El coste de la vivienda, pese a ser un elemento básico para la reproducción de la propia vida y estar reconocido formalmente como un derecho en el ordenamiento jurídico español, ha alcanzado niveles inasumibles para cada vez más sectores de la clase obrera y el pueblo trabajador, especialmente en grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao. Hoy acceder a una vivienda implica destinar casi la totalidad del salario al pago del alquiler o de la hipoteca, lo que obliga a cada vez más gente a compartir vivienda -habitualmente con personas desconocidas con las que no existe un lazo afectivo previo- o impide la emancipación de las generaciones jóvenes, que ven truncado el desarrollo de sus proyectos vitales.
En este punto las distintas fuerzas políticas lanzan diferentes propuestas destinadas a paliar las consecuencias sociales que derivan de este problema, propuestas que esencialmente se dividen en dos: aquellas destinadas subvencionar con dinero público parte del coste del acceso a la vivienda y las que pretenden introducir en el mercado viviendas a un precio menor. Ninguna de estas propuestas, puestas en marcha en diferentes puntos del país, ha supuesto solución alguna, ya que no actúan sobre la raíz del problema.
La propuesta comunista es clara y radicalmente diferente: si el derecho a la vivienda digna es incompatible con que la vivienda sea una mercancía, la vivienda debe dejar de ser una mercancía. La especulación y el negocio de unos pocos no puede seguir impidiendo el desarrollo de la vida de la mayoría trabajadora. La garantía de que toda la población puede acceder a una vivienda donde desarrollar su vida pasa necesariamente por acabar con todos los especuladores, rentistas y parásitos. Mientras esto no suceda todo intento de resolver una contradicción irresoluble entre sus beneficios y nuestros derechos estará condenada al fracaso.