«Lo que hoy se entiende por penuria de la vivienda es la particular agravación de las malas condiciones de habitación de los obreros a consecuencia de la afluencia repentina de la población hacia las grandes ciudades; es el alza formidable de los alquileres, una mayor aglomeración de inquilinos en cada casa y, para algunos, la imposibilidad total de encontrar albergue».
Contribución al problema de la vivienda
Friedrich Engels, 1873
“Hoy gana la ciudadanía y pierden los fondos buitre”, “Vivienda digna por ley”, “Un acuerdo que por fin reconoce el derecho a la vivienda”. Son declaraciones de Ione Belarra, Pedro Sánchez y Oskar Matute, respectivamente. Declaraciones de distintas fuerzas socialdemócratas ante un logro “histórico” (uno más) del Gobierno de coalición: la Ley de Vivienda. Parecería, ahora sí, al fin, que se garantiza por ley el artículo 47 de la Constitución, aquel que –quizá enarquemos las cejas o riamos amargamente– reza así:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
¿Por fin podremos disfrutar todos de una vivienda digna y adecuada? ¿Por fin han legislado las instituciones para hacer efectivo ese derecho? ¿Impide esta nueva ley la especulación? Pocos ejercicios hay más elocuentes que cotejar alguno de los artículos más altisonantes de las constituciones de las democracias burguesas con la cruda realidad que vivimos y sufrimos en nuestro día a día la mayoría trabajadora; el papel lo aguanta todo. Grosso modo, y sin soslayar el hecho de que se han producido cambios en el siglo y medio transcurrido desde entonces, ¿acaso difiere mucho, en lo fundamental, la realidad descrita por Engels en 1873 del panorama que presenta la vivienda en nuestro país en 2023?
Frente a lo que están vendiendo los distintos partidos con cuyos votos se ha aprobado, esta ley no servirá para bajar el precio de los alquileres ni para evitar los desahucios. No cumple, como han criticado el movimiento contra los desahucios y los sindicatos de inquilinos –las principales responsables de que se haya impulsado una ley como esta–, con el principal cometido que se le presuponía: garantizar el derecho a la vivienda.
¿Tope al precio de los alquileres? Leamos la letra pequeña
«Por fin se pone un tope al aumento del precio de los alquileres», habrán pensado muchos, sobre todo al escuchar las grandilocuentes declaraciones del Gobierno y de las fuerzas que lo apoyan. Sería lo esperable, si PSOE y Unidas Podemos estuvieran cumpliendo lo suscrito en el acuerdo para un Gobierno de coalición, allá por diciembre de 2019: «Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado». Aunque sea tarde, agotando la legislatura… ¿lo cumplen?
En primer lugar, se deja en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre si declarar una zona como tensionada, requisito necesario para regular los precios de los alquileres. La mayoría, ahora gobernadas por el PP y en algunos casos quizá con la extrema derecha de Vox, no solicitarán dichas declaraciones. Algunos no ocultan qué intereses de clase representan y defienden. El poder autonómico que ha recobrado el PP y lo que pase en las elecciones generales en julio sumen a la ley en la incertidumbre. Aun así, analicemos qué cabe esperar en caso de que llegue a aplicarse.
En las zonas tensionadas, ¿se toparían realmente los precios? ¿Y qué pasa con las zonas no tensionadas? ¿Y con los elevados alquileres de contratos ahora mismo vigentes? Nada cambiará; la ley sólo aborda qué ocurre con los nuevos contratos que se firmen. Pero es que tampoco en los nuevos contratos se obliga a reducir o congelar los precios; de hecho, incluso se sigue permitiendo subidas. En el caso de pequeños propietarios, hasta un 10 % al renovar el contrato si se ha realizado algún tipo de mejora o rehabilitación en la vivienda (una definición lo bastante vaga como para que pueda justificarse cualquier minúsculo cambio), además de que podrían aumentar el precio en cualquier caso un 2 % en 2023, un 3 % en 2024 y una cifra aún sin definir a partir de 2025. En el caso de grandes tenedores, el precio no podrá exceder una media que vendrá determinada por un índice de referencia para cuya definición la ley fija un plazo de nada menos que 18 meses.
Para no perder de vista de dónde venimos, un dato: en la última década, el precio del alquiler ha subido de media un 51,4 % –un 97,9 % en Baleares, un 86,3 % en la Comunidad Valenciana, un 68,3 % en Cataluña o un 61,8 % en Madrid– y los salarios tan solo han aumentado un 3,4 %. La clase obrera se empobrece cada vez más, al cargarse en sus hombros el coste de la crisis económica, pese a lo que afirman algunos. Familias trabajadoras, jóvenes y migrantes son quienes más sufren estos incrementos. Casi la mitad de la población que alquila –un 48,9 %– se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Por último, y no por ello menos sangrante, la ley no regula los pisos turísticos ni los alquileres de temporada, ambos en claro crecimiento desde hace años. Los pisos turísticos directamente ni se mencionan, y el Gobierno deja su regulación en manos de las Comunidades Autónomas. Los alquileres de temporada quedan exentos de las limitaciones de precios incluso aunque se hallen en una zona declarada tensionada; un ‘agujero’ del que podrán valerse los propietarios para seguir subiendo los precios. Añadamos a todo esto el hecho de que la ley no contempla ningún tipo de medidas sancionadoras para aquellos caseros que se salten la normativa.
En resumidas cuentas, el Gobierno protege a grandes tenedores y ciertas capas de la población propietarias antes que garantizar el derecho a una vivienda de la inmensa mayoría. Una vez más, ¿los intereses de qué clases defiende el Gobierno? ¿De verdad “gana la ciudadanía y pierden los fondos buitre”?
Los desahucios: continúa la cotidianeidad capitalista
En cuanto a los desahucios, ¿acaba esta ley con una de las violencias más extremas que perpetra a diario el Estado burgués contra la clase obrera? Se prohíben los desahucios abiertos, sin fecha ni hora predeterminada; una pequeña conquista del movimiento antidesahucios. Sin embargo, se sigue permitiendo desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional; lo único que hace la ley es alargar y dilatar el proceso para las familias, pero ni mucho menos impide el desahucio. En el acuerdo para el Gobierno de coalición, las fuerzas “progresistas” firmaban lo siguiente: «Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad». Una vez más, incumplen sus promesas.
Mencionemos las cifras de desahucios en los últimos años: 54.000 en 2019; 29.406 en 2020; 41.000 en 2021; y 38.266 en 2022. El cómputo total (162.672) y, sobre todo, la cifra diaria dan mejor cuenta de la magnitud del problema: de media, se vienen produciendo más de 110 desahucios cada día.
La significativa reducción de 2020 se debió a la moratoria impulsada por el Gobierno tras estallar la pandemia (que vendió como “escudo social”) y, principalmente, a la paralización de la actividad de los juzgados, encargados de ejecutar los desahucios. Pero el problema de fondo a día de hoy persiste, y no es otro que las dificultades económicas de las familias trabajadoras. En 2022, más del 90 % de los desahucios se debió a incumplimientos en los pagos: más de un 70 % (28.000 casos) por impagos del alquiler y un 22 % por no poder pagar la hipoteca.
Aun así, ¿fue realmente la moratoria de 2020 un “escudo social” para las capas más vulnerables? ¿O, si atendemos al papel histórico de la socialdemocracia, puede concebirse como una forma de evitar el estallido social que habría podido conllevar el desahuciar a miles de familias que sufrieron despidos, ERTEs y la consecuente falta de ingresos en los peores meses de la pandemia? Es más, si la moratoria es realmente un “escudo social” y este Gobierno está gobernando para la gente, ¿por qué no la convierten en ley ahora, si persiste el mismo problema que existía entonces? ¿Ahora ya puede continuar la “normalidad” democrática y cotidiana de no tocar los beneficios de los rentistas aun a costa de dejar a la gente sin hogar? ¿Dónde queda el artículo 47?
Por último, si hablamos de derecho a la vivienda, la forma más cruda y violenta en que lo pisotea el capitalismo se expresa en las personas sin hogar, que en España ascienden a al menos 28.500 (personas que han recurrido a centros del sistema de atención, por lo que la cifra no refleja la cantidad total); se trata de una subida del 25 % respecto a 2012. El 49,9 % es población extranjera: la promesa de una vida mejor con la que mucha gente llega a nuestro país se ve rota. Una promesa también traicionada por parte de PSOE y UP, que en su acuerdo se conminaban a aprobar «una estrategia que aborde la problemática del sinhogarismo de forma integral desde el enfoque de derechos».
“Derecho” a la vivienda: papel mojado en el capitalismo
Dibujado este preocupante cuadro, ¿qué conclusiones podemos extraer? Lo primero, debemos incidir en que esta ley no cumple siquiera mínimamente sus cometidos, que hace aguas incluso en sus pretensiones más básicas. Qué decir, por un lado, de quienes afirman que gana la ciudadanía frente a los fondos buitre o que se garantiza una vivienda digna. Ante los triunfalismos, debemos insistir: no, con esta ley, la vivienda no deja de ser una mercancía y de estar sujeta a la especulación, y no se garantiza que sea un derecho para todos. Qué decir, por otro lado, de quienes representan el programa de máximos de la burguesía y disparatadamente sostienen que esta ley es un “chollo para los okupas”, contribuyendo a alimentar esa alarma social infundada que están queriendo generar algunos medios de comunicación y que marida muy bien con los elementos fascistas que pueblan las “empresas” desokupas y pretenden amedrentar y acosar a los más vulnerables.
La realidad de la mayoría trabajadora discurre por un lado y los relatos de quienes gestionan el capitalismo, por otro. En el fondo, tras el ruido y las tergiversaciones de unos y otros, debemos situar esta ley en el marco general del capitalismo y sus tendencias y relacionarla con las fuerzas socialdemócratas que la han impulsado. Así, podremos extraer valiosas lecciones: sobre los márgenes de posibilidad del capital, sobre la plena aceptación de estos por parte de la socialdemocracia y sobre las tareas políticas y organizativas que la clase obrera debemos afrontar si queremos empezar a acabar con el carácter mercantil que tiene la vivienda en nuestra sociedad.
Pese a lo que gritan desde sectores liberales y reaccionarios, con esta ley el Gobierno apuntala la vivienda como bien de mercado, por encima del derecho a la vivienda; sólo en algunos aspectos donde existía cierto margen incorpora ínfimos parches que no modificarán sustancialmente el estado de cosas actual. El carácter mercantil de la vivienda no entra a debate; la especulación de bancos y fondos buitre y los ingresos de ciertas capas propietarias de inmuebles no se tocan. También el PSOE y la nueva socialdemocracia saben bien qué intereses representan y defienden, pese a que hablen de “avance social sin precedentes”, en palabras de Ione Belarra.
Frente a la defensa por parte de unos y otros de la vivienda como bien de mercado, urge dar pasos en lo inmediato: reforzar sin demora el movimiento contra los desahucios y organizarnos para exigir y lograr bajadas de los precios de los alquileres, así como subidas salariales. Urge convertir nuestros barrios obreros en trincheras de solidaridad y generación de nuevas formas de relacionarnos y ver el mundo, donde sea socialmente inadmisible que se pueda jugar con la vivienda para obtener rentabilidad, donde se garantice de forma colectiva y por la vía de los hechos el derecho a una vivienda digna, donde no se tolere ni un solo desahucio ni un solo corte de suministros a familias en dificultades.
Mirando al futuro, cabe vincular esta ley con el horizonte al que queremos llegar. En el preámbulo leemos que «la vivienda constituye, ante todo, un pilar central del bienestar social en cuanto lugar de desarrollo de la vida privada y familiar». Sin embargo, en el capitalismo, de forma cada vez más acusada, con la tendencia actual del trabajo a demanda y la flexibilización de la mano de obra, la vivienda constituye, en realidad, el dormitorio donde la clase obrera repone sus fuerzas para volver a estar en disposición de vender su fuerza de trabajo al día siguiente. Será en la sociedad socialista-comunista donde realmente la vivienda pase a ser el lugar en el que todos podamos desarrollar el proyecto de vida que queramos: en viviendas adecuadas, con el espacio y la habitabilidad necesarias, a precios asequibles, en entornos saludables, aboliendo la división ciudad-campo… Será en el socialismo-comunismo donde acabaremos con el sinsentido de tener «gente sin casas y casas sin gente» (3,4 millones de viviendas vacías según el último censo, de 2011).
¿Y cómo lograr una transformación de semejante calado? Palabras de Engels, de nuevo, pueden arrojarnos algo de luz, pues las tareas para la clase obrera en 2023 no difieren demasiado de las que tenía en 1873: «Y tan pronto como el proletariado conquiste el poder político, esta medida, impuesta por los intereses del bien público, será de tan fácil ejecución como lo son hoy las otras expropiaciones y las requisas de viviendas que lleva a cabo el Estado actual». Hoy, desahucios; mañana, expropiaciones. Un cambio radical en la cotidianeidad, en la “normalidad”, porque el sentido común es el sentido común de la clase dominante, y la clase obrera ha de saber que, por supuesto, puede dejar de ser clase explotada y conquistar el poder político para poder construir, en alianza con el resto de sectores explotados, una sociedad donde la vivienda sea, esta vez de verdad, un derecho incuestionable garantizado para toda la población.