En las últimas semanas se ha producido en España la aprobación de la reforma de las pensiones por la vía rápida, tan recurrente hoy en todos los países de la Unión Europea, del ‘decretazo’. Así, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo deja sellada la modificación, de la misma forma que, en la vecina Francia, el Presidente Emmanuel Macron invoca el artículo 49.3 de la Constitución francesa para recurrir a parecido mecanismo.
Pero, ¿por qué tanta prisa? La respuesta es sencilla: desde el año 2018 viene gestándose una nueva crisis capitalista, tal y como apuntan desde entonces todos los indicadores macroeconómicos. Las consecuencias de su precuela se han juntado con los efectos devastadores en la economía de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania, pero no pueden siquiera anticipar lo que todavía está por venir. Los gobiernos capitalistas, pues, se están dedicando con saña a gastar dinero público para mantener vivo el cadáver agonizante de la economía capitalista por la vía de las ayudas a la producción y de la subvención del consumo.
Todo tiene un límite, también el gasto público, y más en un contexto en el que la deuda de los Estados se ha disparado a niveles históricos sin precedentes, pero los gobernantes de nuestros países están dispuestos a estirar el chicle hasta lo inimaginable con la esperanza de alargar el ciclo de crecimiento capitalista hasta que se hayan tomado las oportunas medidas, sociales y represivas, para afrontar la nueva oleada de movilizaciones de masas que el pleno estallido de una crisis capitalista podría traer.
La Unión Europea, fiel representante de los monopolios de los distintos países europeos, se apresta a socorrer esta carrera hacia el abismo con los Fondos Next Generation. Pero eso sí: su concesión va supeditada a la ejecución inexorable de todas y cada una de las reformas económicas, sociales y represivas que los capitalistas necesitan para afrontar la crisis económica. Los términos son innegociables y así se lo volvía a advertir la Comisión Europea a nuestro Gobierno en recientes declaraciones y en las reuniones que mantuvieron el 26 de enero y el 20 de febrero.
Sabiendo que la reforma del sistema de las pensiones consta entre las tareas que la Comisión Europea ha impuesto al Gobierno español como condición para seguir recibiendo fondos europeos, no es de extrañar que el Ministro Escrivá se haya apresurado a cerrar el trato con las cúpulas de los principales sindicatos del país y con diversas fuerzas parlamentarias. En Francia, aunque la vía de ataque incida en cuestiones distintas, se ha seguido idéntico procedimiento, aunque lo visible de la reforma aprobada en París ha boicoteado cualquier posibilidad de pacto a puerta cerrada con los sindicatos, pues amenazaba con socavar profundamente sus mismas bases de afiliados y de apoyo social.
Pero vayamos paso a paso. Siendo conscientes de que los límites impuestos por la extensión de este artículo no permiten profundizar mucho en la cuestión, sí se hace necesario repasar sumariamente cuál ha sido la actitud histórica de los Estados capitalistas, y en particular España y la vecina Francia, hacia la cuestión del sistema público de pensiones.
La existencia de un sistema público de pensiones en los dos países no es algo nuevo y se remonta, de hecho, a más de un siglo atrás. Lejos de responder al humanitarismo de nuestros gobernantes, es el resultado de la necesidad de los capitalistas de mantener un cierto clima de paz social en contextos de ebullición en las protestas de masas. No es casualidad que el primer sistema de pensiones conocido fuese implantado en la Alemania de Otto Von Bismarck, en el siglo XIX, en un contexto en el que este país se estaba convirtiendo en el eje de las luchas de masas en el continente europeo, como bien señalaban en su momento tanto Marx como Lenin. No es tampoco casualidad que el primer sistema de protección para los jubilados en España que se conoce se remonte al año 1919, en pleno trienio bolchevique, en los años inmediatamente posteriores a la Revolución de Octubre y cuando se estaban gestando las condiciones para la separación de los sectores favorables a la III Internacional dentro de las grandes organizaciones obreras del momento.
Con el tiempo, tanto en España como en Francia, los capitalistas han mantenido los sistemas de pensiones en múltiples formas pero con la misma intencionalidad básica anteriormente reseñada, muy lejos de preocuparse por la calidad de vida de los trabajadores que ya no sirven a las necesidades de la producción capitalista. En nuestro país, la columna vertebral de nuestro sistema de pensiones tal cual lo tenemos hoy es resultado de la legislación franquista, nada sospechosa de defender los intereses de los trabajadores: el primer antecedente, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI); más adelante, la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) y la Ley General de la Seguridad Social (1966).
El franquismo introdujo un criterio para la financiación de las pensiones que se ha mantenido intocable, a pesar de las diversas modificaciones, hasta el momento actual, y es que los trabajadores ya no sólo sostenemos con nuestro trabajo las pensiones de manera indirecta, a través de la plusvalía que nos roban los empresarios y sus posteriores aportaciones a nuestras pensiones, sino también directa, de nuestro salario. Y, a pesar de que la propaganda oficial afirme y vuelva a afirmar, en abstracto, que los empresarios aportan más que nosotros a las pensiones, lo cierto es que el trabajo que nosotros tenemos que ceder es la base de todo. Generamos toda la riqueza, el empresario nos la roba y nos deja una mísera parte; el Estado capitalista nos quita otro tanto vía impuestos mientras los empresarios aportan cantidades ínfimas, en términos relativos, y luego las pensiones de nuestros coetáneos se pagan enteramente con nuestro salario y nuestra plusvalía.
Los sistemas de pensiones europeos, aún siendo sostenidos enteramente por la riqueza generada por la clase obrera, fueron generosamente apuntalados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en el contexto de la competencia de los países capitalistas con los países socialistas. Esta tendencia cambia rápidamente en los años 80 y, sobre todo, 90 y 2000 con múltiples ataques al sistema que se han ido produciendo de manera escalonada, algunos más agresivos y otros más sutiles pero todos en la misma dirección.
En España, el Partido Socialista aprueba en 1985 el cambio del cómputo de las pensiones de 2 años a 8. En 1995 se incorpora a las cúpulas de los grandes sindicatos al proceso de destrucción de nuestro sistema de pensiones con los Pactos de Toledo, que resultaron en un documento aprobado en el Congreso de los Diputados el 6 de abril de ese año. La Ley 24/1997, de 15 de julio, en el primer Gobierno de Aznar, vuelve a aumentar el cómputo, esta vez a 15 años. La Ley 35/2002, de 12 de julio, ampliamente difundida y apoyada por las cúpulas sindicales, “incentiva” la jubilación más allá de los 65 años.
Otra vuelta de tuerca. El “Acuerdo para el desarrollo y la mejora del sistema de protección social” del 9 de abril de 2011 consolida, otra vez con el Partido Socialista en el Gobierno, la complicidad de las cúpulas sindicales en el ataque a nuestro sistema de pensiones. Se abren las puertas a la jubilación flexible.
Poco después, el Gobierno de Zapatero promueve la Ley 27/2011, de 1 de agosto con un ataque profundamente dañino a nuestros intereses al incrementar de nuevo el cómputo para el cálculo de las pensiones, pero esta vez de forma brutal: de 15 a 25 años. Tal es la magnitud del golpe que, esta vez sí, encuentra una cierta respuesta sindical, de manera parecida a como está ocurriendo hoy en Francia. Ni tan siquiera la aristocracia obrera puede permitirse el lujo de mantener paralizado al movimiento obrero ante sacudidas de este calibre. La misma Ley 27/2011 aumentaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
El posterior Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, intentaría otra jugada, aventurera por sus dimensiones: desligar el cálculo de revalorización de las pensiones del IPC e introducir un criterio de sostenibilidad presupuestaria. En la práctica suponía empobrecer terriblemente a los pensionistas. La falta de conexión del Partido Popular con las cúpulas del movimiento sindical, a diferencia de lo que sucedía con el ejecutivo anterior, llevó en la práctica a una parálisis de estas medidas, aún aprobadas, hasta su posterior derogación años después.
En Francia, contrariamente a lo que sostiene el ideario popular, el proceso es muy parecido, incluso más acelerado si cabe en algunas cuestiones. Unos pocos apuntes rápidos: Édouard Balladur aumenta en 1993 los años totales de cotización indispensables para tener la pensión completa de 37,5 a 40. En 2003, François Fillon extiende la medida a los funcionarios públicos. En 2010 se aumenta la edad de jubilación de los 60 a los 62 años.
A modo comparativo: en Francia, hoy, se requieren 40 años cotizados para tener la pensión completa y Macron pretende aumentarlo a 44 años. En España son todavía 38, aunque aumentando incesantemente. No es oro todo lo que reluce y, por desgracia, nuestros hermanos de clase en Francia no están en una buena situación tampoco.
¿Por qué, se preguntarán quizá algunos a estas alturas, la reforma de las pensiones que se ha producido prácticamente de manera simultánea en España y en Francia ha espoleado en esta última una oleada de protestas sin precedente reciente mientras que en nuestro país reina el silencio más absoluto?
Las causas son múltiples.
Por un lado, los representantes de los capitalistas españoles han sido muy rápidos al hacer los deberes y ya acometieron agresivas reformas en 2011, con el Partido Socialista en el Gobierno, y en 2013, con el Partido Popular, aunque esta última parcialmente retirada a posteriori. En algunos de los aspectos más sensibles estamos ya en condiciones mucho peores que los trabajadores franceses, así por ejemplo en la edad de jubilación, por lo que las exigencias de la Comisión Europea son distintas.
El número total de años cotizados que se requiere para acceder a la pensión completa es distinto en España y Francia, aunque no están tan lejos, siendo 38 y 40 respectivamente en la actualidad, cambiando ahora a 44 en Francia con la reciente reforma. Los años que computan para el cálculo de la pensión son los últimos 25 en ambos países. Pero la edad de jubilación son los 67 en España, mientras que en Francia todavía está en 62, ahora ya 64 con la reforma operada por Macron.
Por otro lado, la oleada de movilizaciones obreras que trajo la reforma del 2011, aún con el Partido Socialista en el Gobierno, y el escepticismo generalizado hacia los bárbaros ataques al poder adquisitivo de los pensionistas por parte de la reforma del 2013 han generado cierta cautela en nuestros gobernantes. Siguen los ataques, la dirección es clara, pero la estrategia es velada.
Es velada pero está ahí para quien quiera verla. El reciente Decreto-ley que modifica nuestro sistema de pensiones introduce un cambio en el cómputo de las pensiones, que pasará ahora a ser dual: el trabajador podrá elegir computar sus últimos 25 años trabajados o los últimos 29, descartando los 2 peores. Pero cuidado, porque lo que hoy es opcional, mañana es obligatorio. En concreto, a partir de 2044 todos deberemos atenernos al cómputo de 29 años.
Al mismo tiempo que el Gobierno y sus altavoces mediáticos se vanaglorian por haber “salvado”, supuestamente, la sostenibilidad del sistema de pensiones incrementando de manera nimia, en términos relativos, las aportaciones de los empresarios y de los asalariados con mayor poder adquisitivo, sigue sonando de fondo el run-run que impugna el sistema de pensiones en su totalidad. Dicen que los trabajadores españoles vivimos demasiado, no tenemos hijos, emigramos. Pero nadie reflexiona públicamente sobre por qué no es malo vivir más, por qué no podemos tener hijos, por qué emigramos (entre 2009 y 2013, la tasa de migración española era negativa: había más obreros que salían de nuestro país que los que entraban, triste tragedia en un país instalado en la tragedia constante).
En Francia, en España y en todos los países de la Unión Europea el camino es claro, está acordado, está trazado y los capitalistas no van a dar vuelta atrás: van a seguir aplicando reforma tras reforma hasta hacer que el sistema de pensiones público sea incompatible con nuestra propia supervivencia, obligándonos eventualmente a contratar planes de pensiones privados a quiénes podamos hacerlo y dejando morir por el camino a quiénes no. Algunas veces se hará de forma más velada y generarán, con la complicidad de sus infiltrados en el movimiento obrero y sindical, menos respuesta; otras veces sucederá lo contrario. En este sentido, no hay diferencias sustanciales entre España y Francia. No hay diferencias sustanciales entre Sánchez y Macron, ni entre los problemas fundamentales del movimiento obrero y sindical español y francés. Como telón de fondo: una agresión sistemática, multifacética, contra nuestras condiciones de existencia y contra nuestra existencia misma en nombre de la obtención de beneficios. La cuestión es, ¿hasta cuándo aguantaremos?