El último ciclo electoral trajo a debate numerosos asuntos en Canarias. Falsos dilemas que varían dependiendo de quién los anuncie. Pudimos ver desde propuestas estelares para convertir Canarias en un «‘hub’ energético», falacias malintencionadas sobre la inmigración, hasta soluciones mágicas que llegarían tras elevar el nivel de autogobierno o tras la proclamación de una republiqueta insular.
Ahora bien, el tema estrella fue, sin duda, el turismo. Artículos sensacionalistas sobre el comportamiento de pasajeros en aviones con destino a Canarias alimentaban en redes la viabilidad de este sistema productivo para la clase obrera canaria.
Las propuestas que vienen a solucionar nuestro problema siempre vienen dadas por éste o aquél salvador político que no pide más que una confianza mesiánica por parte del pueblo. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo, durante el “gobierno del cambio”, nada ha cambiado; sino que se mantienen los problemas que, desde la consolidación del monocultivo turístico, se venían dando. Por una parte, la realidad laboral de Canarias dista mucho de los fascinantes paisajes que nos muestra la publicidad. Nos encontramos ante una altísima tasa de temporalidad (ahora maquillada por la reforma del Gobierno Central), un nivel salarial ruinoso y con escasas alternativas. Esto conduce, irremediablemente, a tener una de las tasas de paro más elevadas de España y a que ocurra lo mismo con los índices de pobreza (siendo la segunda región con la tasa de pobreza más alta de España) y exclusión social. Datos que resultan contradictorios con los últimos informes sobre el gasto turístico en Canarias que, un año más, vuelve a batir otro récord. Cabría preguntarse de qué le sirve esto al trabajador canario.
Por otra parte, la macabra especulación con un bien tan esencial como es la vivienda ha provocado un encarecimiento brutal de los precios del alquiler, haciendo que sea inaccesible para los trabajadores en muchos puntos de las islas, especialmente en las zonas de “interés turístico”. Por si fuera poco, esta exclusión se formalizó por ley en 2013 bajo el gobierno de Coalición Canaria —para beneficio de las cadenas hoteleras—, prohibiendo la residencia en ciertas zonas turísticas; situación que el gobierno socialdemócrata tampoco se ha molestado en cambiar.
El punto neurálgico de la contradicción entre las fuerzas de la coalición socialdemócrata está en la aplicación de una “ecotasa”, aspecto en el que la socialdemocracia más nueva (Podemos y Nueva Canarias) lleva tiempo insistiendo. Es una pena que, aún estando en el gobierno, no hayan podido forzar a que se aplicase; aunque, pensándolo bien, no es difícil imaginar que pocos problemas iba a solucionar esta “ecotasa”, pues ya existen regiones donde lleva tiempo aplicándose sin resultado alguno. Ahora bien, justo antes de arrancar la campaña electoral, la vieja socialdemocracia (PSOE) también decide subirse al carro de la “ecotasa”.
En la otra banda del parlamento, la “oposición” destaca por apoyar un modelo más descarnado y cortoplacista de lo que ya de por sí es la explotación de la industria turística. Si a la patronal le parece un ataque en toda regla la aplicación de una “ecotasa”, a la derecha también. Así pues, tenemos a Coalición Canaria hablando en clave sobre “turismo sostenible” para luego bramar abiertamente contra cualquier parche social que intente poner la socialdemocracia, y tratando de hacer pasar políticas beneficiosas para la patronal como “buenas para los canarios”. Los demás partidos derechistas (PP, ASG y Vox) ni siquiera se molestan en cifrar su mensaje, simplemente tratan de sugestionarnos con la máxima de que “cuantos más hoteles, más trabajo”; sin llegar a especificar nunca las condiciones de ese trabajo, claro, ni quién va a llevarse sus frutos.
La solución a esta falsa confrontación, enmarcada dentro de variopintos tejemanejes políticos, sólo pasa por romper con el sistema que los alimenta.
No nos encontramos ante un dilema que se pueda resolver con una mayor o menor intervención del Gobierno. El sistema económico y productivo es insostenible, independientemente de quién lo gestione. Los datos demuestran que las condiciones de vida de la clase obrera no es ya que no mejoren, es que no tienen la perspectiva de hacerlo. Los debates no se sitúan en cómo acabar con la explotación y la pobreza, sino en cómo gestionarla.
Es la clase obrera la que, mediante su organización en su centro de trabajo, de estudios, en su barrio, hace —de verdad— política y deja de confiar en fuerzas que no son las propias.