Han pasado ya dos años desde la entrada en vigor de la “ley Rider”, impulsada desde el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y vendida por la socialdemocracia como un gran triunfo, pero ¿cuál es la realidad de los trabajadores del sector delivery?
Comencemos por el principio, analizando la base de la ley. Cuando se publicó el texto de la ley, desde el PCTE ya señalamos en un comunicado que «con este Real Decreto, no hay cambio sustantivo alguno a nivel jurídico ni procesal en cuanto al reconocimiento de la relación laboral, y los riders no cuentan con más ni menos garantías que antes de aprobarse. Las empresas ya estaban, en teoría, obligadas a contratar a los repartidores, y no se ha asegurado que a partir de ahora vaya a reforzarse la Inspección de Trabajo ni a haber medidas más exhaustivas para controlar el cumplimiento. Parece que, en lo sustantivo, va a seguir dependiendo de la capacidad de respuesta de los trabajadores el avanzar en esta batalla parcial por el reconocimiento de la laboralidad».
Al aprobarse la ley, Deliveroo y Getir dejaron de operar en España, y quedaron en nuestro país únicamente Glovo, Uber Eats y Just Eat. Además, con la aplicación de “nuevos modelos” de trabajadores autónomos como el “Free-login” se estima que el número total de riders ha pasado de unos 25.000 a más de 35.000, siendo Glovo la empresa mayoritaria con más de 15.000 trabajadores. La práctica totalidad de estos trabajadores continúan siendo falsos autónomos, mientras la empresa de las mochilas amarillas acumula impunemente más de 200 millones de euros en multas por no cumplir sentencias del Tribunal Supremo; prefieren pagar multas o recurrir sentencias judiciales porque les resulta más rentable. Hay un pequeño porcentaje de asalariados que, si bien su relación laboral ha cambiado a nivel legal, no han visto modificación sustancial alguna en sus condiciones de vida; algunos dependen de empresas de subcontratas y aquellos que están contratados directamente por las empresas grandes lo hacen bajo convenios colectivos regidos por la precariedad. Esto provoca, además, que dentro de las mismas empresas exista una división entre los trabajadores con distintos tipos de relación laboral, algo que es funcional a los intereses de los dueños de las empresas.
Entre las problemáticas principales se encuentran los cada vez más numerosos casos de cuentas alquiladas a otros trabajadores (tanto por parte de falsos autónomos como de asalariados), especialmente a migrantes en situación irregular, aprovechando que no tienen otra forma de ganarse el pan. Las asociaciones de riders denuncian que no existe formación en prevención de riesgos laborales suficiente para los trabajadores y que en muchos casos se supera el peso máximo que puede cargar por cada trabajador. No se paga igual el kilometraje según la zona y en muchas ocasiones las apps no contabilizan la distancia total recorrida, siempre menor de la que se debería abonar a los repartidores. Se acumulan las denuncias a inspección de trabajo, pero no hay capacidad para atenderlas.
Los trabajadores no aguantan más y cada vez confían menos en las promesas de quien legisla “a su favor” sin poner los medios para ello. En los últimos meses hemos visto huelgas y movilizaciones en diversos puntos: Barcelona, Algeciras, Cádiz, Palma de Mallorca, Avilés… Todas las huelgas estaban motivadas por la pérdida de poder adquisitivo no sólo por el aumento de los costes que tienen que asumir los trabajadores, sino por una disminución de los pagos que las empresas hacen a sus trabajadores (motivada por un aumento del número de trabajadores y la falta de una regulación específica de cuantías para el sector).
Todas estas movilizaciones tienen de momento un leve impacto en las condiciones laborales concretas de los riders y se dan de manera dispersa y poco unitaria, además de haber sido sistemáticamente silenciadas por los grandes medios de comunicación. Aun así, las empresas han aumentado el nivel de represión a sus trabajadores más combativos, valiéndose de artimañas que les ofrecen la tecnología y los algoritmos que regulan la organización de los trabajos. Son varios los trabajadores que denuncian que súbitamente su cuenta “deja de funcionar” en el momento en que judicializan su conflicto. Otros aseguran que tras movilizarse coinciden menos con los compañeros que han participado más activamente en las luchas. Las empresas revelan de facto que tienen la capacidad de alterar a su gusto estos mecanismos digitales con el fin de romper y desarticular al movimiento obrero organizado.
Y de esta batalla debemos aprender el conjunto de los trabajadores, puesto que son precisamente estos sectores “nuevos”, con menor tradición de organización, donde el capital articula todas las formas de represión que irá tratando de extender al resto de sectores. La individualización de las relaciones laborales en todos los sectores nos puede llevar a cada vez más casos similares a estos.
Los trabajadores del sector de reparto de comida a domicilio han iniciado el camino correcto; confiar en la socialdemocracia es abocarse a un callejón sin salida, solo nuestra lucha y la organización unitaria, consciente e independiente garantizan nuevas conquistas de derechos. Y esas conquistas deben servir como acumulación de fuerzas y como acicate para aumentar la organización, y que ello sirva de base para lograr cada vez más victorias para nuestra clase.
Adelante, compañeros, sigamos luchando hombro con hombro, clase contra clase.