Insistimos: la corrupción es consustancial al capitalismo. O, mejor dicho, es intrínseca a todo modo de producción que encuentra su razón de ser en la apropiación privada de la riqueza social generada. Básicamente, porque aquello que llamamos «corrupción» no es sino una práctica de la que se sirve cierta persona, física o jurídica, para arrogarse de algo que le es ajeno, en su propio beneficio. Y sólo el Código Penal del momento determina qué clase de confiscación es ilícita y cuál no, como luego veremos. Debemos interiorizar esta premisa para comprender que el fenómeno comúnmente conocido como corrupción, que día sí y día también nos estalla en el informativo de turno, no constituye sino el non plus ultra más grosero de unas prácticas consistentes en el expolio puro y duro.
Y en ese hábito del latrocinio, nuestro país acoge sendas siglas políticas, las del resurgido bipartito, que nos presentan un palmarés que quita el hipo, y que alcanzaría para un monográfico de Nuevo Rumbo dedicado a glosar sus andanzas. Obviamente, no debemos, ni queremos, olvidar la preclara labor en la materia de esos partidos de implante territorial, quienes parecen considerar que el sublimado amor al terruño que manifiestan les da patente de corso para desvalijar el bolsillo común y derivar sus provisiones hacia sus cuentas partidarias o particulares.
Así, resulta repugnante tener que padecer la sobreactuación de los cabecillas de una parte de la bancada parlamentaria, cuando a alguno de los miembros del negociado vecino le han sorprendido en cualquiera de las múltiples formas existentes de las cuales servirse para aplicar el enésimo butrón en las arcas públicas.
Intuyo que tengo una edad más avanzada que la de buena parte de quienes leen Nuevo Rumbo, así que me limito a hacer memoria para esbozar solo alguno de los casos más sonados, que sirven para avalar mi acusación hacia estas organizaciones como corruptas y corruptoras.
Cuando el llamado caso Koldo impregna todo, y constituye una herida abierta para el Gobierno en la que el PP hurga para desgastarlo, comencemos por un breve repaso de algunas de las correrías de aquel partido que, llegado al poder, pasó de la chaqueta de pana al traje y corbata en unos años (años 80 hasta mediados de los 90) en los que, a golpe de mayoría absoluta, iba desertificando industrialmente el país o privatizando salvajemente los buques insignia del tejido productivo patrio (Seat, Enasa, Repsol, Endesa, Argentaria, Telefónica…), mientras su ilustre ministro de Economía Carlos Solchaga afirmaba sin tapujos que «España es el país europeo donde más fácil es hacerse rico». No le faltaba razón, pues quienes se hicieron a precio de saldo con las joyas de la corona económica española, literalmente, se forraron.
Por el camino, el PSOE también obtuvo jugosos dividendos a través de la creación de una trama de empresas con las que financiarse ilegalmente, y pagar los gastos acarreados de campañas electorales. Caso Filesa se llamó, y culminaría con condenas más bien leves porque, vaya por Dios, en el momento de la comisión de los hechos no estaba tipificado el delito de «financiación irregular» para los partidos políticos.
El PP aprendería bien la lección y a posteriores convocatorias electorales acudiría convenientemente «estimulado» gracias a los enjuagues entre una red de empresas pantalla y simpáticos personajes como Álvaro Pérez «el Bigotes», hoy en prisión, pero a quien el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, quería «un huevo».
Hablando de tesoreros partidarios, es cierto que la responsable del PSOE de aquellos tiempos, Aída Álvarez, terminó sentenciada por un «simple» delito de falsedad en documento mercantil en el marco del caso Ave, consistente en la financiación ilegal del partido a través del pago de comisiones por adjudicaciones del AVE Madrid-Sevilla. Pero quien sin lugar a dudas se lleva la palma, quien hubiera hecho quitarse el fedora en señal de respeto al mismísimo Meyer Lansky, es el PP y su terna de tesoreros, cuya alineación no desmerece a la de la comisión de finanzas de Lucky Luciano. Allá va: Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
El llamado caso Bárcenas constituye un paradigma de los numerosos chanchullos pergeñados en el seno de las filas del Partido Popular, que convierten a este partido en un entramado cuyas prácticas delictivas distan de ser anecdóticas o focalizadas. Sus ramificaciones se extienden a todo el territorio (Valencia, Madrid, Galicia…) y, de no ser por la tragedia que supone que sus prebostes ocupen cada cierto tiempo labores de gobierno, dirigiendo por tanto nuestras vidas, el relato superaría con creces cualquier hilarante guion berlanguiano: ordenadores destruidos a martillazos para eliminar pruebas, ministras a quienes «no constan» los coches de lujo aparcados en su garaje, personajes disfrazados de cura que asaltan la casa del extesorero popular para sustraer pruebas incriminatorias, maletines con un millón de euros escondidos en el desván de los suegros del exsecretario general del PP madrileño… Y suma y sigue, hasta el sórdido broche de los misteriosos 14 fallecimientos o suicidios (insisto, 14) de distintas personas con mayor o menor vinculación con la llamada Trama Gürtel.
El listado es tan abrumador como repugnante. Realizar una sencilla búsqueda sobre los casos de corrupción política en España en las últimas cuatro décadas proporciona un catálogo de cientos de casos, con decenas de miles de millones de euros desviados al bolsillo de particulares u organizaciones, a través de operativos directamente criminales.
Los apaños como los que acabamos de esbozar salpican, en mayor o menor medida, a toda la superestructura: Jefatura del Estado y familia; partidos políticos; poder judicial (componendas en la jurisdicción mercantil con concursos y sentencias amañadas); cúpulas sindicales (caso PSV en UGT, uso desenfrenado de tarjetas black de Caja Madrid y Bankia en CCOO)… En definitiva, los casos destapados dan a conocer, a su vez, la vida y milagros de los corrompidos, pero ¿y de los corruptores? ¿Dónde están los nombres y apellidos de aquellos cuyas manos mecen la cuna, de quienes susurran al oído de cualquier diputado, concejal o burócrata de turno cómo solventar económicamente su futuro, o engrasar convenientemente las finanzas de su partido?
Para responder estas preguntas, debemos terminar el razonamiento sobre lo indisociable del fenómeno de la corrupción en el entramado del sistema capitalista. Admitiendo que «el gobierno del estado moderno no es más que una junta que administra los negocios de la clase burguesa», dicha clase operará en consecuencia, disponiendo a su servicio de todos los resortes, legales a poder ser, ilegales si no queda otra, que salvaguarden sus privilegios. Y es que, si la burguesía ha demostrado estar dispuesta a ordenar matar para conservar su dictadura, ¿acaso la compra de voluntades para seguir afanando le presenta algún dilema ético?