El capitalismo europeo se encuentra ante un difícil escenario de ralentización económica. A pesar de las enormes inyecciones de dinero público durante la pandemia, en lo que representó un caso claro de transferencias de rentas del trabajo a manos privadas, hoy se hacen evidentes de nuevo sus dificultades de acumulación. Es desde la comprensión de este escenario como los comunistas debemos prepararnos para las amenazas que se ciernen sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro continente: la guerra imperialista y el aumento de la explotación.
Ambas amenazas deben entenderse conjuntamente, pues la guerra tendrá también indudables consecuencias sobre el salario, directo e indirecto, de los trabajadores y trabajadoras, además de las consecuencias directas ante el riesgo de generalización de la confrontación bélica. En lo referente a la desvalorización de la fuerza de trabajo, los monopolios europeos, a través de sus gestores políticos, buscan mejorar su productividad frente a la pérdida de competitividad ante potencias como EEUU o China. La transición digital y la estrategia de la flexiseguridad inciden en esta línea. El objetivo es claro: menos trabajadores a los que explotar más.
En el caso particular de nuestro país, los voceros del capital llevan décadas quejándose de la «rigidez » del mercado laboral español, esto es, del freno para sus necesidades de acumulación que significan las conquistas del movimiento obrero. Desde la crisis capitalista de 2008, los esfuerzos gubernamentales, a través de las distintas reformas laborales, han incidido en esta línea. El abaratamiento del coste de despido y la promoción de la temporalidad fueron las medidas más claras en este sentido. La reforma laboral del actual Gobierno socialdemócrata no se desmarcó de esta línea, pero la revistió de promoción de la «estabilidad» laboral. Además de no modificar el coste de despido, el foco se puso en una nueva tipología de contrato: el fijo discontinuo. A través de este contrato se consagra la movilidad del nuevo empleo, pues se considera a los trabajadores «fijos» a pesar de que solo trabajen durante ciclos específicos para su empleador, y se maquillan estadísticamente las cifras del paro. El modelo de la flexiseguridad permite una utilización de la mano de obra por los capitalistas perfectamente ajustada a cada coyuntura.
A esto debemos sumar que los salarios reales de los trabajadores han perdido desde la crisis de 2008 un 12’8 % de poder adquisitivo. Las subidas nominales a nivel salarial que se han ido produciendo están, por tanto, por debajo de la inflación acumulada en los últimos 14 años. En su acuerdo de investidura, sin embargo, el PSOE y Sumar acordaban vincular las próximas subidas salariales al aumento de la productividad, desvinculándolas de los índices de inflación. Este cambio supone subordinar aún más las condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras a las necesidades de acumulación de los patrones. Esto, sin entrar en la cantidad de informalidad y fraude laboral existente: en la última década, el 48 % de las horas extras realizadas por trabajadores en nuestro país no fueron remuneradas.
Este escenario supone que haya cada vez más trabajadores que no tengan garantías, ni siquiera, para reproducir su fuerza de trabajo, encontrando dificultades para acceder a productos y servicios básicos. Por ejemplo, uno de cada cinco menores de 30 años en España se encuentra en pobreza o riesgo de exclusión aun a pesar de tener un empleo.
Se hace patente, por tanto, que el aumento de la tasa de explotación, a través de diversas y variadas formas, es una realidad de la política socialdemócrata. Sin embargo, las cúpulas de las principales centrales sindicales de España colaboran activamente en la aplicación y definición de dicha política, topando o canalizando toda posibilidad de cierta generalización de la lucha sindical. La corporativización de los principales sindicatos está alcanzado nuevas cotas a través de la participación de la nueva socialdemocracia en el Gobierno, particularmente a través de su control del Ministerio de Trabajo.
Frente a esto, los comunistas reforzamos nuestra intervención en los centros de trabajo a través de la profundización y aplicación de la política del «giro obrero». Esta política de nuestro partido busca recuperar las posiciones perdidas en el movimiento obrero y sindical como consecuencia de la estrategia reformista del eurocomunismo. La intervención prioritaria en el ámbito productivo, utilizando todas las plataformas y medios disponibles para acceder a la amplia masa de asalariados, es un factor clave para permitir recomponer progresivamente las fuerzas del movimiento obrero y orientarlas hacia la combatividad clasista y el horizonte revolucionario.
Esta orientación prioritaria tiene su cobertura organizativa en la recuperación de las organizaciones de base en los núcleos productivos, y en la definición de estrategias específicas hacia los distintos sectores económicos estratégicos. La organización en el ámbito productivo garantiza la hegemonía proletaria de la acción partidaria y es un elemento clave en el proceso de «bolchevización » de los partidos comunistas. Este proceso ya va dándonos los primeros resultados en sectores como el del transporte o la enseñanza.