermedad común o profesional), serán los facultativos del correspondiente servicio de salud o de la mutua los que concedan la baja o acuerden el alta.
En este caso, lo que se pretende es debilitar el control sobre las bajas de los Servicios Públicos Sanitarios para ir ampliando progresivamente el papel de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ampliando las competencias de estas entidades privadas en el control de las bajas. Otro viejo objetivo de la patronal que está dispuesto a cumplir este Gobierno.
¿Voluntariedad? ¿En serio?
Lo cierto es que el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras las primeras reacciones a la propuesta de la ministra, ha tratado de modular su propuesta poniendo el énfasis en la «voluntariedad» de la medida para el trabajador. De ello se ha ocupado el Secretario de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, poniendo el énfasis en que se trataría de una «reincorporación gradual» y que conllevaría supervisión médica (¡no faltaría más!).
Como hemos señalado en varios artículos a lo largo de los últimos años, la distancia entre lo que declaran los políticos del sistema, lo que publica luego el BOE y lo que realmente pasa en las empresas no deja de crecer. No reconocer que son miles y miles los trabajadores que diariamente se incorporan a sus puestos de trabajo enfermos, obligados por la necesidad y el miedo a perder el puesto de trabajo, solo demuestra la hipocresía con que la socialdemocracia aborda esta cuestión. ¿Acaso no conocen las condiciones de explotación que sufre a diario la clase obrera? Claro que conocen los casos de llamadas empresariales para «preguntar cuánto va a durar tu baja» o directamente para amenazar en caso de no incorporación; claro que conocen que son muchos los trabajadores que no se pueden permitir perder tres días de salario y percibir un 60 % o un 75 % de la base reguladora en situación de incapacidad temporal. Conocen perfectamente la coerción económica a la que se somete a la clase obrera y el miedo a las consecuencias de quedar de baja, pero ese no es su problema. No gobiernan para la clase obrera, gobiernan para gestionar su explotación.
Una vida entera de esclavitud asalariada
Desde las páginas de Nuevo Rumbo hemos denunciado en numerosas ocasiones cómo van legalizando el llamado «trabajo a demanda». Seremos llamados a producir siempre que lo necesite el empresario, sin importar nuestra edad, nuestro estado de salud y, por supuesto, las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras y sus familias. Quieren demoler los derechos laborales para lograr encadenar a la clase obrera a la esclavitud asalariada de por vida. Y, además, el Gobierno socialdemócrata del PSOE y Sumar quiere hacerlo en nuestro nombre, con una política de apaciguamiento y domesticación sindical que impida resistencia obrera alguna.
Frente a estas políticas solo cabe abrir un urgente debate en el seno del movimiento obrero y sindical que permita alterar profundamente la agenda, forjar una tabla reivindicativa que ponga las necesidades de la clase obrera en el centro del debate político y organizar la movilización para conseguirlo. Nos jugamos la salud, nos jugamos la vida.