La investidura de Pedro Sánchez y, con ello, el comienzo del segundo capítulo del gobierno de coalición socialdemócrata se han producido en mitad de un ambiente de tensión interna y externa. Externa, por el genocidio perpetrado por el socio sionista del Gobierno en Palestina; interna, por la movilización de los sectores de la derecha y ultraderecha frente al anuncio de la Ley de Amnistía.
Lo que no ha tenido tensión alguna y ha sido miel sobre hojuelas, más allá de alguna impostada desavenencia bastante poco creíble, es el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y SUMAR, que lleva por título “España Avanza”, directamente uno de los lemas de campaña del PSOE. ¿Pero hacia dónde avanza España? El acuerdo de gobierno se puede resumir en una consigna: aumentar la productividad.
La forma de mejorar la productividad es clara: modernizar el tejido productivo a través de inyecciones de dinero a las empresas mediante los fondos Next Generation, con sus correspondientes compensaciones, y abaratar el coste del mantenimiento de la fuerza de trabajo. La conjunción de los dos elementos es también nítida: estimular los beneficios empresariales. Las 230 medidas del acuerdo gravitan en torno a esta cuestión fundamental, clave de bóveda en un momento de ralentización económica. La consigna del aumento de la productividad se liga, por tanto, a la consigna de la modernización de la economía, y esta modernización se resume en dos aspectos: transición digital y flexiseguridad.
El fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en búsqueda del aumento de la productividad lleva implícito un aumento de la tasa de explotación, es decir, que la clase obrera produzca más y reciba por ello lo mismo o menos. Es por esto por lo que el propio documento firmado por ambos partidos subraya que pondrán en marcha acuerdos para que “los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas”, es decir, que en un contexto de paulatina pérdida de poder adquisitivo las posibles mejoras estarán siempre subordinadas a los beneficios de quienes ya tienen llenos los bolsillos. La eliminación de la referencia al IPC significa apretar más los grilletes de nuestras vidas a los intereses de nuestros jefes.
Esto va acompañado del otro mecanismo esencial: la potenciación de la flexibilización de las relaciones laborales. La modernización de la forma del empleo es la promoción del uso a demanda de la mano de obra, la posibilidad legal de ajustar los gastos de los salarios a las necesidades de la producción. Ya la última reforma laboral consagraba esta orientación, y la cartera de Trabajo volverá de nuevo a las manos de Yolanda Díaz, que de manera tan ejemplar personificó el proyecto socialdemócrata de gestión. En este marco se situará la culminación del “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”.
Si bien esta legislatura estará condenada a la inestabilidad de la aritmética parlamentaria y de los cálculos e intereses del nacionalismo periférico, no parece que vaya a resultar problemática la relación entre nueva y vieja socialdemocracia. Ya se vio en campaña, y se confirma definitivamente con este acuerdo tan poco “incómodo” para el hermano mayor, que no solo toma el título, sino redactados literales del programa electoral del PSOE. El pragmatismo y la “respetabilidad” son constatación de las limitaciones del proyecto de la izquierda a la izquierda del PSOE: su misión no se anuncia ya con ninguna retórica transformadora, su letanía posibilista y mediocre es reflejo de estar completamente sujetos a las condiciones de existencia y reproducción de la sociedad capitalista, que políticamente se traduce en asumir la hoja de ruta del PSOE y asumir la hoja de ruta de la UE.
El capitalismo es un sistema cuyo fundamento es el enriquecimiento de una minoría a costa del trabajo de una mayoría. Esta dinámica esencial provoca enormes niveles de desigualdad y miseria que la socialdemocracia trata de compensar con “políticas sociales”. Esta compensación es la base sobre la que se articula el “diálogo social”, institucionalización de la paz social que de nuevo se entroniza en el acuerdo. La patronal a veces refunfuña en defensa de sus intereses inmediatos y corporativos frente a este esfuerzo paliativo, pero la socialdemocracia acaba resultando la mejor garante del devenir de la sociedad capitalista entendida globalmente, pues mantiene disciplinados a los sectores más afectados. El papel de la nueva socialdemocracia en todo esto queda reducido a insistir en el asunto de la compensación, pero su debilidad actual convierte esta insistencia más bien en una súplica ocasional e insegura.
Este papel de garante del orden de la socialdemocracia, vieja y nueva, se ha mostrado de forma carnavalesca en los días previos a la investidura, en esa fiesta de disfraces en la que la pata derecha se ha visto a sí misma llamando a la movilización en las calles y la pata izquierda a la represión y la contención. Pero si pueden cambiar de disfraces es, en esencia, porque tienen la misma talla: la de una gestión al servicio del enriquecimiento y dominio de los capitalistas, por una vía o por otra, a un ritmo o a otro, en la que el Estado usa sus mecanismos de represión para garantizar el “normal” y “pacífico” devenir de la sociedad. La socialdemocracia usa esos mecanismos hoy, como tantas veces los usó (con mucha más vehemencia) contra el movimiento obrero organizado; por eso es tan peligroso naturalizar y dignificar mecanismos y estructuras constituidas fundamentalmente frente a aquellos objetivamente interesados en combatir y superar este sistema: los trabajadores y las trabajadoras.
La derecha, por su parte, está aún recuperándose del “shock” producido por la derrota electoral. Si ya de por sí tienen una visión patrimonialista del Estado, la tienen aún más del tiempo actual de gestión del capitalismo, que exige incrementar la tasa de explotación y reducir el déficit. La vuelta a la austeridad que ya exige la UE a partir de 2024 tras la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad, y que obligará al gobierno socialdemócrata a ir retirando o limitando el impacto de muchas de sus políticas de gasto público, parecía su escenario ideal. La frustración acelera las disputas internas y los movimientos en el seno del bloque de la derecha, que riman con la radicalización de sectores de la pequeña y mediana burguesía, base social de la reacción. He aquí, de hecho, el cambio fundamental: la interiorización del momento calle, de la presión movilizadora, al servicio de las agendas de la reacción. Una estrategia habitual de la socialdemocracia que encuentra hoy un suelo social favorable (y potenciador) para el bloque liberal-conservador. En esa clave hay que leer fundamentalmente lo ocurrido en las protestas contra la Ley de Amnistía, y seguramente las claves de la futura oposición al nuevo gobierno.
La socialdemocracia se presenta, así, como el orden del bien frente al desorden que implicaría el mal. El “avanzar” del programa realmente quiere decir garantizar que no se retrocede, que se retrocede más lento o que se retrocede de manera algo menos dañina, es decir, en un contexto en que las exigencias del capital podrían concretarse políticamente en una ofensiva desenfrenada contra derechos, condiciones de vida y trabajo, la socialdemocracia intentará ser el equilibrista que asegura las exigencias a la vez que amortigua parcialmente sus consecuencias. No sin una ingente dosis de discurso del miedo y de extorsión para que este camino conservador y paralizante aparezca ante la clase trabajadora como el único viable.
Estas lógicas operan también en su política exterior. En un momento de agudización de las contradicciones y conflictos entre las distintas potencias, el Gobierno de España ha ayudado financieramente tanto a Ucrania como a Israel, ha favorecido abiertamente la promoción de conflictos bélicos, pero lo ha hecho clamando al mismo tiempo por la vía diplomática y la ayuda humanitaria. El cinismo es evidente, pero es que ese cinismo es consustancial a su proyecto.
En esta línea, el acuerdo de gobierno no solo ratifica su compromiso con estos dos aliados internacionales, sino que además sitúa una serie de elementos, dentro del marco de la UE, para mejorar la posición de España dentro de las relaciones entre potencias, dentro de la pirámide imperialista. Todo el desarrollo del tejido productivo mencionado se realizará sobre la base del acuerdo y los objetivos de la UE, de ahí la referencia al fomento de la “autonomía estratégica” (española y europea) para depender menos de terceras potencias. Esto último está íntimamente vinculado a la transición ecológica, otro de los mantras de la nueva legislatura y que permitirá la apertura de nuevos nichos de mercado para las grandes empresas.
Los baluartes progresistas del orden, que cada vez se parecen más entre sí, encaran una nueva legislatura con menos pretensiones “sociales”, dado el contexto restrictivo de las exigencias del capital y la correlación de fuerzas más favorable para el PSOE, pero asegurando la puesta a punto y la modernización del capitalismo español ante sus retos futuros. Mientras, la precariedad y la miseria de los trabajadores y las trabajadoras se hará cada vez más difícil de esconder bajo la alfombra de la retórica embellecedora y del miedo. Tarea nuestra, de la clase obrera, es que la oposición al nuevo gobierno no quede en las negras garras de la reacción. Tarea nuestra es levantar una oposición propia e independiente que se guíe, única y exclusivamente, por nuestros propios intereses.