El pasado mes de abril, con anterioridad a la disolución del Parlamento Europeo por las próximas elecciones europeas del 6-9 de junio, se aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Con ello, se cerraba el ciclo de negociaciones en el seno de la UE que ha dado lugar al establecimiento de cinco reglamentos que regularán el PEMA en los próximos años. Su objetivo, según la propia UE, es regular cómo «compartir la gestión del asilo y los flujos migratorios entre los estados miembros y qué hacer en casos de crisis migratoria repentina». Con ello, se protocoliza la gestión de solicitudes de asilo e identificación de migrantes procedentes de las fronteras exteriores de la UE.
Ha sido bajo la actual presidencia belga del semestre del Consejo de la UE cuando se ha aprobado la normativa definitiva. Según la secretaria de Estado Belga de Asilo y Migración, Nicole de Moor, los países de la UE «están ansiosos por llevar el pacto a la siguiente fase y poner en marcha los cambios que hemos negociado durante tantos años». En sus declaraciones, destaca su modestia al referir la aprobación a las negociaciones de los últimos años. Efectivamente, la recta final de las negociaciones (la más dura e importante) se alcanzó bajo el auspicio de la Presidencia española del Consejo de la UE, liderada por nuestro Gobierno.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, desempeñando el cargo de presidente del Consejo de Ministros de Interior de la UE, mostró en su día su gratitud ante «la voluntad de acuerdo, responsabilidad y flexibilidad» que demostraron los 27 países para llegar «a un pacto trascendental que permitirá seguir construyendo una mejor Europa». Reconoció la dificultad para lograrlo, señalando que las discusiones más intensas se han dado durante el semestre de Presidencia española del Consejo. De ahí el reconocimiento de la secretaria de Estado belga a las negociaciones pasadas.
El Gobierno español, durante su Presidencia, consideró el pacto migratorio «como de primera necesidad». Por ello, según una nota de prensa del Gobierno, el equipo negociador fue clave para desbloquear el Pacto. El objetivo declarado de los cinco reglamentos debatidos desde 2020 es la protocolización de los procedimientos relativos a la «gestión» de todas las fases del asilo y migración: control de llegadas irregulares, toma de datos biométricos, procedimientos de presentación y tramitación de solicitudes de asilo, normas para la determinación del Estado responsable de cursar la solicitud, gestión de situaciones de crisis y «cooperación y solidaridad» entre Estados.
Como toda normativa de la UE, el envoltorio retórico camufla el verdadero objetivo, disolviéndose entre pomposos términos que connotan ora aséptica gestión, ora inclusión. El Pacto, en esencia, tiene por objetivo vaciar de significado el derecho de asilo, entendido como solicitud de amparo y protección ante situaciones de persecución. Sin embargo, no se queda ahí. Se pretende poner a disposición del capital la mano de obra que toca a las puertas de la UE, para ser reclamada o rechazada según interese a las patronales europeas.
Los cinco reglamentos comprenden desde la llegada de los migrantes a la frontera hasta la denegación o concesión de asilo. Calculan de unos seis a ocho meses para la primera decisión y establecen la posibilidad de rechazo en la misma llegada, lo que implicaría la deportación. Durante ese tiempo, las personas migrantes permanecerán retenidas en centros de extranjeros, medida de especial gravedad a tenor de las numerosas violaciones de derechos humanos que en ellos se suceden.
El endurecimiento de los requisitos para entrar en la UE va acompañado de deportaciones en frontera que incluyen a menores. Los migrantes aceptados serían distribuidos entre los países comunitarios, contemplando la posibilidad para aquellos países que no quieran convertirse en receptores de rechazarlos con la «penalización» de 20.000 euros por migrante. Ello generará saturación en los principales centros de detención de países entrada, como Chipre, Grecia y España.
Sin embargo, quizás la cláusula más desconcertante sea la posibilidad de suspensión de estos mismos reglamentos, entrando en situación de excepcionalidad en caso de «crisis migratorias», «fuerza mayor» o «instrumentalización», entendiendo por este último «las acciones de terceros países y agentes no estatales que faciliten las llegadas a la UE». Estos casos no acotados y deliberadamente ambiguos persiguen normalizar la excepcionalidad, permitiendo que los mismos reglamentos entren en suspensión según los intereses coyunturales. Ello significaría la posibilidad de la demora del registro de solicitantes de asilo, el incremento del tiempo de detención o las deportaciones masivas. Se crea, de facto, una normativa que subordina los derechos de las personas a las necesidades del capital que gobierna la UE, y se normaliza la excepcionalidad.
Otra de las intenciones no declaradas de este pacto es sumir a los migrantes en el desamparo legal, lo que redundará en mayor discriminación y facilitará que, al encontrarse en mayor vulnerabilidad, los empresarios puedan explotarlos por debajo de las condiciones laborales de los trabajadores nativos. Se aseguran la creación de ese «ejército industrial de reserva» del que hablaba Marx, estableciendo masas de trabajadores en paro y semiempleo con los que tender a la baja las condiciones laborales del conjunto de la clase obrera. Para ello, el acuerdo permite que los flujos de migrantes sean «repartidos» según las necesidades de explotación de fuerza de trabajo por parte del capital, posibilitando la distribución política de mano de obra en el interior de la UE.
El Pacto es la enésima demostración del carácter reaccionario de la Unión Europea, en línea con la unión de monopolios capitalistas que la conforman. A la vez que son responsables de guerras de rapiña (control de rutas comerciales, recursos, áreas de influencia y exportación de capitales), provocando masivas migraciones para escapar a la guerra y al horror, niegan el derecho al amparo en suelo europeo. El flagrante caso del compromiso de la UE con la invasión en Libia y Siria es buena muestra de ello. Estas guerras suponen millones de desplazados y miles de ahogamientos en el Mediterráneo, a la vez que violaciones continuas de derechos humanos en las fronteras de los Balcanes. La respuesta de la UE, lejos de consideración alguna por los «derechos humanos» que dice defender, no es otra que negar el asilo y establecer mecanismos para explotar la fuerza de trabajo migrante.
Paralelamente a la aprobación en el Parlamento Europeo del PEMA, en el Parlamento español se ha aceptado a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que solicita la regulación extraordinaria de inmigrantes en España. Podría interpretarse como otro caso más de hipocresía política. Por un lado, se promueve en la UE la violación del derecho al asilo, mientras en España se impulsa la regularización de migrantes. De esa manera, podría pensarse, es posible bloquear las críticas al «Gobierno progresista» que lo tachan de inhumano. Sin embargo, la cuestión va más allá. De igual forma que el PEMA permite, como hemos señalado, la distribución política de los migrantes en el interior de la UE, en tanto fuerza de trabajo para ser explotada, a nivel español ocurre lo mismo. En España se han producido otras regularizaciones que han tenido por objetivo adaptar la mano de obra a las necesidades de la patronal, pues la inmigración regular constituye una particular forma de adecuación a las necesidades empresariales, en tanto que permite la movilidad y el retorno según la conveniencia de los intereses empresariales.
De esta manera, se combina la política migratoria «dura» del Gobierno en la Presidencia española de la UE con la política «laxa» que persigue la explotación de los trabajadores que traen los flujos migratorios. Seguido a esto, en línea con la caracterización de la política de gestos del Gobierno progresista expuesta en varios artículos de este medio, se camuflan los intereses capitalistas con la supuesta defensa de los derechos humanos. Después, el circo está montado: el espectro de la extrema derecha reacciona a los «gestos progresistas» exagerando la existencia de una política de fronteras abiertas, dirigiendo su discurso xenófobo a la división de los trabajadores.
Por esto, para las y los comunistas, más allá de consideraciones morales o humanitarias (que las hay), se trata de poner en el centro la necesaria unidad de la clase obrera, nativa o extranjera, único elemento que puede organizar la ofensiva contra la patronal y sus políticas combinadas destinadas a la explotación de todos los trabajadores, independientemente de su origen.