Hace unos meses, la aprobación de la ley de vivienda parecía que iba a solucionar definitivamente el grave problema que presenta España en esta materia, a juzgar por las declaraciones de los actores socialdemócratas que habían protagonizado las negociaciones y el acuerdo final. El PSOE, Unidas Podemos y sus socios lo concebían como un hito histórico en la democracia de nuestro país. Sin embargo, esta grandilocuencia chocaba de frente con las críticas de colectivos como la PAH o los sindicatos de inquilinos, que avisaban de los muchos agujeros que contenía la ley y de cómo comunidades autónomas que no quisieran aplicarla, propietarios e inmobiliarias seguirían teniendo la sartén por el mango y podrían esquivar la norma, y criticaban cómo para nada se protegía a inquilinos y familias trabajadoras ni se blindaba el derecho de acceso a la vivienda. En estas mismas páginas denunciábamos que, una vez más, la coalición socialdemócrata y sus socios jugaban a engañar, al relato vs. realidad.
Hoy, varios meses después, la evidencia es clara: se han venido constatando una por una todas las carencias que presentaba la ley aprobada en mayo, que no obedecían a “descuidos” o “falta de voluntad”, sino que expresaban a las claras qué intereses defendía el Gobierno de coalición. Es ya habitual el esquema de la socialdemocracia, sobre todo del espacio que representaba Unidas Podemos y que hoy ocupa Sumar, de engatusar a la población trabajadora con promesas electorales que luego, una vez en el Gobierno, incumplen sistemáticamente. En el acuerdo de Gobierno firmado el pasado octubre entre este partido y el PSOE para la nueva legislatura se viene a prometer que, ahora sí, se abordarán las cuestiones que quedaron pendientes en mayo («quedan muchos elementos pendientes y necesitamos hacer que dicha ley se cumpla», leíamos en el programa electoral de Sumar). Se imponen algunas preguntas obligadas: ¿por qué ahora sí y en mayo no? ¿Por qué ahora debemos creernos que cumplirán su palabra? ¿Por qué quedaron «muchos elementos» fuera de la ley de vivienda? ¿Y cuáles son? ¿Se abordan realmente en el acuerdo?
En primer lugar, las comunidades autónomas gobernadas por el PP manifestaron desde un primer momento y sin ambages su intención de no aplicar la ley. Recordemos que es a las comunidades a quienes compete declarar zonas tensionadas, requisito indispensable para poder regular los precios del alquiler. Y no olvidemos: aun así, lo que contempla la ley es fijar porcentajes máximos de subidas para 2024 y 2025, tras una década de aumento imparable de los precios. Pues bien, no hay ni rastro en el acuerdo de gobierno sobre cómo harán que todas las comunidades cumplan con la ley. ¿Les conviene acaso no legislar al respecto para luego poder echarle la culpa al PP en sus trifulcas parlamentarias porque sus gobiernos autonómicos no aplican la norma?
En segundo lugar, los alquileres temporales también quedan fuera del acuerdo. Cualquiera que en estos últimos meses se haya tenido que enfrentar a la desesperante tarea de buscar un alquiler, especialmente en zonas con mucha demanda, habrá visto con hartazgo cómo en los principales portales digitales se multiplicaban los anuncios de pisos destinados a alquiler temporal en detrimento de los de larga duración. Y ello por dos motivos. Uno ya venía dándose desde hace años, sobre todo en las zonas turísticas. Algunos propietarios alquilan su vivienda de septiembre a junio y en verano firman contratos quincenales o mensuales; al no existir una regulación en los precios para los alquileres temporales, el dinero que se pueden permitir cobrar por quincena o mes a quienes quieran pasar sus vacaciones veraniegas supera en un enorme porcentaje la renta mensual que imponen el resto del año. Ahora, la novedad es que, vayan a alquilar o no la vivienda en verano para obtener más beneficios, algunos propietarios han optado por los alquileres temporales influidos por la campaña mediática montada en torno al fenómeno de la ocupación. Ante el miedo de impagos por parte de sus inquilinos u otros problemas, con un contrato temporal evitan entrar en los doce meses a partir de los cuales se trataría de un alquiler de larga duración y por lo tanto se prorrogaría automáticamente de forma anual hasta un máximo de cinco años, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En tercer lugar, los pisos turísticos, que se hallan en vertiginoso crecimiento desde hace años y contribuyen a agravar el problema de la vivienda y a la gentrificación de zonas o barrios enteros en algunas de las grandes ciudades, fueron otros de los grandes ausentes en la ley de vivienda aprobada en mayo; escapaban a toda regulación. Esta vez se mencionan en el acuerdo PSOE-Sumar con el siguiente grado de profundidad, detalle y concreción en la medida: «Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas». Un brindis al sol.
¿Por qué todos estos «elementos pendientes» se quedan fuera del acuerdo de gobierno? Pregúntenle a Yolanda Díaz. No obstante, los ya mencionados no son los únicos agujeros. Capítulo aparte requieren las prácticas abusivas de las inmobiliarias. Si la obligación de que sus honorarios fuesen abonados íntegramente por los propietarios y no por los inquilinos –un histórico abuso denunciado en numerosas ocasiones– suponía prácticamente el único elemento de la ley de vivienda que podía entenderse como un beneficio para estos, la tozuda realidad del sistema capitalista se ha encargado, una vez más, de transformarlo en poco más que papel mojado. Por una parte, vienen documentándose no pocas denuncias de cómo algunas inmobiliarias se están saltando a la torera esa cláusula y siguen cobrándoles a los inquilinos el total o parte de los honorarios, e incluso así se lo trasladan, sin tapujos ni pudor, sabedoras de su impunidad. ¿Qué consecuencias iba a tener? Primero, frente al potencial inquilino que se atreve a señalarles que incurren en una ilegalidad, podrán encontrar de inmediato a otro que sí esté dispuesto a pagar los honorarios con tal de hacerse con esa vivienda, en ese casting en que se ha convertido la búsqueda de un alquiler. Segundo, ¿acaso van a recibir alguna multa? ¿Qué dispone el acuerdo de gobierno del PSOE y Sumar para sancionar a las inmobiliarias que se salten la ley y evitar estos abusos e ilegalidades? Nada de nada, como ya ocurría en la ley promulgada en mayo, algo que ya entonces fue objeto de críticas.
Pero esa no ha sido su única estratagema. Otras inmobiliarias han comenzado a jugar con un fenómeno que ya venía incrementándose: los seguros de impago del alquiler. Parecería obvio que este servicio, prestado por compañías aseguradoras a los propietarios, temerosos ante la auténtica ola de ocupaciones de segundas viviendas inventada por los grandes medios de comunicación (para gran regocijo, dicho sea de paso, de las compañías de alarmas), deben abonarlo los propietarios. Pues bien, aprovechándose del vacío legal que supone el hecho de que ni la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 ni la ley de vivienda aprobada en mayo ni ninguna otra norma contemplen nada al respecto, algunos propietarios y algunas inmobiliarias con un interés nada disimulado en que estos contraten dichos seguros están pretendiendo repercutir la mitad o incluso el total del importe del seguro al inquilino.
Por último, hemos de mencionar el parque público de vivienda, que en España representa un porcentaje ínfimo del total. Las y los comunistas denunciamos que asuma como sacrosanta la propiedad privada y, desde sectores socialdemócratas, se le pretenda contraponer como gran solución el aumento del parque público de vivienda; el problema del acceso a la vivienda no encontrará solución definitiva y duradera mientras esta continúe siendo una mercancía, sujeta por tanto a la especulación. Sin embargo, ni siquiera en estos márgenes de posibilidad del capital contiene el acuerdo PSOE-Sumar un compromiso decidido y realista para aumentar el parque público de vivienda. Ambos prometen incrementarlo y «elevar su peso hasta el 20 % [de los poquísimos objetivos concretos que vemos en todo el apartado sobre vivienda] del parque total», pero… ¿cómo se va a financiar ese objetivo o en qué plazos pretenden alcanzarlo? Ni una sola referencia en todo el texto del acuerdo.
Falta por mencionar un elemento fundamental: el contexto económico en que se enmarcan tanto la ley de vivienda aprobada en mayo y el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar como la capacidad de familias trabajadoras y jóvenes para afrontar el pago de la vivienda. Si la propia ley no blinda en absoluto el derecho de acceso a la vivienda, como hemos visto en las líneas precedentes, debemos poner este en relación con el proceso constante de empobrecimiento que viene sufriendo la clase obrera. Sin haberse recuperado aún de la profunda crisis que estalló en 2008, el repunte de los precios ha hecho que especialmente en los dos últimos años los trabajadores no hayan dejado de perder poder adquisitivo; en 2022, los gastos que derivan de la casa, los suministros básicos o la alimentación han aumentado un 30 % debido a la inflación. El precio del alquiler se ha visto incrementado en los últimos diez años en más de un 50 % de media (en algunas comunidades autónomas, por encima del 80 % o el 90 %) y el precio de compra de vivienda lleva 37 trimestres consecutivos sin dejar de aumentar, es decir, más de nueve años. En todo este tiempo, ¿cuánto han aumentado los salarios?
Si nos fijamos precisamente en el precio de compra de la vivienda y de las hipotecas, la situación también resulta insostenible para muchas familias y para la juventud. Con la subida de los tipos de interés, aquellos que tienen un préstamo a tipo variable están viendo incrementado el coste de su hipoteca en unos 3.000 € al año. Y eso, quien pueda adquirir una vivienda. La juventud arrastra ya de forma crónica el problema de la emancipación, pues entre aumentos del coste de la vivienda, desempleo y precariedad laboral ve disiparse la posibilidad de adquirir una y construir un proyecto vital. Hoy en día hacen falta 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda frente a los 2,9 años que eran necesarios en 1987, pero ya sabemos: para algunos el problema es que la juventud hoy no se priva de nada. La tasa de emancipación se sitúa ya en los 30,3 años, la más alta de las dos últimas décadas, y PSOE y Sumar incluyen en su acuerdo la innovadora y fantástica idea de conceder préstamos a través del ICO para avalar a menores de 35 años el 20 % de la hipoteca para la compra de primera vivienda. ¿A alguien le resulta familiar lo de fomentar el endeudamiento y alimentar la especulación con fondos públicos, mientras se disfraza de ayudas a la juventud?
En definitiva, nada nuevo bajo el sol, pero precisamente por ello toca insistir. Insistir en que, con la ley de vivienda, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos favoreció principalmente a los tenedores, no a los inquilinos y a las familias trabajadoras, especialmente a las más vulnerables. Insistir en que el Gobierno del PSOE y Sumar, con lo suscrito en su acuerdo en materia de vivienda, transitará la misma senda, incluso con un peor punto de partida que el acuerdo de gobierno PSOE-UP, con propuestas más descafeinadas y objetivos menos concretos, lo que llevará a que las palabras queden en letra muerta. ¿Esto es todo lo que es capaz de hacer un «Gobierno progresista»? ¿Qué es el derecho a la vivienda en la sociedad capitalista? En la pasada legislatura y en la que ahora comienza (a la luz de las medidas propuestas en el acuerdo aquí analizado), queda patente cuánto y cómo actúa sobre la vivienda todo gobierno comprometido con el desarrollo de la sociedad capitalista. Podemos afirmar sin grandilocuencia que, mientras la vivienda siga siendo un bien como cualquier otro en este sistema, es decir, una mercancía, una propiedad en manos privadas, sin planificación estatal con base en las necesidades sociales, su acceso no estará garantizado como derecho. No sirve un 20 % de parque público de vivienda. No sirve endeudar a la juventud para que pueda comprar una casa. Para que las y los jóvenes puedan emanciparse y vivir la vida que elijan, para que muchas familias dejen de verse obligadas a elegir entre pagar la hipoteca o las facturas o la comida de sus hijos e hijas, para que no haya nadie que duerma en las calles, hace falta una sociedad nueva, radicalmente distinta; no una sociedad donde unos pocos gestionan las migajas que nos dejan desde parlamentos y gobiernos capitalistas, sino una sociedad que se construye a partir de la organización en nuestros centros de trabajo y en nuestros barrios, rechazando la especulación, parando cada desahucio, tejiendo redes de solidaridad.