Hace algo más de una década, los sucesivos casos de corrupción vinculados al Partido Popular (Gürtel, Lezo, Bárcenas, Bankia, Palma Arena, Púnica etc.), al Partido Socialista (EREs de Andalucía) o a la antigua CiU (caso del 3 %), en un contexto de profunda crisis económica cargada sobre las espaldas de la clase obrera, produjeron una oleada de indignación a los trabajadores de este país. Mientras los obreros sufrían los EREs, el paro crónico, los desahucios y los recortes en servicios sociales como sanidad y educación, decenas de políticos profesionales vinculados a empresas de sectores como el financiero o el inmobiliario amasaban ilegalmente decenas de millones de euros. Algunas de las mayores empresas de España hacían fortuna a golpe de contratos a dedo gracias a «conseguidores» del PP o el PSOE.
La indignación generalizada movilizaba a muchos sectores que hasta pocos años antes confiaban en el sistema económico y su superestructura política. Ese lógico enfado popular sería canalizado, en medio de una profunda crisis del sistema político, por opciones populistas que, en el caso de Podemos y sus confluencias, alcanzaron la confianza de más de seis millones de votantes en las elecciones de diciembre de 2015. Hoy, ese espacio político, fruto de la incapacidad de gestionar las expectativas, del cambio de condiciones históricas, de su práctica de gobierno, de las incoherencias entre su discurso y su praxis y de la toxicidad interna, se encuentra en descomposición.
En las últimas semanas hemos conocido otro caso de corrupción vinculado al partido del Gobierno, el caso Koldo. Por lo que sabemos en estos momentos, el asesor de Ábalos, anteriormente portero de club de alterne, presuntamente habría utilizado su posición de cargo de confianza del ministro de Transportes para conseguir contratos de mascarillas para la empresa Soluciones de Gestión y recibir comisiones ilegales como intermediario; a cambio, se habría hecho con 1,5 millones de euros en comisiones ilegales.
En dicha trama participarían otros personajes entre los que destacan el propietario del Zamora CF, Víctor de Aldama, y Juan Carlos Cueto, el administrador de hecho de la empresa Soluciones de Gestión. El primero, un empresario de los sectores textil e inmobiliario con negocios en Sudáfrica y Sudamérica metido a presidente de club de futbol, sería el contacto entre el ministerio de Transportes y la empresa, por lo que obtendría presuntamente 5,5 millones de euros. De Cueto podemos destacar que se encuentra previamente imputado por un contrato de venta de material militar y policial a Angola de 152 millones de euros con un sobrecoste de cien millones. Este último se haría con 9,6 millones de euros de comisión gracias a su papel de «cerebro» de la operación.
Según la narrativa de la fiscalía, la empresa Soluciones de Gestión presuntamente empleó a Koldo García para acelerar los procedimientos con el ministerio de Transportes durante la pandemia, con el objetivo de facilitar la venta de mascarillas. En concreto, se afirma que Koldo facilitó los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. La empresa firmó con la administración pública contratos por un valor superior a 53 millones de euros, cifra que destaca aún más porque en el ejercicio económico anterior Soluciones de Gestión no facturó un solo euro.
El caso Koldo encuentra similitudes con otras investigaciones sobre las mismas fechas. Durante lo peor de la pandemia, cuando en este país morían ochocientas personas todos los días en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, diversos empresarios corruptores y políticos corruptos vieron la oportunidad de hacer suculentos negocios. Mientras nuestro país se encontraba sin mascarillas o respiradores artificiales, fruto de la desindustrialización de las décadas pasadas, personajes siniestros y empresas sin actividad económica reciente se acercaban a los cargos públicos para ofrecer material sanitario, muchas veces defectuoso, a precio desorbitado o a cambio de mordidas.
Las operaciones del cargo de confianza del ministerio de Transportes recuerdan al caso de corrupción de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Estos inflaron los precios en contratos de material sanitario vendido al Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, logrando obtener 6,9 millones de dólares en comisiones de los 12 en total que pagó en total el Ayuntamiento de Almeida; material que, recordemos, fue en parte defectuoso.
También nos vienen ecos de la comisión que recibió el hermano de Ayuso por valor de 234.103,52 euros por hacer de enlace entre la Comunidad de Madrid y la empresa de su amigo Daniel Alcázar Barranco. Este último conseguiría un suculento negocio: comprar mascarillas por 540.000 euros y, como en la parábola de los panes y los peces, multiplicar por tres su valor y vender al gobierno de Ayuso las mismas mascarillas por 1.512.500 euros. Hay que recordar que ni la fiscalía europea ni la española han visto delito en esa divina operación.
Y del eco pasado a una nueva información: resulta que la pareja de Ayuso presuntamente defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Según denuncia la fiscalía de Madrid, Alberto González Amador habría realizado al menos quince facturas falsas para rebajar los beneficios extraordinarios que sus empresas habrían obtenido en los ejercicios económicos de 2020 y 2021. Las dos empresas del novio de la presidenta son sociedades sin apenas patrimonio o empleados cuya actividad económica son los servicios sanitarios y la cosmética y farmacia. Alberto González habría intentado ocultar así al fisco los beneficios extraordinarios conseguidos durante la pandemia. Con parte de ese dinero, el empresario se habría comprado el piso de lujo en el que vive con su actual pareja, Diaz Ayuso.
De cualquier forma, la opacidad de los contratos durante la crisis del Covid-19 fue la ventana de oportunidad para que empresarios corruptores de toda condición, comisionistas aventureros, políticos corruptos y otros sujetos hiciesen su agosto en ese marzo de 2020. A día de hoy probablemente solo conozcamos la punta del iceberg de lo que fue un engaño desvergonzado a todos los niveles. Mientras el proletariado de las fábricas de SEAT reconvertía las líneas de producción en fábricas de respiradores y decenas de miles de mujeres y hombres del pueblo trabajador realizaban de manera artesanal y altruista mascarillas que entregaban gratuitamente a los trabajadores esenciales, la clase dominante se dedicó a hacer aquello que mejor sabe: el escamoteo de la riqueza ajena.
Hoy, la cuestión moral que estos casos vuelven a poner en primera plana no puede ser canalizada por una izquierda a la izquierda del PSOE, o por una renovadora tendencia derechista, porque la recomposición del bipartidismo en su forma «extendida» coloca a las muletas de los principales partidos entre la espada y la pared. Pero quizás la cuestión sea descartar, ante esta nueva ola de corrupción, la hipótesis moralista, el empecinamiento en que hay «otras» formas de gestión del poder capitalista, y comenzar a plantear, mientras van saliendo diversas y más indignantes noticias sobre el enriquecimiento «ilegítimo», que todo el proceso de enriquecimiento dentro de este sistema se da sobre la explotación del trabajo ajeno, que todo enriquecimiento es, por tanto, ilegítimo, y que la llamada «corrupción» es tan coherente con las lógicas y el sentido común de esta sociedad individualista y codiciosa como una dinámica inherente a las formas de dominio, presión, cooperación y control instrumental del poder político del capital.