El pasado 29 de junio miles de personas salían a las calles de la capital de la Costa del Sol al grito de «Málaga para vivir, no para sobrevivir». Pretendían poner sobre la mesa cómo el turismo masivo, la especulación y el alquiler vacacional han hecho que la ciudad andaluza sea una de las que mayor subida del precio de la vivienda ha experimentado en los últimos años.
Y yo no estuve. A pesar de que, o, más bien, debido a que sufro de manera directa el problema de la vivienda en la zona, no estuve en la manifestación. Os cuento mi caso particular. Yo, al igual que otras decenas de miles de personas que viven en la Costa del Sol, debemos abandonar nuestros pisos a finales de mayo (o en mi caso a finales de junio) para volver a recuperarlos en septiembre u octubre. Los caseros obtienen suculentas ganancias en los meses de verano, en los que el precio del alquiler se puede multiplicar por cuatro. Total, que a pesar de que la reivindicación de la manifestación me afectaba directamente, no fui a la misma porque estaba sufriendo una de las múltiples aristas del problema de la vivienda en una de esas denominadas por una inútil Ley de de Vivienda «zonas tensionadas»: la obligatoriedad de mudarme de mi casa todos los años.
Pero que no os engañen mis palabras, no pretendo mostrar algún tipo de frustración personal con mi casero. Él es buena gente, estoy bastante seguro de que es una persona progresista y según dice, no quiere especular. Sin embargo, su buena o mala fe da igual, se ha visto «obligado» a subirnos el alquiler el curso que viene. Me recuerda a las palabras que dedicó John Steinbeck al banco en Las uvas de la ira: «El banco es algo más que hombres. Fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace, pero aun así el banco lo hace». Y es que las relaciones capitalistas no dependen del control de los agentes, de las acciones individuales conscientes de los hombres. En palabras de Rodrigo Rato, «es el mercado, amigo».
Esa es la situación que nos ha tocado vivir. Por hablar de mi realidad, en Málaga el precio del metro cuadrado en alquiler se sitúa en 14,2 € según el portal Idealista para el mes de mayo de 2024, un euro por encima de la media nacional. Podría no parecer tanto; sin embargo, Málaga es la séptima provincia con menor renta media neta por persona, con 10.929 € anuales. Todo esto conlleva que en Málaga una persona sola destina el 44,27 % de sus ingresos al pago del alquiler, lo que a su vez provoca un aumento de los desahucios por impago del mismo.
Aunque utilice Málaga como ejemplo, esto no es un problema exclusivo de la ciudad andaluza, sino que a lo largo y ancho del país en diversas zonas nos encontramos con situaciones similares. Especialmente acuciante es la situación en Baleares y Canarias o en Madrid y Barcelona. Pero también en lugares tan diversos como Sevilla, Cantabria, Valencia o La Rioja. Según cuenta El Economista, en España el precio de la vivienda en propiedad subió un 4 % en 2023, y un 7,4 % en 2022. Mientras, la vivienda en alquiler ha subido en nuestro país un 7,3 % en su variación interanual entre febrero de 2023 y febrero de 2024, según Fotocasa.
Se ha dado la tormenta perfecta: compra de vivienda por parte de fondos buitres para la especulación, mayor rentabilidad para los rentistas del alquiler vacacional a través de plataformas como Airbnb que del alquiler de larga duración, llegada a ciertas zonas de nuestro país de los denominados «nómadas digitales» con mayor poder adquisitivo, etc. Mientras la ciudad de Málaga pierde población por la imposibilidad de acceder a la vivienda ante su precio desbocado, casi la mitad de las viviendas compradas en el año 2023 se compraron sin hipoteca. Es decir, o las compraron familias con rentas altísimas, capaces de poner medio millón de euros a tocateja o, lo más probable, las compraron sociedades para especular o poner en alquiler turístico.
Muchas veces, los mayores aumentos se dan en zonas, como la propia Málaga o las islas, que son monocultivo turístico, conforme a la división internacional del trabajo. Y aunque la temporalidad y la precariedad no son, ni mucho menos, exclusivas del turismo y la hostelería, sí es cierto que estos sectores cuentan con un proletariado con bajo poder adquisitivo y escasa seguridad vital.
¿Y cuál es la solución que proponen los partidos del consenso capitalista? A pesar de sus diferencias, todos se sintetizan en la máxima que tan explícitamente verbalizó Ábalos cuando era ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana: aquello de «la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado». Los partidos con una pulsión más liberal defienden la autorregulación del mercado de la vivienda por medio de incentivar la oferta: facilitar la construcción de vivienda. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de esta no se construye para vivir en ella, sino para especular o para la posterior puesta en alquiler vacacional, no parece una solución plausible. El Gobierno socialdemócrata, por su parte, afirma que pretende regular el precio de la vivienda, pero su Ley de Vivienda ha sido incapaz de bajar los precios, garantizar un alquiler social o el acceso a la vivienda para las rentas más bajas y los sectores más precarios de nuestra clase. Este es el mismo Gobierno que ha decretado en diversas ocasiones la prohibición de los desahucios, mientras el pasado año se produjeron 26.659 lanzamientos. Al final, el Gobierno de España es preso de la máxima de Ábalos y siempre defenderá a caseros, inmobiliarias y bancos ya que la vivienda es, sobre todo, un bien de mercado, y si hay algo que todos los partidos del arco parlamentario defienden con vehemencia es la sacrosanta propiedad privada.
Podría decirse ahora, a raíz de este artículo, que es muy fácil criticar pero muy difícil proponer. Podría decirse que seguro que los comunistas no tenemos una solución al problema de la vivienda. Sin embargo, hace ciento cincuenta años que Engels resumió con clarividencia nuestra posición. El pensador alemán, en Contribución al problema de la vivienda, decía: «Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera “penuria de la vivienda”. Esto sólo puede lograrse, naturalmente, expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o que viven hacinados en la suya». En el fondo, no es más que la conclusión más racional de la consigna que se gritó tantas veces durante la pasada década de «ni gente sin casas, ni casas sin gente».